se acord\u00f3 la aprobaci\u00f3n supeditada del Plan General de Ordenaci\u00f3n Urbana de Enguera.<\/p>\r\n
\u00a0El Tribunal Supremo estima los dos motivos alegados por el Abogado del Estado, con la consecuente anulaci\u00f3n del Plan impugnado. El argumento principal gira entorno a la prevalencia de la competencia exclusiva estatal, en este caso en materia de aguas, concretamente en la emisi\u00f3n de un informe por parte de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica del J\u00facar, frente a la competencia exclusiva auton\u00f3mica en materia de Urbanismo, as\u00ed como el car\u00e1cter \u201cdeterminante\u201d y \u201cvinculante\u201d de dicho informe y, el silencio negativo en caso de que en el plazo de tres meses no se haya emitido el informe estatal.<\/p>\r\n
Destacamos los siguientes extractos:<\/strong><\/p>\r\n
\u201cLo que en realidad se cuestiona en el recurso contencioso administrativo es si podr\u00eda, o no, aprobarse un plan en las condiciones que se hace en este caso, a tenor del contenido del art\u00edculo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001 , respecto de la disponibilidad de recursos h\u00eddricos que satisfagan las demandas de agua que comporta el nuevo plan, lo que se conecta con el propio procedimiento de elaboraci\u00f3n del plan y la naturaleza de los informes que se exigen en el curso del mismo.<\/p>\r\n
No estamos, por el contrario, y hacemos ahora una delimitaci\u00f3n negativa, ante un acto de aprobaci\u00f3n inicial o provisional del plan general respecto de los cuales efectivamente hemos declarado su car\u00e1cter de acto de tr\u00e1mite, aunque con alguna matizaci\u00f3n que merece la pena constatar. As\u00ed, venimos declarando, por todas Sentencia de 26 de junio de 2008, dictada en el recurso de casaci\u00f3n no 1662\/207 que << este Tribunal Supremo tiene dicho que los actos de tr\u00e1mite son impugnables cuando se alegan causas de nulidad de pleno derecho, y, en concreto, lo ha dicho a prop\u00f3sito de las aprobaciones iniciales y provisionales de los planes urban\u00edsticos. (..)Sin embargo, hemos declarado (v.g. sentencia de 16 de Diciembre de 1999, casaci\u00f3n no 3343\/1994 ) que ello es as\u00ed cuando se alegan \"vicios de forma independientes del resultado final del procedimiento \", es decir, precisamos ahora, causas de nulidad que no se refieran al fondo de lo debatido sino a requisitos de forma para cuyo enjuiciamiento no es necesario entrar en el estudio de la regularidad material del acto, pues de otra manera se har\u00eda posible enjuiciar anticipadamente lo que ni siquiera se sabe si va a ser decidido en el acto final. Por el contrario, los vicios de forma que acarrean la nulidad del acto de tr\u00e1mite (v.g. incompetencia del \u00f3rgano, defectuosa composici\u00f3n de \u00e9ste, falta total y absoluta de los tr\u00e1mites legalmente establecidos, etc) son causas de nulidad ya producidas y para cuyo examen no es necesario estudiar el contenido sustantivo del acto, m\u00e1s all\u00e1 de lo necesario para averiguar su naturaleza y su caracterizaci\u00f3n >>.\u201d <\/em>(F.J.3).<\/p>\r\n
\u201cLo dicho hasta aqu\u00ed ser\u00eda suficiente para declarar que ha lugar al recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de los art\u00edculos 25.1 y 69.c) de la Ley Jurisdiccional 29\/1998, en relaci\u00f3n con el 24.1 de la Constituci\u00f3n . Ahora bien, debemos salir al paso de cuanto se razona en la sentencia de instancia y, en consecuencia, de la fundada impugnaci\u00f3n que se expone en el escrito de interposici\u00f3n de la casaci\u00f3n, en orden a la relevancia que pueda tener sobre el car\u00e1cter de acto administrativo de tr\u00e1mite o definitivo que el plan no haya sido publicado.<\/p>\r\n
