Sentencia de la Audiencia Nacional, de 15 de diciembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Fernando de Mateo Menéndez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 5127/2017 – ECLI: ES:AN:2017:5127
Temas Clave: Parque Natural; Concesión; Proyecto de demolición; Evaluación ambiental; Costas; Procedimiento administrativo; Nulidad
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el “Real Club Náutico de Laredo” contra la desestimación presunta por silencio administrativo, y expresa de 16 de marzo de 2015 del Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dictada por delegación, que confirma en reposición la resolución de 28 de mayo de 2014, adoptada por el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, mediante la que se aprueba el proyecto “Demolición de la escuela de vela de Laredo e instalaciones anejas, t.m. Laredo (Cantabria)”.
El recurso planteado trae causa de la extinción de la concesión otorgada en su día al Club Náutico por vencimiento del plazo. En este sentido, a través de la Resolución del Director de Costas de 7 de marzo de 2006, se ordenó, entre otros
Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 19, de 22 de enero de 2018
Temas Clave: Contratación pública ecológica; Políticas medioambientales; Consumo; Administraciones públicas
Resumen:
La contratación pública ecológica (CPE) es una importante herramienta para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles. Puede representar un papel fundamental en los planes de acción de la UE para la economía circular y la contratación pública verde. Y es que la contratación pública representa, según señala la Comunicación de la Comisión COM (2015) 614 final, casi un 20% del PIB de la Unión Europea. Asimismo, diversas organizaciones internacionales reconocen a la contratación pública un potencial importante para facilitar los cambios en aquellos modelos de producción y de consumo que dichas organizaciones consideran que no son sostenibles.
En el ámbito de la Unión Europea, nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia
Sentencia de la Corte Suprema, de 21 de septiembre de 2017
Autores: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Centro de Derecho Ambiental, y Javiera Chacón, Ayudante del Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile[1]
Fuente: Corte Suprema Rol N° 7.025-2017, Sentencia de 21 de septiembre de 2017
Temas clave: Planes de descontaminación atmosférica; Motivación de los actos administrativos; Principio el que contamina paga
Resumen:
En agosto de 2016, la empresa de generación eléctrica AES Gener S.A., que opera la Central Termoeléctrica Nueva Tocopilla, en funcionamiento desde 1995, interpuso reclamo de ilegalidad[2] contra la Ilustre Municipalidad de Tocopilla, respecto del Decreto N°643-2016 que aprueba la Ordenanza Municipal por cobro de derechos municipales por servicio de aseo[3].
Al respecto cabe recordar que en 2007, la localidad de Tocopilla fue declarada Zona Saturada[4] por haberse superado los límites de concentración de contaminante material particulado respirable, según lo establecido en la norma de calidad de aire entonces vigente. A raíz de lo anterior, se dictó un Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante (2010)[5].
El artículo 24 de dicho Plan contempla la posibilidad de que la
Título: “Propuestas jurídicas y administrativas sobre el convenio CITES y el tráfico internacional de vida silvestre en Europa y en España”
Autor: Pedro Brufao Curiel, Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo, Universidad de Extremadura
Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCyL núm. 205, de 25 de octubre de 2017
Temas Clave: Procedimientos administrativos; Simplificación; Empresas; Montes; Ordenación y Aprovechamientos forestales; Licencia; Declaración responsable; Plazos; Silencio administrativo
Resumen:
La simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas constituyen una prioridad en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esta Ley se asienta fundamentalmente en el Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, y su objetivo principal es favorecer la implantación de empresas en esta Comunidad, reduciendo los costes administrativos y los plazos asociados a su creación y consolidación.
El sector en el que nos vamos a centrar es el de la industria vinculada con recursos forestales, lo que se traduce en la modificación de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
Las modificaciones afectan a diversos artículos de esta ley, relacionados fundamentalmente con la ordenación forestal,
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