Autora: Eva Blasco Hedo. Investigadora y Responsable del Centro de Formación CIEDA – CIEMAT
Fuente: BOE núm. 279, de 18 de noviembre de 2010.
Temas Clave: conflicto positivo de competencia; subvenciones públicas; áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales; competencias medioambientales y de ordenación general de la economía; Gobierno de Aragón.
Resumen:
El objeto del proceso constitucional se ciñe a la resolución del conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Aragón frente al Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales.
Con carácter previo, el Tribunal analiza la petición principal del Abogado del Estado relativa a la extemporaneidad del recurso planteado que conllevaría su inadmisión, porque entiende que el hecho de que el Gobierno contestara tardíamente al requerimiento de incompetencia, fuera del plazo previsto en el art. 63.4 LOTC, no implica que se reabriera entonces el plazo para presentar el conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional sino que dicho plazo debería computarse en todo caso desde la finalización del plazo para contestar al requerimiento, independientemente de que hubiera habido rechazo expreso o tácito por parte del Gobierno.
El Tribunal rechaza tal pretensión partiendo de la naturaleza y finalidad principal a que responde el requerimiento, que no es otra que la de apurar las posibilidades de resolución negociada de las diferencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En tal sentido y de conformidad con el artículo 63.5 LOTC, no encuentra obstáculo alguno para que el plazo de presentación del conflicto se compute a partir del rechazo expreso del requerimiento aunque éste fuera tardío, máxime cuando el rechazo expreso o tácito no se contemplan en este precepto como alternativas excluyentes.
Por lo que se refiere al fondo del asunto, el Gobierno de Aragón sostiene que el Decreto recurrido vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de espacios naturales protegidos, desarrollo económico y protección del medio ambiente, así como su autonomía financiera. Para resolver el conflicto, el Tribunal parte del objeto de la norma impugnada, “promocionar el desarrollo sostenible de las poblaciones que cuenten en su territorio con los citados espacios naturales protegidos” y, concretamente, “que se encuentren en sus áreas de influencia socioeconómica”; que nada tiene que ver con actividades de investigación ni con la financiación ordinaria de los Parques.
La controversia se ciñe al modo en que el Estado ha ejercido sus competencias, sin que se hayan puesto en duda los títulos competenciales que han dado cobertura a la norma, encuadrados en los arts. 149.1.13 y 149.1.23 de la Constitución, máxime cuando las iniciativas subvencionables tienen como objetivos unas veces la protección del medio ambiente y otras el desarrollo económico de aquellas zonas.
El Gobierno de Aragón entiende que la norma carece de los requisitos formales necesarios para la aprobación de la normativa básica estatal teniendo en cuenta que las bases deberían subsumirse en normas con rango de Ley. El Tribunal desestima esta pretensión porque tratándose de subvenciones públicas, por naturaleza coyunturales, cabe perfectamente la posibilidad de que se regulen por Decreto “alguno de los aspectos básicos de una materia, cuando resulten, por la naturaleza de ésta, complemento necesario para garantizar el fin a que responde la competencia estatal sobre las bases”.
En segundo lugar, se tacha a la norma por la ausencia de un plan director o de desarrollo de la zona. Pretensión que también rechaza el Tribunal porque ni la legislación básica estatal ni la doctrina del propio Tribunal exigen que la actividad subvencionadora del Estado ejecute un instrumento planificador previo, máxime cuando se ha referido a tales planes directores o de desarrollo sólo en los supuestos en que los mismos estaban previstos en las normas objeto de análisis.
Desde un punto de vista material, el conflicto se sustenta en que la norma cuestionada incumple la doctrina del Tribunal relativa a la potestad de fomento del Estado en los supuestos de competencias básicas y en el excesivo detallismo del Decreto impugnado. Ambas pretensiones son desestimadas porque la norma impugnada “contempla la territorialización de las subvenciones entre las diversas Comunidades Autónomas”. Asimismo, “la regulación del destino y de las condiciones generales de otorgamiento de las subvenciones deja un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino de las ayudas o, al menos, para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación”.
En relación con el detallismo excesivo, el Tribunal le achaca un carácter indeterminado e incompleto basado en la norma que es derogada por este Real Decreto, que en definitiva considera totalmente respetuoso con las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que desestima el conflicto de competencia planteado.
Destacamos los siguientes extractos:
“(…) No se considera aplicable a los conflictos positivos de competencia la doctrina del silencio negativo aplicable en la jurisdicción contencioso-administrativa. El objeto del conflicto no sería el rechazo del requerimiento, institución que sólo pretende hacer posible una avenencia entre el órgano requirente y el requerido, sino únicamente el acto, disposición o resolución que se considera vulnerador del orden de distribución de competencias. (…)”
“(…) La promoción del «desarrollo sostenible» de dichas zonas, como se señala en el art. 1, a través de subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado encuentra, pues, en los arts. 149.1.23 y 149.1.13 CE una cobertura competencial constitucionalmente adecuada. (…)”
“(…) Así, más allá de atribuir a las Comunidades Autónomas la convocatoria y la tramitación de las ayudas (arts. 5 y 6) y establecer unos criterios de valoración preferentes que pueden ser complementados por las mismas (art. 7), la regulación de los posibles beneficiarios de las subvenciones (art. 2) y de las iniciativas subvencionables (art. 3) no cierra las puertas a su posible desarrollo por las Comunidades Autónomas. (…)”
