Fiscalidad ambiental:
CAUDAL, Sylvie. “Chronique de la Fiscalité Française de l’Environnement en 2014”. Revue juridique de l’environnement, n. 2, junio 2015, pp. 329-342
Fractura hidráulica (Fracking):
ALEGRE ÁVILA, Juan Manuel. “La fractura hidráulica (“fracking”) ante el Tribunal Constitucional”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 299, 2015, pp. 131-188
HAWKINS, Joanne. “Fracking: Minding the gaps”. Environmental Law Review, vol. 17, n. 1, marzo 2015, pp. 8-21, [en línea]. Disponible en Internet: http://elj.sagepub.com/content/17/1/8.full.pdf+html [Fecha de último acceso 2 de noviembre de 2015].
MUÑOZ AMOR, María del Mar; NAVARRO RODRÍGUEZ, Pilar. “La evaluación de impacto ambiental y la trascendencia del concepto de “acumulación de proyectos” del Anexo III de la Directiva 85/337/CEE en relación con la fractura hidráulica: reciente doctrina del TJUE”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 299, 2015, pp. 107-130
Gestión de riesgos:
ORAEE-MIRZAMANI, Behdeen. “An Assessment of CCS Risk Analysis Mechanisms used by EU Commission”. European Energy and Environmental Law Review, vol. 24, n. 2, abril 2015, pp. 35-41
SUBRAMANIAN, S. R. “Science-based Risk Regulation under the SPS Agreement of the WTO: An Appraisal Post-US/Canada Continued Suspension of Obligations in the EC-Hormones Dispute”. European Energy and Environmental Law Review, vol. 24, n. 3,
Sentencia del Tribunal Superior de Asturias de 6 de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Ponente: Luis Querol Carceller)
Autor: José Antonio Ramos Medrano. Técnico de Administración General. Ayuntamiento de Madrid
Fuente: Sentencia Núm. 544/2015. Pendiente de publicación CENDOJ
Temas Claves: Derecho a la participación en temas medioambientales; Trámite de información pública
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha aceptado el recurso interpuesto por dos asociaciones ecologistas (Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA) y Grupo de Ornitoloxía “Mavea) contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma de 12 de marzo de 2014, por el que se aprobó el Plan de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2008/98/CE y en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, sustituyendo al anterior Plan Básico de Gestión de Residuos del Principado de Asturias 2001-2010.
La gestión de residuos en Asturias es gestionada por el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA), en el que, además de la Comunidad Autónoma, participan los 78 municipios asturianos, y sus instalaciones están ubicadas en el complejo que este consorcio tiene en los
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala quinta), de 6 de octubre de 2015, asunto C-71/14, por el que se resuelve un recurso prejudicial sobre la interpretación de los artículos 5 y 6 de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-71/14
Temas clave: Convenio de Aarhus, acceso a la información ambiental, coste del acceso a la información ambiental
Resumen:
La cuestión prejudicial fue presentada en el marco de un litigio entre Consejo del Condado de East Sussex, y el Comisario de Información, a propósito de una resolución de este último que declara ilícita una contraprestación económica exigida por el Consejo del Condado por suministrar información medioambiental a PSG Eastbourne, una empresa de búsqueda inmobiliaria.
La empresa de búsqueda inmobiliaria PSG Eastbourne en su día había formulado una solicitud de información medioambiental ante el Consejo del Condado, con el fin de facilitar la información obtenida con fines comerciales a los interesados en dicha transacción. El Consejo
Estimados lectores:
Por segundo año consecutivo, tenemos el placer de ofrecerles la Memoria 2014 que gustosamente nos ha facilitado en primicia la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, que detalla el proceso evolutivo del quehacer de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo a lo largo del año 2014. Este documento complementa lo puesto de manifiesto en las respectivas memorias de las Secciones de Medio Ambiente de las distintas Fiscalías del país.
Se mencionan las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Fiscalía a lo largo de 2014, sus relaciones institucionales nacionales e internacionales, y su participación en propuestas legislativas e intervención en la tramitación de procedimientos de naturaleza jurídico ambiental, tales como residuos, urbanismo, incendios forestales, flora y fauna, caza y pesca ilegales, especies protegidas, furtivismo, maltrato animal, contaminación de aguas, vertidos ilegales, sustancias peligrosas, minería, contaminación electromagnética, responsabilidad civil ambiental.
Finalmente, ofrece las Conclusiones de la VII Reunión Anual de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, además del Informe emitido como resultado del oficio del Fiscal General del Estado, en el que se interesa una revisión de las circulares, instrucciones y consultas en temas relacionados con el medio ambiente. Igualmente, añade los Informes sobre
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Autora: Jennifer Sánchez González. Investigadora predoctoral de la Universidade da Coruña
Fuente: BOE núm. 227, de 22 de septiembre de 2015
Temas Clave: Patrimonio natural y biodiversidad; Gestión del medio marino; Gestión de espacios protegidos; Información ambiental; Responsabilidad de la Administración pública.
Resumen:
A través de esta norma se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo.
La finalidad de esta norma, según su Preámbulo, es la mejora de ciertos aspectos de la aplicación de la Ley 42/2007, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los espacios protegidos.
Por otro lado, tiene por objeto garantizar la correcta aplicación del derecho internacional y la incorporación de la normativa de la Unión Europea al ordenamiento jurídico nacional. Para
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