En definitiva, se trata de dilucidar si los LIC conllevan las medidas de protecci\u00f3n previstas en el RD 1997\/1995 desde que se incluyen en la lista propuesta por parte de la respectiva Comunidad Aut\u00f3noma al Ministerio de Medio Ambiente y posteriormente a la Comisi\u00f3n Europea, o s\u00f3lo se adoptar\u00e1n cuando alcancen el estatus de zonas de especial conservaci\u00f3n (ZEC), careciendo de dicha protecci\u00f3n mientras se sustancia la compleja tramitaci\u00f3n del procedimiento de conversi\u00f3n de LIC en ZEC, que al fin y al cabo no son sino una categor\u00eda evolucionada de aqu\u00e9llos.<\/p>\r\n
Con car\u00e1cter previo, la sentencia examina el marco normativo en que se encuadran los LIC y analiza su naturaleza y r\u00e9gimen jur\u00eddico, tomando como punto de partida su definici\u00f3n, para llegar a la conclusi\u00f3n de que los LIC est\u00e1n sujetos a protecci\u00f3n desde que se incluyen en aquella propuesta y a lo largo de todas las etapas del procedimiento, tanto por razones preventivas como por sus valores ambientales. Lo contrario, supondr\u00eda abandonar la protecci\u00f3n de estos lugares ante cualquier proyecto o actividad, como pudiera ser la extracci\u00f3n de \u00e1ridos. \u00c9sto podr\u00eda degradar los h\u00e1bitats naturales y resultar\u00eda totalmente contradictorio con los valores ambientales que se pretenden preservar, cuya protecci\u00f3n no puede esperar a que el procedimiento para la declaraci\u00f3n de ZEC est\u00e9 definitivamente aprobado, que incluso podr\u00eda retrasarse seis a\u00f1os o m\u00e1s.<\/p>\r\n
As\u00ed lo viene declarando el TJCE , que considera que tales medidas de protecci\u00f3n son obligatorias respecto a los lugares que se incluyen en las listas de los seleccionados como LIC (S. 13 de enero de 2005), al igual que el art. 6 de la Directiva 92\/43\/CEE e incluso nuestra propia Ley 42\/2007, que establece en su art. 42-2\u00ba, que \u201cdesde el momento en que se env\u00eda al Ministerio de Medio Ambiente la lista de los espacios propuestos \u00e9stos pasar\u00e1n a tener un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n preventiva\u201d.<\/p>\r\n
Por todo lo anteriomente expuesto, el terreno en el que se autorizaba la extracci\u00f3n de \u00e1ridos era merecedor de la protecci\u00f3n que comportaba el informe de la Comunidad Aut\u00f3noma, m\u00e1xime cuando la propia recurrente lo solicit\u00f3 y lo tuvo en cuenta a la hora de conceder la autorizaci\u00f3n. Y todo ello de conformidad con la distribuci\u00f3n de competencias que establece la CE, en aplicaci\u00f3n de los arts. 149.1.23 y 148.1.9, atribuyendo a trav\u00e9s de \u00a0una norma reglamentaria, como es el RD 1997\/1999, la facultad de designar los LIC a las CA, si bien es necesario distinguir las competencias para dictar normas b\u00e1sicas en la materia de aqu\u00e9llas relativas a la gesti\u00f3n en materia de protecci\u00f3n del medio ambiente.<\/p>\r\n
Ahora bien, una cosa es que ese informe fuera preceptivo y otra que fuera vinculante, tal y como se\u00f1ala la Sentencia de instancia y la propia Comunidad Aut\u00f3noma de Arag\u00f3n. De conformidad con el art. 83 de la Ley 30\/1992, el alto Tribunal entiende que tales \u201cinformes ser\u00e1n facultativos y no vinculantes\u201d porque no existe una disposici\u00f3n expresa ni legal ni reglamentaria de la cual se pueda deducir sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda lo contrario, ni tan siquiera del art. 7.2 de la Ley 4\/1989. Es m\u00e1s, la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica del Ebro no tiene por qu\u00e9 asumir el contenido del informe (en este caso, negativo) de la Comunidad Aut\u00f3noma al resolver el procedimiento porque supondr\u00eda una vulneraci\u00f3n de la distribuci\u00f3n de competencias a la que anteriormente se ha aludido.<\/p>\r\n
En tal sentido, el alto Tribunal estima el recurso de casaci\u00f3n porque considera que la autorizaci\u00f3n concedida somete a un control estricto la actividad de extracci\u00f3n de \u00e1ridos y la subordina a espec\u00edficas prohibiciones, restricciones, cautelas y medidas de vigilancia, que incluso provienen del informe emitido por la Direcci\u00f3n General del Medio Natural de la Diputaci\u00f3n General de Arag\u00f3n y de los informes de la Guarder\u00eda Fluvial, o del Servicio de control de Dominio P\u00fablico Hidra\u00falico. Por lo que en definitiva, el LIC est\u00e1 suficientemente protegido.<\/p>\r\n
Destacamos los siguientes extractos:<\/strong><\/p>\r\n
\u201c(\u2026) Los lugares de importancia comunitaria gozan de especial protecci\u00f3n, con car\u00e1cter anticipado y provisional, desde su inclusi\u00f3n en la lista proponente, antes de alcanzar, por tanto, el status de zona especial de conservaci\u00f3n. Adem\u00e1s, no se compadece el alegato esgrimido sobre la innecesariedad del informe, cuando la propia Confederaci\u00f3n autora del acto impugnado en la instancia lo solicit\u00f3 y lo tuvo en cuenta antes de autorizar la actividad de extracci\u00f3n de \u00e1ridos en la zona.<\/p>\r\n
