Dominio público:
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CHINCHILLA PEINADO, Juan Antonio. “La Ley 2/2013, de Protección y Uso Sostenible del Litoral, y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de costas”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 295, enero-febrero 2015, pp. 137-180
Dominio público hidráulico:
SIMÓN ÁLVAREZ, Cristina. “Requisitos legales del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía”. Ecoiuris: la página del medio ambiente, 14 mayo 2015, pp. 1-5
Dominio público marítimo-terrestre:
JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, Francisco Javier. “Los efectos de la modificación de la Ley de Costas sobre el régimen jurídico de los puertos autonómicos”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 295, enero-febrero 2015, pp. 45-99
MENÉNDEZ REXACH, Ángel. “Definición legal de la ribera del mar: las novedades del Reglamento de Costas”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente,
Se aprueba el Decreto 67/2015, de 14 de abril, por el que se deroga el Decreto 160/2010, de 16 de julio, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, mediante parques eólicos, en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOE núm. 74, de 20 de abril de 2015
Temas Clave: Energías renovables; Energía eólica; Gases efecto invernadero
Resumen:
El objeto de este Decreto es derogar el anterior Decreto 160/2010, de 16 de julio, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, mediante parques eólicos, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La justificación de esta derogación se halla en que en este Decreto se establecen obligaciones a los promotores concernientes a la creación de empleo -3 empleos por MW- u optar por la entrega a las entidades locales afectadas por los aerogeneradores, de al menos el 8% de la facturación eléctrica obtenida.
Estas obligaciones que se imponen a los promotores, les supone un esfuerzo económico
Derechos fundamentales:
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