ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS:
Espacios naturales protegidos:
PIZARRO NEVADO, Rafael. “Crónica de jurisprudencia: recursos naturales, Directiva Hábitats: tipos de espacios protegidos, procedimiento de declaración, medidas preventivas de protección”. Revista General de Derecho Administrativo, n. 25, 2010
Evaluación de impacto ambiental:
LAZCANO BROTONS, Iñigo. “Planes parciales y evaluación conjunta de impacto ambiental”. Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, n. 86, 2010, pp. 101-138
MARINIELLO, Maria Luce. “La valutazione di Impatto Ambientale come strumento di better regulation ed i problemi applicativi nell’ordinamento italiano”. Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 1, 2010, pp. 339-354
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Eduardo Calvo Roja)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1862/2011
Temas Clave: Clasificación del suelo; suelo no urbanizable de especial protección; potestad discrecional; protección de valores naturales
Resumen:
El Tribunal se pronuncia en esta ocasión sobre la validez de la Resolución del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón de 13 de junio de 2001 de probación definitiva del Proyecto de Revisión del Plan General de de Ordenación Urbana de Zaragoza, tras la desestimación en la instancia del recurso contencioso-administrativo planteado contra la mencionada Resolución, siendo partes recurridas tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza. En esencia, se discute la clasificación y calificación de determinadas fincas ubicadas en paraje que el nuevo PGOU clasifica como suelo no urbanizable de especial protección, en tres categorías o calificaciones distintas: una parte de los terrenos se incluye en la categoría de protección del ecosistema natural (EN), subclase sotos, galachos y riberas fluviales (SR); una segunda parte se incluye
El Congreso aprueba la tramitación del Proyecto de Ley de residuos y Suelos Contaminados
Autor: José Martínez Sánchez. Personal Investigador en Formación, CIEDA-CIEMAT/ Congreso de los Diputados
Fuente: Congreso de los Diputados
Temas clave: Residuos; Suelos
La tramitación del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados fue aprobada por el Congreso tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Popular. Asimismo, fue rechazada la solicitud de alguno de los grupos para que el Proyecto de Ley se efectuase en la Comisión correspondiente y posteriormente en Pleno, antes de pasar al Senado.
El proyecto legislativo continúa así con su tramitación parlamentaria y será debatido en Ponencia y Comisión, ésta última con competencia legislativa plena de la Cámara Baja.
MONOGRAFÍAS:
Aguas:
GARCÍA RUBIO, Fernando. “Régimen Jurídico de la Gestión del Agua: aspectos hidrológicos, organizativos, tributarios, de contratación pública y de responsabilidad ambiental”. Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, 2010. 461 p.
MELLADO RUIZ, Lorenzo. “Aguas y Ordenación del Territorio en el Contexto de la Reforma Estatutaria”. Granada: Comares, 2010. 376 p.
Asignación de derechos de emisión:
SANZ RUBIALES, Íñigo. “El mercado europeo de derechos de emisión”. Valladolid: Lex Nova, 2010. 222 p.
BILBAO ESTRADA, Iñaki. “La fiscalidad de los derechos de emisión: estado de situación y perspectivas de futuro”. Madrid: Instituto de Estudios fiscales, 2010. 679 p.
El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados es aprobado por el Consejo de Ministros
Fuente: Congreso de los Diputados
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de marzo de 2011 el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados por el que se transpone la Directiva 2008/98/CE, actualizando la legislación tras más de 10 años de aplicación de la primera Ley de Residuos
La nueva política de residuos apuesta por la prevención, maximizando el aprovechamiento de los recursos, y la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, establece que las Administraciones públicas aprobarán programas y planes de prevención de residuos, así como de gestión, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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