Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente BOCAN núm. 138, de 19 de julio de 2017
Temas Clave: Suelo; Medio ambiente; Territorio; Urbanismo; Intereses públicos y privados; Simplificación; Desarrollo sostenible; Paisaje, Movilidad sostenible, Eficiencia energética; Suelo rústico, suelo urbanizable y suelo urbano; Asentamientos rurales; suelos de protección económica; Técnicas de intervención administrativa; Usos; Ordenación del suelo; Principio de contención; Espacios naturales protegidos; Áreas de influencia socioeconómica; Actuaciones de dotación; Restablecimiento de la legalidad urbanística
Resumen:
En el preámbulo de esta norma se incide en la necesidad de normas y reglas que aseguren la protección, ordenación y uso del suelo insular que, a su vez, ordenen el conjunto de intereses, tanto públicos como privados, que confluyen sobre el mismo. Y se reconoce que las normas ambientales, territoriales y urbanísticas han contribuido de manera decisiva a la protección y a la ordenación del suelo, del territorio y del paisaje de las islas.
Sin embargo, también se declara cierto que estas normas se han revelado, en cierta medida, como una limitación
Aguas:
COLOM PIAZUELO, Eloy et al. “Bienes Públicos y patrimonio cultural”. Revista española de derecho administrativo: crónicas de jurisprudencia, n. 185, agosto 2017, pp. 259-279
GARCÍA RODRÍGUEZ, Helena Eguskiñe. “Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2016, por la que se estima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía y se condena al estado a abonar 17.101.544,82 euros en concepto de cantidades pendientes derivadas de la liquidación del convenio sobre gestión de las aguas del Guadalquivir”. Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública, n. 95, mayo-agosto 2016, pp. 161-180, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=113801 [Fecha de último acceso 27 de julio de 2017].
Derecho ambiental:
BLASCO HEDO, Eva. “Jurisprudencia Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia (mayo- agosto 2017)”. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 37, mayo-agosto 2017, pp. 167-189
BLASCO HEDO, Eva. “Reseñas de legislación estatal y autonómica (mayo- agosto 2017)”. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 37, mayo-agosto 2017, pp. 295-308
EMBID TELLO, Antonio Eduardo et al. “Medio ambiente”. Revista española de derecho administrativo: crónicas de jurisprudencia, n. 185, agosto 2017, pp. 281-306
KRÄMER, Ludwig. “La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal en matière d’environnement1er juillet 2015 –
Concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCAN núm. 140, de 21 de julio de 2017
Temas Clave: Áreas de influencia socioeconómica; Subvenciones; Desarrollo sostenible; Población
Resumen:
En la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentran declarados cuatro parques nacionales: Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (isla de La Palma), Parque Nacional de Garajonay (isla de La Gomera), Parque Nacional del Teide (isla de Tenerife) y Parque Nacional de Timanfaya (isla de Lanzarote).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, las leyes declarativas contemplarán el establecimiento de la correspondiente área de influencia socioeconómica en la que las administraciones públicas llevarán a cabo políticas activas para su desarrollo.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actividades en estas áreas de influencia socioeconómica, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a
Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOIB núm. 88, de 20 de julio de 2017
Temas Clave: Industria; Turismo; Sostenibilidad medioambiental; Seguridad industrial; Prevención y limitación de riesgos; Accidentes y siniestros; Política industrial; Planificación; Responsabilidad social empresarial
Resumen:
La economía del archipiélago balear se basa fundamentalmente en el sector servicios, representado fundamentalmente por el comercio y la hostelería, ambos directamente relacionados con la actividad turística. Aun reconociendo el peso del sector turístico, se plantea la necesidad de aumentar su rentabilidad, asegurando la sostenibilidad económica, laboral y medioambiental.
Las Islas Baleares no disponían de una norma de rango legal que, con una visión global e integradora, estableciera un marco adecuado para la regulación de la actividad industrial y su fomento. De ahí que uno de sus objetivos haya sido dotar a la sociedad balear del necesario marco legal completo que afecte a la actividad industrial. La presente ley trata de conjugar la debida atención de los intereses generales implicados en la actividad industrial con el máximo respeto a la libertad de empresa
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 14 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Fernando Socias Fuster)
Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora Agregada de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ: STSJ BAL 424/2017 – ECLI:ES:TSJBAL:2017:424
Temas Clave: Ley Balear 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears; Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo; indemnización; responsabilidad patrimonial; modificación clasificación del suelo; áreas de especial protección
Resumen:
En esta sentencia se resuelve recurso contencioso administrativo sobre responsabilidad patrimonial, en la que se reclama indemnización por haberse impedido el ejercicio de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de edificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 de la Ley de Suelo según texto refundido aprobado por RDL 2/2008. El recurso se interpone interesando indemnización por daños derivados de acto legislativo como desclasificación de los terrenos de su propiedad. En el recurso contencioso-administrativo se hace una disociación entre petición principal y subsidiaria de cuantía teniendo en cuenta dos posibilidades distintas. La primera,
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