Movilidad sostenible:
SOCAS GIL, Yohany Celeste; HERNÁNDEZ PONCE, Luis Enrique. Movilidad sostenible: estrategia fundamental para la transformación integral de la zona industrial Villa Lucre, Panamá. Revista Americana de Urbanismo, n. 1, 2019, pp. 187-230.
Ordenación del territorio:
NORIEGA MORENO, Ledy Helena. Planificación territorial y sostenibilidad ambiental: los conflictos territoriales entre la población, la industria petrolera y la naturaleza en el municipio de Barrancabemeja, Santancer-Colombia. Revista Americana de Urbanismo, n. 1, 2019, pp. 111-156.
VÁSQUEZ SANTAMARÍA, Jorge Eduardo. El paisaje en el ordenamiento territorial en Medellín. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 48, n. 129, julio-diciembre 2018, pp. 587-611. Disponible en: https://doi.org/10.18566/rfdcp.v48n129.a11 (Fecha de último acceso 30-09-2020).
Organizaciones no gubernamentales (ONG):
MUÑOZ MÁRQUEZ, Luz; MOYA MALAPEIRA, David. NGOs environmental legal mobilization and their access to the Spanish Supreme Court. Oñati socio-legal series, vol. 9, n. 3, 2019, pp. 308-332. Disponible en Internet: https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1061 (Fecha de último acceso 28-08-2020).
Organismos modificados genéticamente (OMG):
CABRERA MEDAGLIA, Jorge. Digital Sequence Information (DSI) and national measures: approaches and perspectives. SouthViews, n. 205, agosto 2020, 7 p. Disponible en: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/08/SouthViews-Cabrera.pdf (Fecha de último acceso 22-09-2020).
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Sentencia 96/2020, de 21 de julio del Tribunal Constitucional (Ponente Juan José Gonzalez Rivas)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE número 220, de 15 de agosto de 2020
Palabras clave: Monte público forestal. Deslinde. Catalogación. Utilidad pública
Resumen:
El objeto de inconstitucionalidad se plantea por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, respecto del art. 6.1.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía, por posible vulneración del art. 149.1.18 CE.
«Artículo 6.
1. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley, la Comunidad Autónoma ostenta las potestades siguientes:
[…]
3. Investigar, deslindar y recuperar de oficio los montes públicos.»
Se plantea que el precepto cuestionado, al atribuir a la administración forestal autonómica la potestad de deslinde de todos los montes públicos, entra en contradicción con la normativa básica [art. 21.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes (LM, en lo sucesivo)], que reserva esta potestad a la administración titular
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 10 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-administrativo. Sección 1, Ponente: Rafael Pérez Nieto)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 4155/2020 – ECLI: ES:TSJCV:2020:4155
Palabras clave: Paisaje Protegido. Red Natura 2000. Espacio natural.
Resumen:
El objeto de la impugnación del presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por “Grupo Montepiedra” SA es el Decreto núm. 190/2008, de 19 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que declara paisaje protegido la Sierra Escalona y su entorno (DOGV núm. 8413).
Esta empresa es propietaria de 650.0000 m2, los cuales han sido incluidos en el espacio del paisaje protegido de la Sierra Escalona y su entorno.
En su tramitación, solicitó la exclusión de sus terrenos al considerarlos que no albergaban suficientes valores naturales para ello, para lo cual aportó informe pericial según el cual la finca no es representativa de mosaico paisajístico de la Comunitat Valenciana y que se considera paisaje agrícola por el PATIVEL, con una calidad
Economía circular:
PERNAS GARCÍA, J. José. La contratación pública como herramienta para la transición hacia una economía circular: recientes desarrollos estratégicos y previsiones del Anteproyecto de Ley de Residuos. Verde y circular blog jurídico, 30 julio, 2020. Disponible en Internet: https://josepernas.com/2020/07/30/la-contratacion-publica-como-herramienta-para-la-transicion-hacia-una-economia-circular-recientes-desarrollos-estrategicos-y-previsiones-del-anteproyecto-de-ley-de-residuos/ (Fecha de último acceso 07-08-2020).
Edificación:
CABRAL GONZÁLEZ-SICILIA, Ángel. Los proyectos de obras públicas ordinarias en Andalucía. Actualidad administrativa, n. 5, 2020
Educación ambiental:
ESPINOSA ROJAS, Diana. El Policía Ambiental en el Valle de Aburrá: un estudio de Representaciones Sociales de Educación Ambiental y Medio Ambiente. Cadernos de Dereito Actual: Universidade de Santiago de Compostela, n. 13, 2020, pp. 457-473. Disponible en Internet: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/445 (Fecha de último acceso 04-08-2020).
Emisión de contaminantes a la atmósfera:
PEKKARINEN, Veera. Going beyond CO2: strengthening action on global methane emissions under the UN climate regime. Review of European, Comparative and International Environmental Law (RECIEL), abril 2020, pp. 1-13. Disponible en Internet: https://doi.org/10.1111/reel.12329 (Fecha de último acceso 28-07-2020).
TORNEY, Diarmuid; O’GORMAN, Roderic. Adaptability versus certainty in a carbon emissions reduction regime: an assessment of the EU’s 2030 Climate and Energy Policy Framework. Review
Decreto-Ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la “Nueva Normalidad”
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOE número 4 de 20 de junio de 2020
Temas Clave: Covid-19. Estado de alarma. Red Natura 2000. Agroforestales. Incendios forestales. Interés general.
Resumen:
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación internacional supone un riesgo para la salud pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada. En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2020 aprobó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, haciendo uso de la habilitación otorgada el artículo 116 de la Constitución Española, que prevé la declaración del estado de alarma
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