La cuesti\u00f3n, por tanto, se resume en lo siguiente: si puede impugnarse en sede jurisdiccional, por las razones expuestas sobre la exigencia del informe previsto en el art\u00edculo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas , la aprobaci\u00f3n de un plan general que ha sido comunicado a la Administraci\u00f3n General del Estado pero que no ha sido publicado.<\/p>\r\n
Ni que decir tiene que lo que se impugna, insistimos, no son las determinaciones sustantivas previstas en el plan, pendiente de publicaci\u00f3n, sino, por el contrario, lo que se cuestiona es si debi\u00f3 de aprobarse un plan en los t\u00e9rminos en que se hizo, es decir, cuando se aducen defectos relativos a su tramitaci\u00f3n, concretamente respecto de la observancia de tr\u00e1mites preceptivos, es decir, si constan los informes exigidos legalmente.<\/p>\r\n
Pues bien, ninguna trascendencia tiene sobre tal impugnaci\u00f3n, en particular, ni sobre la diferenciaci\u00f3n entre acto de tr\u00e1mite o definitivo, en general, que se haya procedido o no a la publicaci\u00f3n del plan. Dicho de otro modo, el mismo acto de aprobaci\u00f3n no puede tener la consideraci\u00f3n de acto de tr\u00e1mite antes de publicaci\u00f3n y definitivo tras ella. De modo que carece de relevancia en dicha diferenciaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos que hemos expuesto en el fundamento quinto, que se haya o no publicado el plan. La publicaci\u00f3n, en definitiva, es condici\u00f3n de eficacia pero no de validez del plan, como viene declarando esta Sala, de modo uniforme y con tal profusi\u00f3n que nos exime de cita expresa.<\/p>\r\n
Se trata, por tanto, de categor\u00edas jur\u00eddicas muy diferentes, porque el acuerdo de aprobaci\u00f3n puede ser v\u00e1lido pero puede no ser todav\u00eda eficaz si le falta la publicaci\u00f3n, y la falta de \u00e9sta no comporta su invalidez, sino la imposibilidad de su ejecuci\u00f3n, que es un efecto bien distinto. La falta de publicaci\u00f3n del plan, por tanto, impide que la Administraci\u00f3n imponga sus determinaciones mediante actos de ejecuci\u00f3n a los ciudadanos, que podr\u00e1n impugnar el acto de aplicaci\u00f3n bas\u00e1ndose precisamente en la falta de publicaci\u00f3n del plan, pero no acarrea su invalidez, pues el juicio sobre esta tiene lugar por las causas previstas en el art\u00edculo 62 y 63 de la Ley 30\/1992 .<\/em><\/p>\r\n
La falta de publicaci\u00f3n de la aprobaci\u00f3n del plan o de sus determinaciones no convierte, en definitiva, a un acto definitivo en un acto de tr\u00e1mite, sino que supone que estamos ante un acto o disposici\u00f3n v\u00e1lida pero ineficaz, como se deduce de los art\u00edculos 52.1, respecto de las disposiciones general, y 57.2, en el caso de los actos, de la Ley 30\/1992 .\u201d (F.J.4).<\/p>\r\n
\u201c(\u2026)En cualquier caso, la cuesti\u00f3n queda despejada desde el momento que el propio legislador valenciano ha dejado sentada con car\u00e1cter general la aplicaci\u00f3n de este precepto a la ordenaci\u00f3n urban\u00edstica de la Comunidad aut\u00f3noma. No cabe sostener - como pretende el Abogado de la Generalidad Valenciana- que el art\u00edculo 83.2 de la Ley urban\u00edstica valenciana 16\/2005, de 30 de diciembre, cuando se remite a la tan citada disposici\u00f3n adicional 2a, 4o, de la Ley 13 \/2003, lo hace s\u00f3lo en cuanto afecta a las concesiones de obras p\u00fablicas estatales. Al contrario, el tenor de este art\u00edculo 83.2 es claro en cuanto abarca con amplitud a los diversos campos y distintas competencias en que se desenvuelve la acci\u00f3n administrativa estatal, sin que haya base para defender una interpretaci\u00f3n tan reduccionista como aquel pretende.<\/p>\r\n
