Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 105, de 1 de mayo de 2018
Temas Clave: Energía; Combustibles; Contaminación atmosférica; Información; Transporte
Resumen:
Como máximo, el 31 de diciembre de 2020, deben haberse reducido las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del carburante o por energía suministrados, hasta el 10 por ciento, un 6 por ciento con carácter obligatorio y el 4 por ciento restante indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de
Título: “La revisión del tratamiento jurídico de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)”
Title: “The Review of the Legal Treatment of Best Available Techniques”
Autor: Antonio Fortes Martín, Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid
Fecha de recepción: 20/04/ 2018
Fecha de aceptación: 23/05/2018
Resumen:
La aprobación del Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación nos sitúa, por la acción de la Directiva 2010/75 de emisiones industriales, ante una nueva forma de entender el alcance de las mejores técnicas disponibles. En este sentido, cabe apreciar una evolución en el tratamiento jurídico de las mejores técnicas disponibles desde su alumbramiento jurídico en la Directiva 96/61 hasta el momento presente. Evolución que descansa en su creciente normativización dejando de constituir meros documentos técnicos lo que provoca, en última instancia, unas consecuencias jurídicas nada desdeñables como quiera que las mejores técnicas disponibles pasan a ser parte del condicionado obligatorio de la autorización ambiental integrada.
Abstract:
The adoption of the new text of the Law of integrated pollution prevention and control situates us, by the action of Directive 2010/75 of industrial emissions, to a new way of understanding the scope of the best available techniques. In
Comentario Sentencia Corte Suprema de Colombia, de 5 de abril de 2018
Autora: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Centro de Derecho Ambiental[1]
Fuente: Corte Suprema de Justicia de Colombia STC4360-2018
Temas clave: Tutela; cambio climático; generaciones futuras; principio de solidaridad
Resumen
Un grupo de jóvenes y niños colombianos, entre 7 y 25 años de edad, presentaron acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de la cual alegan la protección de derechos “supralegales”: a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano, presuntamente vulnerados por el gobierno y las autoridades locales, quienes no habrían tomado las medidas necesarias para evitar la deforestación en la Amazonía colombiana, contribuyendo así a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Al respecto recuerdan los compromisos asumidos por el Estado de Colombia en el marco de la Ley 1753 de 2015 (sobre Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) y del Acuerdo de París de lograr la “(…) reducción de la deforestación y de emisión de gases de efecto invernadero en un contexto de cambio climático (…)”, entre los cuales destaca la obligación de disminuir “la tasa neta de deforestación
Cantabria aprueba su Estrategia de Acción frente al Cambio Climático 2018-2030
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOC núm. 78, de 20 de abril de 2018
Temas Clave: Cambio climático; Emisiones; Participación; Medidas
Resumen:
Finalizado el plazo de vigencia de la Estrategia Cántabra de Acción frente al Cambio Climático, formulada para el período 2008-2012 y con el fin de asumir su cuota de corresponsabilidad en el cumplimiento del objetivo global de reducción de emisiones, el Gobierno de Cantabria ha decidido acometer la elaboración de una nueva Estrategia de lucha frente al cambio climático que, partiendo de una metodología bottomup (de abajo-arriba), basada en la participación, incluya medidas de reducción de emisiones directas y cuantificables en los sectores difusos y de protección frente a impactos.
El objetivo principal de esta Estrategia es corresponsabilizarse con la consecución del objetivo español de reducción del 10% de las emisiones de GEI de los sectores difusos para 2020 respecto a los niveles de 2005, así como contribuir a que España cumpla en el 2030 la propuesta de objetivos de reducción del 26% de las emisiones de GEI respecto al año
Título: “Control e inspección en la prevención y control integrados de la contaminación”
Title: “Control and inspection in the integrated prevention and control of pollution”
Autora: Aitana De la Varga Pastor, Profesora Agregada (interina) en la Universitat Rovira i Virgili
Fecha de recepción: 30/04/ 2018
Fecha de aceptación: 03/05/2018
Resumen:
Este trabajo es fruto de la ponencia expuesta en el marco del veinte aniversario de la regulación de la prevención y control integrados de la contaminación celebrado en la Universidad de Huelva en octubre de 2017. En ella se abordan las aportaciones de la directiva de emisiones industriales en lo que atañe a la inspección ambiental de las actividades. Se analiza de forma especial la regulación básica estatal sobre la inspección ambiental de las actividades sometidas a autorización ambiental integrada, tanto por el texto refundido como por el reglamento que la desarrolla. Por otra parte, se aborda, en términos genéricos, la regulación de la inspección ambiental por parte de las Comunidades autónomas, prestando especial atención al desarrollo práctico de la misma. Por último, nos detenemos en la regulación que establece Catalunya sobre la inspección ambiental y en especial sobre las entidades colaboradoras de la administración, donde toman un especial protagonismo.
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