Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, Ponente: Eva Isabel Gallardo Martín de Blas)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 12292/2016 – ECLI:ES:TSJM:2016:12292
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Combustibles; Permisos de investigación de hidrocarburos
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo promovido por el Cabildo de Lanzarote contra la inactividad del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al no contestar el requerimiento formulado por el recurrente para declarar la extinción por incumplimiento de las autorizaciones concedidas a la mercantil Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. en 2014 por la Dirección General de Política Energética y Minas que amparaban la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos “Canarias 1” a “Canarias 9”.
Tales permisos de investigación fueron otorgados por el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, convalidado por el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo. Cabe recordar que estos permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Canarias 1» a «Canarias 9», lo eran para espacios situados en el océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, imponiendo a
Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental (Chile), Causa R 63-2015
Autores: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Centro de Derecho Ambiental, y Miguel Saldivia Olave, colaborador de investigación, Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile [1].
Fuente: Sentencia de la causa R 63-2015, del Segundo Tribunal Ambiental
Temas Clave: Invalidación de Resolución de Calificación Ambiental, incompetencia del Tribunal Ambiental, legitimación activa para reclamar
Resumen: El Segundo Tribunal Ambiental de Chile rechazó un recurso de reclamación interpuesto por una organización ambiental en contra de una resolución que puso término a una solicitud de invalidación de un acto administrativo que mantuvo la aprobación del proyecto hidroeléctrico Achibueno, que contempla dos centrales de pasada de 135 MW y está emplazado en un Sitio Prioritario de Conservación.
1. Antecedentes
El 24 de marzo de 2009, Hidroeléctrica Centinela S.A. ingresó al SEIA el EIA del “Proyecto Hidroeléctrico Achibueno”. El proyecto consiste en la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada, denominadas “El Castillo” y “Centinela”, con una potencia total instalada de 135 MW, ubicadas en la Región del Maule, en la zona centro-sur de Chile (el “Proyecto”). El 3 de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Nación Argentina, causa: Cámara Minera de Jujuy y otra (Provincia de Jujuy) c. Estado Nacional s/acción de inconstitucionalidad, Fallo 337:1540, de 30/12/2014
Autora: Noemí Pino Miklavec, Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y Docente de la Universidad Nacional del Comahue Argentina
Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Fallo 337:1540
Temas Clave: Protección ambiental de los Glaciares y del ambiente peri glacial; Inventario de los glaciares y periglaciares; Declaración de inconstitucionalidad; medida cautelar de suspensión de vigencia de una Ley Nacional
Resumen:
El caso Cámara Minera de Jujuy y otra (Provincia de Jujuy) c. Estado Nacional s/acción de inconstitucionalidad (Fallo 337:1540) se inició ante el Juzgado Federal N° 2 de la Provincia de Jujuy. En el mismo, el Presidente de la Cámara Minera de Jujuy atacó la constitucionalidad de los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la Ley 26.639, que establecen el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y solicitó como medida cautelar la suspensión de la aplicación de dichas normas, bajo el argumento de que su vigencia podía alterar la situación de los emprendimientos mineros en
Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016 (cuestión prejudicial), que interpreta el art. 3.3 de la Directiva 2001/42, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (concepto de “zonas pequeñas a nivel local”) y rechaza que sea contrario al art. 191 TFUE y al art. 37 CDFUE (“nivel elevado de protección del medio ambiente”)
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala tercera), Asunto C-444/15, ECLI:EU:C:2016:978
Temas Clave: evaluación estratégica; zonas pequeñas a nivel local
Resumen:
La Sentencia responde a cuestión prejudicial de validez e interpretación sobre el párrafo 3 del art. 3 de la Directiva de evaluación ambiental de planes y programas (estratégica), que deja en manos de los Estados la decisión de someter a evaluación los planes y programas del párrafo segundo en determinados casos (ordenación de “zonas pequeñas a nivel local” y modificaciones menores). El Tribunal de Justicia rechaza su incompatibilidad con el “nivel elevado de protección del medio ambiente” que prevén los Tratados para la política ambiental (arts. 191 TFUE y 37 CEDF), pues, según su jurisprudencia, no se requiere el mayor
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mariano De Oro-Pulido López)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 5546/2016- ECLI: ES: TS: 2016:5546
Temas Clave: Ordenanza; residuos; competencias entidades locales; medio ambiente
Resumen:
En esta ocasión, la Sentencia que comentamos resuelve el recurso de casación número 3977/2015, contra la Sentencia de 30 de octubre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera), del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo nº 27/2013, interpuesto por la Federación de Urbanizaciones Camp de Turia (fuctu), contra la Ordenanza municipal de tratamiento de vertidos y aguas residuales del Ayuntamiento de Liria, publicada en el BOP el 16 de octubre de 2012 y que fue desestimado. Es parte recurrida el Ayuntamiento de Lliria.
La sentencia recurrida había declarado conforme a derecho la Ordenanza, en el sentido de que nada impide que la Administración local regule o establezca un sistema público de recogida y tratamiento de aguas residuales, ni programar y ejecutar bien, programas de actuación integrada en los suelos urbanos y urbanizables, por iniciativa pública o privada
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