3o) <\/strong>El informe de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica es, pues, preceptivo <\/em>, en cuanto que de necesaria obtenci\u00f3n, seg\u00fan lo concordadamente dispuesto en los art\u00edculos que se han transcrito (hasta el punto de que su no elaboraci\u00f3n en plazo determina que el mismo se tenga por emitido en sentido desfavorable); y es adem\u00e1s vinculante <\/em>en cuanto afecta al \u00e1mbito competencial de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica, porque as\u00ed lo dispone la disposici\u00f3n adicional 2a de la Ley 13\/2003 en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 83.3 de la Ley urban\u00edstica valenciana.\u201d (F.J.7).<\/p>\r\n
\u201c(\u2026)Por eso, el informe estatal sobre suficiencia de recursos h\u00eddricos, en cuanto se basa en valoraciones que se mueven en el \u00e1mbito de la competencia exclusiva estatal, es, sin ambages, vinculante.<\/p>\r\n
Desde esta perspectiva, el art\u00edculo 15.3 de la Ley de Suelo estatal concuerda con la precitada disposici\u00f3n adicional 2a, 4a, de la Ley estatal 13\/2003, pues lo que uno y otro precepto vienen a establecer, en definitiva, y en cuanto ahora interesa, es el car\u00e1cter no ya determinante sino incluso vinculante del informe estatal, por m\u00e1s que no en todos sus extremos y consideraciones (es decir, de forma omnicomprensiva), sino en lo que se refiere a la preservaci\u00f3n de las competencias del Estado.\u201d (F.J. 8).<\/p>\r\n
\u201cNo cabe excluir la aplicabilidad de cuanto acabamos de razonar al presente caso so pretexto de que al mismo no le resultan aplicables, ratione temporis <\/em>(en atenci\u00f3n a las fechas de inicio y tramitaci\u00f3n -en sus diferentes fases- del procedimiento para la aprobaci\u00f3n del instrumento de planeamiento aqu\u00ed concernido), las reformas del art. 25.4 de la Ley de Aguas estatal y del art. 19.2 de la auton\u00f3mica valenciana 4\/2004 del a\u00f1o 2005, sino que ha de tomarse en consideraci\u00f3n la redacci\u00f3n inicial de una y otra Ley, lo que - se dice por la recurrida- tiene relevancia desde el momento que en esa redacci\u00f3n inicial se establec\u00eda un r\u00e9gimen de silencio positivo (a diferencia de la derivada de la reforma de 2005, que lo configura como negativo).<\/p>\r\n
(\u2026)Adem\u00e1s, las dudas se disipan atendiendo a lo establecido en el art\u00edculo 19.2 de la Ley auton\u00f3mica valenciana 4\/2004 de 30 de junio, de Ordenaci\u00f3n del Territorio y Protecci\u00f3n del Paisaje, cuya aplicabilidad en su inicial redacci\u00f3n reconoce la propia Administraci\u00f3n recurrida (p\u00e1g. 12 de la contestaci\u00f3n a la demanda), que establece en t\u00e9rminos bien claros la exigibilidad de dicho informe, requiriendo incluso en esa inicial redacci\u00f3n que el mismo fuera \"favorable\", o, lo que es lo mismo, vinculante.<\/p>\r\n
(\u2026)Empero, el argumento tampoco puede merecer acogida favorable en el sentido que propugna esta parte, por tres razones:<\/p>\r\n
- primero, porque ese r\u00e9gimen jur\u00eddico de silencio positivo establecido en el art. 25.4 de la Ley de Aguas en su primera redacci\u00f3n debe entenderse corregido, ya antes de la reforma del precepto en 2005, por la tantas veces citada disposici\u00f3n adicional 2a, 4o, de la Ley estatal 13\/2003, que exceptuaba del silencio positivo aquellos supuestos en que se viera afectado el dominio p\u00fablico de titularidad estatal;<\/p>\r\n
- segundo, porque el art\u00edculo 19.2 de la ley auton\u00f3mica establec\u00eda un plazo para la producci\u00f3n del silencio positivo de tres meses, que en este caso no se hab\u00eda cumplido a la fecha de aprobaci\u00f3n del Acuerdo de aprobaci\u00f3n del Plan, seg\u00fan se desprende de las propias manifestaciones de la Administraci\u00f3n demandada, que en su escrito de contestaci\u00f3n se\u00f1ala (p\u00e1g. 21, in<\/em> fine <\/em>) que \"la \u00faltima petici\u00f3n de informe a la Confederaci\u00f3n, a la cual se adjunta el informe de SEASA, tiene entrada en dicho organismo el 23 de enero de 2007, es decir, casi tres meses antes de que la Comisi\u00f3n Territorial de Urbanismo adoptara el Acuerdo recurrido el 18 de abril de 2007\"; de manera que cuando se dicta el Acuerdo impugnado en el proceso ese plazo de tres meses no hab\u00eda transcurrido, por lo que mal puede invocarse un silencio positivo que no pod\u00eda existir;<\/p>\r\n