(\u2026) La elaboraci\u00f3n de las listas por las Comunidades Aut\u00f3nomas no es algo inocuo, algo que no produzca efectos jur\u00eddicos y materiales; no es una mera propuesta neutra, sino un acto administrativo que habilita y obliga a la propia Comunidad Aut\u00f3noma a adoptar \"medidas de protecci\u00f3n adecuadas\" para los lugares incluidos; se trata de una acto que, siendo una propuesta, pone una condici\u00f3n necesaria y suficiente <\/strong>para crear en la Comunidad Aut\u00f3noma la obligaci\u00f3n de adoptar medidas de protecci\u00f3n adecuadas, las cuales pueden quiz\u00e1 afectar a ciertos contenidos del derecho de los propietarios de los terrenos incluidos, raz\u00f3n por la cual la elaboraci\u00f3n de las listas puede ser impugnada por los interesados al tener un contenido que excede de la pura ordenaci\u00f3n o impulso del procedimiento (\u2026)\u201d\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>","post_title":"Jurisprudencia al d\u00eda. Lugares de importancia comunitaria y Zonas de especial Conservaci\u00f3n","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"jurisprudencia-al-dia-lugares-de-importancia-comunitaria-y-zonas-de-especial-conservacion","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2011-06-03 12:44:13","post_modified_gmt":"2011-06-03 11:44:13","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"http:\/\/www.observatoriodellitoral.es\/actualidad_juridica_ambiental\/?p=4024","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"};-->
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: María del Pilar Teso Gamella)
Autora de la nota: Eva Blasco Hedo. Investigadora y responsable del Centro de Formación CIEDA – CIEMAT
Fuente: CENDOJ STS 2337/2010
Temas Clave: Extracción de áridos del cauce del río. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Conservación. Informe de la Comunidad Autónoma.
Resumen:
En el supuesto que nos ocupa, el alto Tribunal resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Conderación Hidrográfica del Ebro frente a la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Adminstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dió la razón a la Diputación General de Aragón, anulando la resolución dictada por el Presidente de la Confederación de fecha 11 de diciembre de 2002, a través de la cual autorizó la extracción de áridos del cauce del río Matarraña, en el término municipal de Valderrobles (Teruel), ubicada en un lugar de importancia comunitaria (en adelante, LIC)
Los términos del debate se centran en dos cuestiones fundamentales: En primer lugar, se discute si existe vulneración de
Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales (BOC nº 007, de 13 de enero de 2010)
Este Decreto tiene por objeto aprobar la relación de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y establecer nuevas medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, además de las que ya resultan de aplicación de acuerdo con la normativa autonómica vigente.
La norma declara Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en Canarias los espacios relacionados en su anexo I, en el que se concretan los hábitats y especies por los que se declara cada uno de ellos, su representación cartográfica, así como las normas vigentes en las que se establecen las medidas específicas para su protección, estableciéndo en su anexo II la delimitación de los espacios a través de su descripción geométrica.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto de diciembre, para las Zonas Especiales de Conservación
Orden ARM/3251/2009, de 23 de diciembre, por al que se delcaran Zonas Especiales de Conservación los Lugares de importancia comunitaria marinos y marítimo terrestres de la Región Macaronésica de la Red Natura 2000, aprobados por las Decisiones 200/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001 y 2008/95/CE de la Comisión, de 25 de enero de 2008 (BOE nº 315, de 31 de diciembre de 2009)
La Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre, aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000. En esta Decisión se integraban 174 LIC españoles de la Región Macaronésica de los cuales veintidós se corresponden con el ámbito marino. A ellos hay que añadir dos nuevos LIC, de ámbito marino, aprobados por Decisión 2008/95/CE de la Comisión, de 25 de enero de 2008, que actualiza y deroga la anterior y tres LIC marítimo terrestres con presencia de hábitats y especies marinas.
La presente orden tiene como objeto declarar como ZEC los LIC marinos y marítimo terrestres de la Red Natura 2000, aprobados mediante las Decisiones de la Comisión antes citadas (Vid. Anexo I y
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