Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha de 29 de enero de 2021 (Sala de lo contencioso administrativo 1. Ponente: Felisa Atienza Rodríguez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 61/2021 – ECLI:ES:AN:2021:61
Palabras clave: Servidumbre de conservación. Red Natura 2000. Deslinde. Dominio público.
Resumen:
En esta sentencia, el objeto del recurso presentado a instancias de un particular afectado, es la Resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que desestima la solicitud de reducción de la anchura de la zona de servidumbre de protección en el término municipal de Ribadedeva (Asturias).
Los argumentos empleados en rechazar dicha solicitud son por un lado en la necesidad de que las distintas administraciones implicadas acepten dicha reducción, y que se cumplan los requisitos previstos en el art. 44.7 del Reglamento General de Costas, de los cuales solo entiende cumplido el primero de ellos consistente en que el terreno ha de estar más allá de 500 metros de la desembocadura a mar abierto más cercana. Sin embargo, ni el segundo
Cataluña aprueba el Plan Especial de protección del medio natural y del paisaje del Parc Natural de la Serra de Collserola (Acuerdo Gov/48/2021, de 6 de abril)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Núm. 8383 de 9 de abril de 2021
Palabras clave: Espacio Natural Protegido. Biodiversidad. Red Natura 2000. Plan especial protección del medio natural y paisaje
Resumen:
La Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, tiene como objetivos proteger, conservar, gestionar y, si procede, restaurar y mejorar la diversidad genética, la riqueza y la productividad de los espacios naturales de Cataluña, y al mismo tiempo determina que la consecución de estos objetivos tiene que ser compatible con el desarrollo y la utilización de los recursos naturales y ambientales, en el marco de la protección del medio y de la ordenación racional y equilibrada del territorio.
La concreción de estos objetivos en los espacios naturales se lleva a cabo mediante la formulación de los planes de protección
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 17 de diciembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Antonio Sánchez Ibáñez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ NA 594/2020 – ECLI:ES:TSJNA:2020:594
Palabras clave: Agricultura. Aves. Biodiversidad. Espacios naturales protegidos. Red Natura. Zona de especial protección para las Aves (ZEPA)
Resumen:
Por unos particulares se interpone recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 27 de marzo de 2019, por el que se aprueba el expediente de modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra y su zona regable.
Según consta en la sentencia analizada, los recurrentes son una serie de agricultores de parcelas afectadas por el proyecto, algunos de los cuales desde los años 90 del siglo pasado contaban con distintas concesiones administrativas para el riego de sus tierras. Al respecto, la tramitación y aprobación del proyecto recurrido, implicaría la ampliación de zonas de regadío, siendo que las parcelas de los recurrentes se quedarían fuera de dicha ampliación, dejando sus parcelas
Emisión de contaminantes a la atmósfera:
DOTSON, Greg. State Authority to Regulate Mobile Source Greenhouse Gas Emissions, Part 1: History and Current Challenge. The Environmental Law Reporter, vol. 49, n. 11, noviembre 2019.
MESHER, Alex. The California Supreme Court on the Significance of Emissions under CEQA: Read Between the Lines. Ecology Law Quarterly, vol. 47, n. 2, 2020, pp. 731-742. Disponible en: https://doi.org/10.15779/Z38VQ2SB4N (Fecha de último acceso 26-03-2021).
SPOELMAN, Naomi. Urgenda: A How-To Guide for Enforcing Greenhouse Gas Emission Targets by Protecting Human Rights. Ecology Law Quarterly, vol. 47, n. 2, 2020, pp. 751-760. Disponible en: https://doi.org/10.15779/Z382R3NX7G (Fecha de último acceso 26-03-2021).
THOMAS TRAHAN, Ryan. A Minimal Problem of Marginal Emissions. The Environmental Law Reporter, vol. 49, n. 8, agosto 2019.
Energía:
BEAUDREAU, Tommy; SCHNEIDER, Janice; MARNITZ, Joshua. The Public’s Interest and Durable Management of Energy Development on Public Lands. The Environmental Law Reporter, vol. 49, n. 8, agosto 2019.
FERNANDES, John. Weighting the Risks and Benefits of Energy Storage on Fleet Emissions: Academics vs. Fundamentals. The Environmental Law Reporter, vol. 49, n. 8, agosto 2019.
FLEMING, Ruven. The “Trias”: A New
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 16 de septiembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Rafael Pérez Nieto)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ STSJ CV 5266/2020 – ECLI:ES:TSJCV:2020:5266
Temas clave: Responsabilidad Administración. Plan General Ordenación Urbana. Red Natura 2000. Indemnización.
Resumen:
En este asunto, el objeto de la impugnación que establece el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas es la resolución de 18-10-2018 de la Consellería d`Habitage, Obres Públiques y Vertebració del Territori, Generalitat Valenciana, que denegó la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados de la declaración judicial de nulidad del plan general de ordenación urbana (en adelante, PGOU) mediante STSJCV de 13-11-2013 confirmada por STS de 27-11-2015. En concreto, el Ayuntamiento alega haber padecido daños y perjuicios a consecuencia de la anulación del PGOU, tales como los gastos invertidos en su elaboración (244.236,88 euros) o con la devolución de las tasas por la tramitación del PAI (programa de actuación integrada) (209.419,68 euros).
En su demanda, el Ayuntamiento manifiesta que en este caso se
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