Evaluación de Impacto Ambiental (EIA):
AULIFFE MENCHACA, Florencia Mac; SCAGLIOTTI RIVERA, José Pedro. Enfoque por ecosistemas en las medidas de compensación de biodiversidad en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Revista de Derecho Ambiental, n. 12, 2019, pp. 109-132. Disponible en: DOI: 10.5354/0719-4633.2019.54157 (Fecha de último acceso 27-01-2021).
CARRASCO QUIROGA, Edesio; BENÍTEZ URETA, Rodrigo; SAS BRUNSER, Ana; et al. Evaluación ambiental y cambio climático: Criterios para su correcta determinación en el marco de proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Revista de Derecho Ambiental (Universidad de Chile), n. 13, junio 2020, pp. 59-82. Disponible en: DOI: 10.5354/0719-4633.2020.54248 (Fecha de último acceso 02-02-2021).
DONOSO CÁCERES, Alejandra. Justicia Ambiental y participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales. Revista de Derecho Ambiental, n. 10, 2018, pp. 26-47. Disponible en: DOI: 10.5354/0719-4633.2018.51852 (Fecha de último acceso 27-01-2021).
GAJARDO MATTHEWS, Paula. Reflexiones en torno a la consideración del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Revista de Derecho Ambiental, n. 12, 2019, pp. 109-132. Disponible en: DOI: 10.5354/0719-4633.2019.54148 (Fecha de último acceso 27-01-2021).
LUENGO TRONCOSO, Sebastián; PRIETO PRADENAS, Magdalena. La mitigación del
La Comunidad Valenciana aprueba la Resolución por la que se revoca la delegación del ejercicio de competencias en materia de evaluación de impacto ambiental. (Resolución de 27 de noviembre de 2020)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGV número 8989 de 5 de enero de 2021
Palabras clave: Competencias. Evaluación impacto ambiental. Proyectos.
Resumen:
El Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, determina el número y la denominación de las consellerias y sus atribuciones, entre las que se encuentra la conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y transición Ecológica, el Decreto 7/2019, de 20 de junio, del president de la Generalitat, determina las secretarias autonómicas de la Administración del Consell y el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, atribuye la competencia para la evaluación de proyectos a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, siendo competencia de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 11 de diciembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Francisco Javier Cambon García)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ GAL 6191/2020- ECLI: ES: TSJ GAL:2020: 6191
Palabras Clave: Declaración de Impacto Ambiental. Energía. Energía eólica. Energías Renovables. Evaluación de impacto ambiental. Red Natura 2000. Planificación. Zona de especial conservación (ZEC). Zona de especial protección para las aves (ZEPA).
Resumen:
Para este análisis, se toma como referencia la STSJ GAL 6191/2020, si bien, en la misma fecha, se han publicado otros dos pronunciamientos con un contenido prácticamente idéntico[1]. Distintas asociaciones ecologistas impugnaron la Resolución de 4 de julio, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se publicó el Acuerdo del Concejo de la Junta de 27 de junio de 2019, de aprobación de la modificación del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal del Parque Eólico (PE) de Oribio.
Las actoras esgrimen cinco motivos de nulidad: i) La DIA del proyecto del
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 6 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Inmaculada Donate Valera)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CLM 2040/2020 – ECLI: ES: TSJ CLM: 2020: 2040
Palabras clave: Declaración de Impacto Ambiental. Evaluación de Impacto Ambiental. Caducidad. Urbanismo.
Resumen:
En el presente supuesto, se impugna la Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 4 de noviembre de 2015, que desestimó el recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, de 14 de diciembre de 2012, por la que se declaró la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Cantera Río Viejo”.
En su Resolución de 2012, la Administración consideró aplicables las determinaciones de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental, derogada por la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Comentario Dictamen N°E39766N20 de la Contraloría General de la República
Autor: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada, Katia Spoerer Rodrik, ayudante Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile[1].
Fuente: Dictamen N°E39766N20 de la Contraloría General de la República
Palabras clave: Medio ambiente. Área de preservación ecológica. Áreas bajo protección oficial. Proyectos. Evaluación de impacto ambiental. Permisos de edificación.
Resumen:
Con fecha 30 de septiembre de 2020, la Contraloría General de la República[2] emitió el Dictamen N°E39766, a raíz de una solicitud de pronunciamiento realizada por la Superintendencia de Medio Ambiente (“SMA”), en relación al rol que juegan las áreas de preservación ecológica establecidas en los planes reguladores para efectos de la aplicación del artículo 10 letra p) de la Ley 19.300, que establece que deben ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, la
“Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, humedales urbanos o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.
La solicitud
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