y tercero, porque para que entre en juego la t\u00e9cnica del silencio positivo en relaci\u00f3n con el informe de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica, resulta imprescindible que la Confederaci\u00f3n se encuentre en condiciones de emitir ese informe por disponer de toda la informaci\u00f3n pertinente para formar su criterio, siendo carga que pesa sobre la Administraci\u00f3n instructora del procedimiento de aprobaci\u00f3n del Plan la de aportar a la Confederaci\u00f3n toda esa documentaci\u00f3n que esta considera razonablemente necesaria a tal efecto; cosa que no ocurri\u00f3 en este caso, dado que, como tambi\u00e9n antes anotamos, la Confederaci\u00f3n tan s\u00f3lo recibi\u00f3, al requer\u00edrsele ese informe \"de convalidaci\u00f3n\" del precedente informe de la entidad SEASA, el propio informe de dicha entidad, sin m\u00e1s datos, lo que fue oportunamente puesto de manifiesto por la propia Confederaci\u00f3n, que lejos de permanecer inactiva, contest\u00f3 que no se encontraba en condiciones de emitir el informe solicitado, al carecer de datos imprescindibles para poder hacerlo.\u201d (F.J. 9).<\/p>\r\n
\u201cPrecisamente en torno al car\u00e1cter vinculante del informe del Organismo de cuenca, la Administraci\u00f3n demandada plantea una matizaci\u00f3n que debemos estudiar. Admite al fin y al cabo la Generalidad (p\u00e1g. 33 de la contestaci\u00f3n) que el informe de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica adquiere car\u00e1cter vinculante en la medida que se limite a pronunciarse estrictamente sobre la inexistencia o insuficiencia de recursos h\u00eddricos asignables o la incompatibilidad de la asignaci\u00f3n con las previsiones de los planes hidrol\u00f3gicos. En tal caso, reconoce la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, \"el contenido del informe obliga a la Administraci\u00f3n urban\u00edstica, que no podr\u00e1 aprobar v\u00e1lidamente el Plan\" . En cambio, sostiene la Generalidad, el informe no reviste car\u00e1cter vinculante, m\u00e1s a\u00fan, se aparta ileg\u00edtimamente del \u00e1mbito que le es propio, si m\u00e1s all\u00e1 del pronunciamiento sobre la existencia o suficiencia, f\u00edsica o f\u00e1ctica, de recursos h\u00eddricos, pretende basar el juicio desfavorable en consideraciones referidas a la inexistencia de concesi\u00f3n u otro t\u00edtulo de derecho inscrito respecto del caudal de agua que demanda la nueva actuaci\u00f3n. En apoyo de esta distinci\u00f3n dial\u00e9ctica, alega la demandada que si hay recursos h\u00eddricos disponibles, el informe de la Confederaci\u00f3n debe ser favorable, y en tal supuesto no cabr\u00e1 justificar el informe desfavorable en apreciaciones acerca de la inexistencia o inutilidad a los efectos pretendidos de los t\u00edtulos de aprovechamientos invocados.<\/p>\r\n
No podemos compartir este planteamiento. El bloque normativo antes transcrito establece que el informe de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica ha de versar sobre el aprovechamiento y disponibilidad de los recursos h\u00eddricos, y esa disponibilidad no puede verse circunscrita a la mera existencia f\u00edsica del recurso, sino tambi\u00e9n a su disponibilidad jur\u00eddica, pues, cuando se trata de verificar si existe o no agua para el desarrollo urban\u00edstico pretendido, de nada sirve constatar que la hay si luego resulta que no es jur\u00eddicamente viable su obtenci\u00f3n y aprovechamiento para el fin propuesto. En definitiva, el \u00e1mbito competencial de las Confederaciones Hidrogr\u00e1ficas se extiende con toda legitimidad no s\u00f3lo a la constataci\u00f3n t\u00e9cnica de la existencia del agua sino tambi\u00e9n a la ordenaci\u00f3n jur\u00eddica de los t\u00edtulos de aprovechamiento (de su obtenci\u00f3n, disponibilidad y compatibilidad), y ambas cuestiones pueden y deben ser contempladas de forma inescindible, conjunta y arm\u00f3nica, cuando se trata de formar criterio sobre la disponibilidad de agua para la ordenaci\u00f3n urban\u00edstica proyectada, de manera que no cabe atribuir car\u00e1cter vinculante a una pero no a la otra.\u201d (F.J. 12).<\/p>\r\n
