En los últimos meses el TJCE ha realizado varias condenas por incumplimiento del Derecho comunitario que no merecen un trato particularizado y en profundidad,. Por ello incluimos esta breve entrada con la finalidad de aludir a su contenido básico.
En primer lugar, El TJCE ha sancionado al Reino Unido por falta de transposición de la Directiva 2005/35 del Parlamento europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación causada por los buques y a la introducción de sanciones en caso de infracción (DOUE L 255), mediante sentencia de 9 de julio de 2009, asunto C-557/08. Asimismo, y en segundo término, el TJCE ha condenado a Reino Unido por incumplimiento de la Directiva 85/337 de evaluación de impacto ambiental, mediante sentencia de 12 de noviembre de 2009, asunto C‑495/08. El TJCE considera que dicho Estado no ha cumplido las obligaciones de la citada Directiva, al no haber adoptado normativa alguna en Gales que prevea que las revisiones de planes minerales («ROMP») estén sujetas a los requisitos de la Directiva.
Título: “Evolución e deficiencias do Dereito ambiental en Galicia”
Autor: Alba Nogueira López, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela
Fecha de recepción: 20 de septiembre de 2009
Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2009
Resumen:
Este trabajo pretende hacer una evaluación del Derecho Ambiental en Galicia desde la constitución de las instituciones autonómicas hasta el presente e indicar los principales trazos de la política y el derecho ambiental en Galicia. Para eso, es preciso hacer una aproximación a cuál es el estado del medio ambiente y cuáles son los principales problemas del medio ambiente en Galicia en este momento,
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (BOE, 13 de junio de 2009)
El presente real decreto tiene por objeto el establecimiento de medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos que sobre el medio ambiente, en particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos para la salud humana puedan producir la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, y, fundamentalmente, la gestión de los residuos mineros.
Incorpora al ordenamiento interno español la Directiva 2006/21/CE, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Tiene carácter básico y pretende unificar y mejorar las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente en elámbito de la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales regulado por la Ley de Minas.
Este reglamento deroga las siguientes disposiciones:
Fuente: Consejo de Ministros, 12 de junio de 2009
El Consejo de Ministros ha aprobado el día 12 de junio un Real Decreto por el que se traspone al ordenamiento jurídico español una Directiva comunitaria de 2006 sobre gestión de los residuos de industrias extractivas. El nuevo texto legal unifica en una sola disposición el régimen recogido en diversos Reales Decretos y Órdenes Ministeriales en materia de protección del medio ambiente en las actividades de investigación y aprovechamiento de los recursos minerales regulados por la Ley de Minas.
Los promotores de actividades mineras deberán presentar un Plan de restauración, que tendrá que aprobarse conjuntamente con el permiso de investigación o la autorización o
Acaba de publicarse o Informe Valedor do Pobo 2008 (Galego).
Destacamos a continuación os extractos do informe que consideramos máis relevantes desde a perspectiva ambiental, clasificados de acordo cos temas máis salientábeis tratados no informe:
1. As disposicións transitorias en materia de solos e a legalización de actividades mineiras
Sobre a aplicación de rexímenes transitorios para a legalización de actividades mineras sin licencia, o Informe do Valedor sinala que “A permanente apertura da oferta de legalizacións extraordinarias trae como consecuencia que a situación de indefinición continúe, e, en definitiva, que non se adopten medidas, nun sentido ou noutro, respecto dun número considerable de explotacións sen licenza.”
“Pero tamén resulta rechamante que a posibilidade de solicitude de regularización se considere aberta, co que o proceso de interinidade e falta de actuación para a reposición da legalidade parece prolongarse por un tempo desproporcionado. Xa con motivo do coñecemento das queixas citadas concluímos que era necesario dar outro tratamento á materia e recomendamos (a CPTOPT, a CII e a CMADS) que se corrixan os aspectos sinalados, e en concreto que se aclarase o prazo de aplicación da DT 12 [Ley 9/2002 de solo de Galicia], de acordo coa
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