Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 29 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Raquel Hermela Reyes Martínez)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ NA 727/2015 – ECLI:ES:TSJNA:2015:727
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Declaración de impacto ambiental; Evaluación de impacto ambiental (EIA); Licencia ambiental
Resumen:
La Sala analiza el recurso contencioso-administrativo interpuesto por unos particulares contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra a través del cual se desestimaba el recurso de alzada en su día articulado contra la resolución por la que se concedía Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la instalación de fabricación de tubos de acero soldado en una localidad navarra.
Entre los motivos planteados a fin de justificar la nulidad de la AAI, se aduce la ausencia del estudio de impacto ambiental, preceptivo en esta clase de autorizaciones, de conformidad con lo señalado en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Tal omisión se justificaba, en la visión de la administración demandada y de la solicitante de la AAI, en que se trataba de una “instalación y actividad existente”. La controversia se
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Cesar Tolsa Tribiño)
Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili (acreditada a contratada doctora por ANECA) e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ: STS 396/2016 – ECLI:ES:TS:2016:396
Temas Clave: Algarrobico; principio de cosa juzgada; PORN; planeamiento medioambiental; planeamiento urbanístico; valores naturales; principio de no regresión
Resumen:
La asociación GREENPEACE ESPAÑA y la JUNTA DE ANDALUCÍA interpusieron recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, dictada por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 1295/2008 , sostenido contra el Decreto 37/08, de 5 de febrero, por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales y el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en lo que afecta al sector ST-1 denominado “El Algarrobico” que se incluye en la zona C3, y ST-2, ambos sectores de las NNSS de Carboneras
Los motivos que se alegaron fueron
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Piqueras Valls)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CANT 1301/2015 – ECLI:ES:TSJCANT:2015:1301
Temas Clave: Atmósfera; Autorización ambiental integrada; Calidad del aire; Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la atmósfera; Mejores técnicas disponibles (MTD); Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)
Resumen:
La Sala analiza el recurso contencioso-administrativo iniciado por una asociación ecologista contra la resolución que desestima el recurso de alzada en su día interpuesto contra la revolución del Director General de Medio Ambiente de 30 de abril de 2008 por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada a una fábrica de producción de viscosa, en una localidad de Cantabria.
Entre los motivos que se plantean por la asociación recurrente para sustentar su solicitud de nulidad de pleno derecho de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), aduce que la resolución impugnada supone una infracción de la Ley 16/2002, de prevención y control integrado de la contaminación y Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, al
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jose Juan Suay Rincon)
Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili (acreditada a contratada doctora por ANECA) e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ: STS 222/2016 – ECLI:ES:TS:2016:222
Temas Clave: Evaluación de impacto ambiental; EDAR; Declaración de Impacto ambiental; acto de trámite cualificado; discrecionalidad técnica
Resumen:
La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (en adelante, AGE) interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 3 de junio de 2014, recaída en el recurso no 486/2012 , sobre medio ambiente. En el proceso contencioso administrativo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó Sentencia de fecha 3 de junio de 2014 , por cuya virtud se estimó en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por seis personas físicas contra la Resolución de fecha 16 de octubre de 2009, del Director General del Agua, dictada por delegación del Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, sobre
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de enero de 2016 (Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 45, de 22 de febrero de 2016
Temas Clave: Costas; Dominio público marítimo-terrestre (DPMT); Autorizaciones demaniales; Autonomía local; Competencias autonómicas; Delegado del Gobierno
Resumen:
En términos similares al contenido de la sentencia de 5 de noviembre de 2015, a través de la cual el Pleno del Tribunal examinó el recurso interpuesto por ciento seis diputados del grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados contra varios preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas; ahora es el Consejo de Gobierno de Andalucía el que impugna esta norma. (Véase https://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-tribunal-constitucional-espana-ley-de-costas/).
Me ceñiré a los apartados 18 y 38 del art. 1 de la LC 2013, que no fueron examinados en la resolución judicial anterior. El art. 1.18 modifica el artículo 55.1 LC 1988, que regula la revocación unilateral por parte de la Administración de las autorizaciones en la zona de
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