\u201cEn primer lugar, atendidas las circunstancias aqu\u00ed concurrentes, resulta sorprendente que la Comisi\u00f3n Territorial de Urbanismo supeditase la aprobaci\u00f3n del Plan a la obtenci\u00f3n del informe de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica cuando ese informe ya exist\u00eda, se hab\u00eda emitido y se hab\u00eda aportado a la Comisi\u00f3n, pronunci\u00e1ndose de forma clara y tajante en contra de la aprobaci\u00f3n del Plan desde la perspectiva que le es propia (y eso a pesar de que la misma Confederaci\u00f3n hab\u00eda reprochado la falta de remisi\u00f3n de todos los antecedentes necesarios para formar su criterio, no obstante lo cual indic\u00f3 de todos modos, de forma rotunda, su parecer desfavorable a la aprobaci\u00f3n del Plan). Teniendo ya la Comisi\u00f3n ese informe en su poder, no se alcanza a comprender qu\u00e9 otro informe de la Confederaci\u00f3n echaba de menos y quer\u00eda recabar.<\/p>\r\n
Por lo dem\u00e1s, al margen de las circunstancias de este caso, ya hemos dejado anotado que la aprobaci\u00f3n supeditada es realmente una aprobaci\u00f3n definitiva, derivando de esta caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica que no puede adoptarse sin el informe previo y favorable de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica, por lo que mal puede aceptarse que se prescinda de ese informe a la hora de aprobar el Plan mediante el artificio de diferir su obtenci\u00f3n a un momento posterior. Como resulta del art\u00edculo 41 de la Ley auton\u00f3mica valenciana Reguladora de la Actividad Urban\u00edstica 6\/1994, la aprobaci\u00f3n supeditada es un cauce procedimental que permite aprobar los Planes urban\u00edsticos cuando se aprecian reparos a esa aprobaci\u00f3n definitiva, siempre y cuando esos reparos \"son de alcance limitado y pueden subsanarse con una correcci\u00f3n t\u00e9cnica espec\u00edfica\" <\/em>. Pues bien, nos parece evidente que un tr\u00e1mite tan esencial como es el informe favorable de la Confederaci\u00f3n no puede degradarse a tan modesto nivel, dado el car\u00e1cter sustantivo y nuclear que reviste ese informe de cara a la aprobaci\u00f3n del Plan. Al expresar esto no nos estamos situando en el plano de la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del Derecho auton\u00f3mico, sino que traemos a colaci\u00f3n la norma auton\u00f3mica a fin de verificar si se han respetado o no las exigencias del Derecho estatal, consagradas en el art\u00edculo 25.4 de la ley de Aguas en relaci\u00f3n con la disposici\u00f3n adicional segunda, apartado 4o, de la Ley 13\/2003 .\u201d (F.J. 13).<\/p>\r\n
\u201cSiendo, pues, claro que, en el supuesto enjuiciado, se aprob\u00f3 un Plan de ordenaci\u00f3n urban\u00edstica pese al informe desfavorable de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica, resulta evidente que el recurso contencioso-administrativo ha de prosperar en el sentido pretendido por el Abogado del Estado, esto es, en el de declarar la nulidad del Acuerdo, de 18 de abril de 2007, de la Comisi\u00f3n Territorial de Urbanismo de Valencia, por el que se aprob\u00f3 el Plan General de Ordenaci\u00f3n Urbana de Enguera, conforme a lo establecido concordadamente en los art\u00edculos 62.2 de la Ley 30\/1992 , 68.1 b ), 70.2 , 71.1 a ) y 72.2 de la Ley de esta Jurisdicci\u00f3n .\u201d (F.J. 14).<\/p>\r\n
