Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de febrero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Emilio Molins García-Atance)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 187/2021 – ECLI:ES:TSJAR:2021:187
Palabras clave: Aguas. Confederación Hidrográfica. Declaración de impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental (EIA). Procedimiento administrativo. Red Natura.
Resumen:
Una asociación ecologista interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 30 de enero de 2018, a través de la cual se acuerda otorgar a una Comunidad de Regantes la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas del río Añamaza en la provincia de Soria. Son partes demandadas la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y la propia Comunidad de Regantes beneficiaria de la concesión.
Según se desprende de la sentencia examinada, el núcleo del litigio se centra en que, para la concesión de aguas otorgada, fue necesaria la modernización/mejora del azud existente en el cauce del río Añamaza, el cual, en
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 8 de febrero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Constantino Merino González)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ 409/2021- ECLI:ES: TSJCLM2021:409
Palabras clave: Ganadería. Competencias. Salud pública. Medio Ambiente.
Resumen:
Una asociación ganadera interpone un recurso contencioso-administrativo frente al Decreto 69/2018 de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla – La Mancha, en concreto, el apartado 3 de su artículo 8.
La Asociación alega que el artículo 8 del Decreto 69/2018 contradice la normativa básica en la materia: el artículo 5.2.A del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas en tanto establecen distancias distintas: el primero prevé una distancia de 2.000 m. y el segundo de 1.000 m. De modo que la Sala debe dilucidar sobre el marco competencial en la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 29 de abril de 2021 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2003/87/CE, Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Art. 3 y Anexo I)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, asunto C‑617/19, ECLI:EU:C:2021:338
Palabras clave: Gases con efecto invernadero. Régimen europeo de comercio de derechos de emisión. Permiso. Actualización. Instalación de cogeneración. Cesión.
Resumen:
a) Breve referencia al supuesto de hecho
El Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio (Italia) planteó cuestión prejudicial antes de resolver el recurso interpuesto por una empresa del sector agroalimentario (Granarolo) contra la Administración Pública Italiana por la denegación de solicitud de actualización del permiso de emisión de gases de efecto invernadero tras la cesión de una de las instalaciones ubicadas en el emplazamiento industrial (concretamente, una instalación de cogeneración de menos de 20 MW) a una empresa energética (E.ON).
El citado permiso de emisión de gases con efecto invernadero cubría originariamente las emisiones de
Sentencia de la Corte Suprema dictada en causa “Instituto Nacional de Derechos Humanos/ Gobernación Provincial de Petorca”, Rol N°131.140-2020, de 23 de marzo de 2021: Reconocimiento del Derecho Humano al Agua
Autores: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada, Subdirectora del Centro de Derecho Ambiental, Universidad de Chile[1]
Autor: José Illanes Vergara, Abogado U.Ch., Ayudante del Centro de Derecho Ambiental, Universidad de Chile
Fuente: Sentencia Corte Suprema, Rol N°131.140-2020
Palabras clave: Derecho Humano al Agua. Contenido y protección del derecho al agua. Grupos sociales vulnerables.
Resumen:
En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (“INDH”), en favor de once personas de las localidades de Petorca, Cabildo y La Ligua, recurre de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial (“Seremi”) de Salud de Valparaíso y en contra también de la Gobernación Provincial de Petorca. Se intentó la acción de protección debido a omisiones ilegales por parte de las autoridades recurridas, en cuanto a no adoptar las medidas necesarias para proveer de agua potable, en cantidad suficiente y adecuada, para abastecer a las comunidades de las cuales son miembros los representados del INDH. Lo anterior se da en el
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 de enero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Azucena Recio González)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ GAL 643/2021 – ECLI:ES:TSJGAL:2021:643
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Dominio público marítimo-terrestre. Procedimiento sancionador.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve la apelación de la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Pontevedra, de 5 de diciembre de 2019, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la Resolución de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia (APLU), de 13 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la Resolución de 24 de agosto de 2015, que sancionó a la Asociación apelante al pago de una multa de 298.340,22€ y a la demolición de un complejo residencial compuesto de casetas prefabricadas, caravanas, tiendas de campaña y vías de acceso en zona de servidumbre de protección de costas. La Asociación se limita a impugnar los fundamentos jurídicos referidos
|
