Título: “Fracturación hidráulica y comunidades autónomas: a propósito de dos proposiciones de ley presentadas en Andalucía”
Fecha de recepción: 19/ 1/ 2015
Fecha de aceptación: 12/ 02/2015
Autor: Juan Diego Sández Arana. Máster en Derecho y Medio Ambiente por la Universidad Internacional de Andalucía-Universidad de Huelva. Doctorando. Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.
Resumen:
En los últimos años, el empleo de la técnica de la fracturación hidráulica –en inglés, fracking– para la explotación de hidrocarburos no convencionales ha generado largos e intensos debates en el seno de foros nacionales e internacionales. Su éxito en Estados Unidos ha ido unido a la discusión sobre sus consecuencias económicas y geopolíticas. No obstante, las mayores preocupaciones para instituciones, gobiernos y ciudadanía han sido creadas por sus posibles repercusiones medioambientales.
En España, el Gobierno central tiene una visión positiva hacia la fracturación hidráulica, pero algunas Comunidades Autónomas han publicado leyes con el objeto de prohibirla en su territorio, aunque algunas de estas normas ya han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, además, fueron admitidas a trámite dos proposiciones de ley sobre fracking, cuyo contenido es analizado en el presente artículo.
Palabras clave: fracturación hidráulica, hidrocarburos,
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala sexta), de 22 de octubre de 2014, asunto C-429/13, por la que se resuelve el recurso de casación interpuesto por el Reino de España y se anula la sentencia del Tribunal General y la Decisión de la Comisión Europea por la que se redujeron las ayudas del Fondo de Cohesión concedidas a tres proyectos medioambientales españoles por supuestas irregularidades en la contratación pública
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: http://curia.europa.eu
Temas clave: Fondos de cohesión, contratos públicos, adjudicación, obras de saneamiento y depuración
Resumen:
Mediante su recurso de casación, el Reino de España solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea España/Comisión, mediante la que éste desestimó su recurso dirigido a la anulación de la Decisión C (2010) 4147 de la Comisión, de 30 de junio de 2010, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a los siguientes (grupos de) proyectos: “Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo”, “Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala octava), de 9 de octubre de 2014, asunto C-641/13P, por la que se resuelve el recurso de casación interpuesto por el Reino de España contra la sentencia del Tribunal General que confirmó la reducción de las ayudas del Fondo de cohesión destinadas a la financiación del saneamiento y la depuración en la cuenca del Júcar
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: http://curia.europa.eu
Temas clave: Fondos de cohesión, contratos públicos, criterios de adjudicación, experiencia previa, obras de saneamiento y depuración
Resumen:
El Reino de España interpone recurso de casación solicitando la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 que desestimó su pretensión de anulación de la Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 2006, por la que se redujo la ayuda financiera concedida mediante el Fondo de Cohesión a un grupo de proyectos referidos al saneamiento de la cuenca hidrográfica del Júcar.
El motivo de la citada Decisión de la Comisión por la que se redujo la cuantía de los fondos de cohesión destinados, se basó en que la adjudicación de tales contratos
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de marzo de 2014 Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, asunto C-300/13
Autor: J. José Pernas García, profesor titular de Derecho administrativo de la Universidade da Coruña
Palabras clave: Procedimiento prejudicial; Directiva 85/337/CEE; evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente; construcción de determinadas líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica; ampliación de una subestación eléctrica; no sujeción del proyecto a evaluación de impacto ambiental
Resumen:
En este asunto la petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997. Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre, por una parte, el Ayuntamiento de Benferri y, por otra parte, la Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana e Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, en relación con la Resolución de la citada Consejería, de
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Maria del Pilar Teso Gamella)
Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ: STS 1247/2014
Temas Clave: Reglamento del Dominio Público Hidráulico; plazo máximo de concesión administrativa; Evaluación de Impacto Ambiental
Resumen:
Esta sentencia resuelve el recurso contencioso administrativo mediante el cual se impugna el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. En él se cuestiona la legalidad del artículo primero apartados 7, 9, 13 y 19 que comporta la impugnación de los artículos 88.4; 97; 153.1; y 126bis.5 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico tras su modificación mediante RD 1290/2012.
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