Comentario de la autora:<\/strong><\/p>\r\n
Esta sentencia es un ejemplo del Estado de Autonom\u00edas que tenemos en el que prevalecen las competencias estatales frente a las auton\u00f3micas. La sentencia realiza una interpretaci\u00f3n extensa de los diferentes \u00edtems planteados. Cabe decir que la argumentaci\u00f3n expuesta no es, sin embargo, novedosa, en tanto que ya hab\u00eda tenido ocasi\u00f3n de plantear estos argumentos en sentencias previas, a las que se refiere. Se trata de sentencias bastante recientes, del a\u00f1o 2009, 2010, 2011 y, sobretodo,\u00a0 2012. \u00a0Tambi\u00e9n se refiere a Sentencias del Tribunal Constitucional. \u00a0<\/p>\r\n
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate)
Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora Lectora de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ: STS 276/2013
Temas Clave: Urbanismo; Aguas; informe de la Confederación Hidrográfica sobre disponibilidad de recursos hídricos; coordinación entre Administraciones públicas: Estado y Comunidad Autónoma
Resumen:
Esta sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo (Sección Primera) del TSJ de la Comunidad Valenciana, de 2 de abril de 2009, en recurso contencioso administrativo, sostenido por el Abogado del Estado contra el Acuerdo de 18 de abril de 2007 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, por el que
“Information et participation”. Droit de l’environnement, n. 206, noviembre 2012, pp. 350-357
MASINI, Stefano. “Diritto all’informazione ed evoluzione in senso “personalista” del consumatore (Osservazioni a margine del nuovo regolamento sull’etichettatura di alimenti)”. Rivista di Diritto Agrario, n. 4, 2011, pp. Rivista di Diritto Agrario, n. 4, 2011, pp. 576-588
“Zugangsanspruch zu Umweltinformationen; gesetzesvorbereitende Tätigkeit; Vertraulichkeit der Beratungen”. Natur und Recht, vol. 34, n. 12, diciembre 2012, pp. 849-852
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2012. (Ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE Núm. 10, de 11 de enero de 2013
Temas Clave: Plan hidrológico nacional; Trasvase de aguas del Ebro; Recursos naturales
Resumen:
Se analiza por el Pleno del Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modificó la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico nacional (se tramitó posteriormente como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, dando lugar a la Ley 11/2005, de 22 de junio). En realidad, se modifica
ALMAGRO NOSETE, José. “Sobre la intervención provocada que admite la disposición adicional séptima de la Ley de Ordenación de la Edificación”. Diario La Ley (Estudios doctrinales), n. 7982, 2012
Eficiencia energética:
“OVG Münster, Urteil vom 12. Juni 2012 – 8 D 38/08.AK. Steinkohlekraftwerk Datteln IV: Verbandsklage gegen einen immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid”. Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR), n. 12, 2012
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala sexta), de 4 de octubre de 2012, asunto C-403/11, por la que se resuelve el recurso por incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE, marco de aguas, interpuesto por la Comisión contra el Reino de España
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: http://curia.europa.eu
Temas clave: Aguas, Directiva “marco” de aguas, planificación hidrológica, incumplimiento de Estado.
Resumen:
La Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/60/CE, “marco” de aguas, al no haber adoptado ni notificado a la Comisión y a los demás Estados miembros interesados los planes hidrológicos de cuenca en cada demarcación hidrológica y al no haber tomado determinadas medidas de información y
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\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\r\n
