Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de febrero de 2016 (Ponente: Encarnación Roca Trías)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE Núm. 71, de 23 de marzo de 2016
Temas Clave: Bienes de dominio público marítimo-terrestre; Zona portuaria; Usos comerciales y de restauración; Planificación; Cambio climático
Resumen:
En la estela de las sentencias comentadas en los últimos meses relativas a los recursos de inconstitucionalidad formulados contra varios preceptos y disposiciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas; en este caso concreto le toca al turno al promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Me ceñiré al apartado 16 del artículo 1 y a la disposición adicional octava, apartado 2; que no fueron abordadas en anteriores resoluciones.
La tacha de inconstitucionalidad versa sobre el segundo párrafo del nuevo apartado 4 del art. 49 de la Ley de costas 1988, que dice textualmente:
“En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jose Juan Suay Rincon)
Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili (acreditada a contratada doctora por ANECA) e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ: STS 544/2016 – ECLI:ES:TS:2016:544
Temas Clave: Planificación; Plan de ordenación del litoral; autonomía local; estudio de sostenibilidad económica
Resumen:
El Ayuntamiento de A Illa de Arousa en Galicia, interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 5 de junio de 2014 , por cuya virtud se desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Concello de A Illa de Arousa (Pontevedra) contra el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Galicia, aprobado por Decreto no 20/2011, de 10 de febrero, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.
El Ayuntamiento alega dos motivos de impugnación, el primero en relación con la vulneración de la autonomía local y el segundo en relación con el estudio de sostenibilidad económica.
Título: “Los retos de la energía eólica marina en España: el papel de las C.C.A.A. y la ordenación de los espacios marinos ante la Directiva 2014/89/UE”
Title: “The challenges off shore wind energy in Spain: the role of the regional governments and the management of marine spaces before the Directive 2014/89/UE”
Autor: Vicente Díaz Lagares, Abogado, Maestría en Derecho y Medio Ambiente, Universidad Internacional de Andalucía y Universidad de Huelva, abogado@vicentediazlagares.com
Fecha de recepción: 15/12/ 2015
Fecha de aceptación: 25/ 02/2016
Resumen:
El objeto de este artículo consiste en el estudio de la necesaria articulación y ordenación de los sectores, materias e intereses concurrentes en el proceso de implantación generalizada de la energía eólica off shore, con especial hincapié en el papel que deben desempeñar las Comunidades Autónomas, los obstáculos existentes y las posibles vías para superarlos, sin pretender, no obstante, hacer un análisis exhaustivo y pormenorizado del régimen jurídico, a todos los niveles normativos, de las energías renovables en general y de la eólica marina en particular.
Abstract:
The purpose of this article is the study of the necessary coordination and management of the sectors, subjects and interests regarding the process of widespread deployment of off shore wind energy,
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: DOG núm. 34, de 19 de febrero de 2016
Temas clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; Suelos; Urbanismo
Resumen:
A través de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, se ha procedido a dictar por esta Comunidad Autónoma una nueva Ley que sustituye a la anterior Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, y las diferentes leyes que la modificaron. Además, la nueva Ley gallega se adapta a los nuevos predicamentos que, desde la legislación básica de suelo estatal, se derivaron, primero de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y después de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, y que hoy han quedado encuadradas en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
En este sentido, la Ley comentada tiene por objeto -artículo 1- la protección y la ordenación urbanística de Galicia, de
Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística y Decreto Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de las Illes Balears
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: BOIB núm. 6 y 11, de 13 y 23 de enero de 2016
Temas clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; suelos; Turismo sostenible; Urbanismo
Resumen:
A través del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística, se modifican las siguientes leyes:
-Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo.
-Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Islas Baleares.
-Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Islas Baleares.
-Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
-Ley 6/1999, de 3 de abril, de directrices de ordenación territorial y de medidas tributarias.
-Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares.
Estas modificaciones tienen como objeto, con carácter general, poner a coto a los excesos cometidos a través de los procedimientos de
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