Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, número de recurso: 5018/2020, Ponente: Diego Córdoba Castroverde)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e Investigadora del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 4452/2021 – ECLI:ES:TS:2021:4452
Palabras clave: Hidrocarburos. Gas. Medio ambiente. Principio de tipicidad. Infracciones administrativas graves. Peligro.
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por una sociedad anónima unipersonal contra la Sentencia núm. 544/2020, de 16 de julio de 2020, dictada por la Sección 10ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso núm. 754/2018, interpuesto por la entidad recurrente en casación contra la Resolución de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, de 5 de octubre de 2018, mediante la cual se desestimó el recurso de reposición contra la Orden de 9 de abril de 2018 que acordó imponer a la recurrente una sanción de multa por importe de 600.000 euros como consecuencia de la comisión de la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOJA n. 233, de 3 de diciembre de 2021
Palabras clave: Ordenación del territorio. Urbanismo. Planificación. Ciudad. Desarrollo sostenible. Ordenación del litoral. Paisaje. Usos del suelo. Cambio climático. Transición energética. Energías renovables. Suelo rústico. Simplificación administrativa. Municipios. Competencias. Participación. Suelos preservados. Suelos protegidos. Plan General de Ordenación Municipal. Plan de Ordenación Urbana. Infracciones. Sanciones. Edificaciones irregulares.
Resumen:
Transcurridos más de 18 años desde la aprobación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y tras quince modificaciones que han ido ajustando la norma primitiva a los cambios sociales, tecnológicos, económicos y de desarrollo sostenible acaecidos desde entonces, existe un consenso general sobre la necesidad de elaborar una nueva normativa en materia de suelo, basada en un modelo urbanístico que permita resolver de forma adecuada los problemas de la ciudad del siglo XXI y que se adapte a la diversidad de los municipios que componen el territorio andaluz.
En parecidos términos, el balance de más de un
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 28 de julio de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Carmen Bravo Díaz)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ EXT 1048/2021 – ECLI:ES: TSJEXT: 2021:1048
Palabras clave: Declaración de Impacto Ambiental. Infracción. Sanción. Confianza legítima. Proporcionalidad. Reparación.
Resumen:
Por parte de una Mercantil se formula recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 22 de enero de 2020 dictada por la Secretaría General para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 26 de octubre de 2017 que acuerda imponerle una sanción de multa de 240.401 euros por la comisión de una infracción muy grave del artículo 133.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, imponiéndole además la obligación de restituir los valores ambientales de la finca conforme se determine en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en trámite.
El citado precepto dice expresamente: “Es
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de julio de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, Ponente: José Ramón Giménez Cabezón)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ M 9049/2021 – ECLI:ES: TSJM: 2021:9049
Palabras clave: Vertido. Infracción. Sanción. EDAR. Confederación Hidrográfica del Tajo. Canal de Isabel II
Resumen:
El Canal de Isabel II formula recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta por silencio administrativo de su recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 7-01-20 de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Comisaría de Aguas), que acordó imponerle una sanción de multa por importe de 4.298,33 euros, por incumplimiento de la autorización de vertido, con obligación de indemnizar los daños producidos al dominio público hidráulico por importe de 1.289,50 euros, por vertido de aguas residuales al río Jarama procedente de la E.D.A.R. de Velilla de San Antonio incumpliendo la condición III.2 del expediente, tal y como se desprende de la toma de muestras y su análisis posterior en relación con la concentración de nitrógeno.
La
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castill-La Mancha de 9 de marzo de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ricardo Estevez Goytre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ:STSJ CLM 679/2021- ECLI:ES:TSJCLM:2021:679
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Compostaje. Residuos. Procedimiento sancionador.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve la impugnación por parte de una mercantil de la propuesta de Resolución, de 16 de abril de 2019, sancionadora al pago de 24.001€ por la elaboración de compost a base de estiércoles y restos vegetales procedentes de podas, sin el título habilitante correspondiente. Asimismo, la recurrente solicita la ampliación del recurso a la Resolución del Consejero de Desarrollo Sostenible, de 21 de noviembre de 2017, por la imposición de otra sanción por la comisión de una infracción grave en materia de evaluación ambiental, para la que solicita el mismo importe. Lo anterior, sobre la base del artículo 7.2.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley 4/2007, de 8 de
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