Decreto 3/2021, de 13 de enero, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático de Extremadura, y se regula su organización, composición y funcionamiento
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOE número 11 de 19 de enero de 2021
Palabras clave: Cambio climático. Desarrollo sostenible. Naciones Unidas. Calentamiento global.
Resumen:
El cambio climático se ha convertido en el mayor reto al que se enfrenta actualmente la humanidad. Los sucesivos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas alertan sobre el progresivo calentamiento global del planeta vinculándolo directamente con las emisiones de gases de efecto invernadero, esto es, con la actividad humana.
Ya son palpables las evidencias y consecuencias de este calentamiento con condiciones meteorológicas más extremas y con impactos directos en los ecosistemas, la salud humana y el bienestar, por lo que se revela como ineludible arbitrar actuaciones para limitarlo que conllevan cambios importantes principalmente en los sistemas productivos y en los hábitos de consumo. Esta imprescindible adaptación supone, no obstante, una oportunidad de innovación y de crecimiento.
En esta línea, la Unión Europea ha sido una abanderada internacional en la lucha contra el cambio climático, facilitando y promoviendo acuerdos internacionales claves como el primer y segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París.
La Comisión Europea actualizó el 28 de noviembre de 2018 su visión estratégica a largo plazo (“Un planeta limpio para todos” COM (2018) 773 final), a fin de que la Unión Europea alcance una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050. Este objetivo se ha visto reforzado con la reciente comunicación “El Pacto Verde Europeo” COM (2019) 640 final, que articula una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado, del uso de los recursos.
De forma paralela y complementaria, el Gobierno de España aprobó a comienzos de 2019 el Marco Estratégico de Energía y Clima, donde se incluye la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que definen un proceso estable y certero para la descarbonización de la economía española y una hoja de ruta eficiente para la próxima década, diseñada en coherencia con la neutralidad de emisiones a la que aspira en 2050.
Por su parte, Extremadura dispone de un marco natural de gran riqueza y biodiversidad que es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático por lo que existe una clara conciencia regional de que las actuaciones que se desarrollen hoy son decisivas para garantizar una región sostenible para todos, tanto ahora como en el futuro. Por todo ello, la Junta de Extremadura consciente de los efectos negativos que el cambio climático tienen en ámbitos como la naturaleza, la economía o la salud considera necesario incidir en las políticas proactivas enfocadas a la reducción de los riesgos derivados del cambio climático en los sistemas naturales, las actividades productivas y la población, reforzando las actuaciones que, de acuerdo con sus competencias, lleva años desarrollando frente a este preocupante fenómeno.
Así en el artículo 7.7. Principios rectores de los poderes públicos extremeños, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, se establece que los poderes públicos extremeños perseguirán un modelo de desarrollo sostenible y cuidarán de la preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad de la región, con especial atención a sus ecosistemas característicos, como la dehesa. Asimismo, sus políticas contribuirán proporcionadamente a los objetivos establecidos en los acuerdos internacionales sobre lucha contra el cambio climático.
De forma añadida, el artículo 9. Competencias exclusivas, establece que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las políticas y normas adicionales y complementarias de las del Estado en materia de protección medioambiental y lucha contra el cambio climático. Regulación de los espacios naturales protegidos propios y adopción de medidas para su protección y puesta en valor. Mantenimiento, conservación y mejora de la dehesa.
El objetivo de desarrollo sostenible que mandata el Estatuto de Autonomía de Extremadura es una de las prioridades de la Junta de Extremadura por lo que la lucha integral y transversal contra el cambio climático y los efectos socioeconómicos y medioambientales que provoca en la economía y el territorio extremeños precisa de una estructura de colaboración entre las distintas áreas de políticas públicas autonómicas con el fin de conseguir coherencia, eficacia y eficiencia en la consecución del referido objetivo.
Por todo ello, reconociendo el nivel creciente de compromiso y responsabilidad regional en materia de mitigación y de adaptación al cambio climático y en solidaridad con los esfuerzos nacionales, europeos y mundiales, la Junta de Extremadura se ha comprometido a la elaboración de un Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
Dentro este contexto se considera necesaria la creación de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático de Extremadura con el objetivo de coordinar a los principales agentes de la administración regional para mejorar la eficacia del conjunto de políticas en materia de la lucha contra el cambio climático.
El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma atribuye a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad las competencias en materia de conservación de la naturaleza y áreas protegidas y evaluación y protección ambiental anteriormente ejercidas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
En particular, el Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad atribuye, entre otras, a la Dirección General de Sostenibilidad las funciones de promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación, ejecución, vigilancia y control en materia de medio ambiente, especialmente, conservación de la naturaleza, áreas protegidas, prevención ambiental, calidad ambiental y cambio climático; así como las de análisis y promoción de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, y las de control y seguimiento de los proyectos o actividades dentro del marco de los protocolos y convenios internacionales.
El presente decreto se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Se recogen con especial atención los principios de la ley autonómica recogidos en los artículos 3, sobre principios generales; 5, de disposiciones generales; 6, de Administración de la Comunidad Autónoma; 21, de transversalidad de género; 22, de desarrollo del principio de interseccionalidad; 27, de lenguaje e imagen no sexista; 29, de representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados; y 69, de medio ambiente.
Entrada en vigor: El 20 de enero de 2021.
