Aguas:
EMBID IRUJO, Antonio et al. “Bienes Públicos y patrimonio cultural”. Revista española de derecho administrativo (Civitas), n. 183, febrero 2017, pp. 255-285
Costas:
MORILLO-VELARDE PÉREZ, José Ignacio. “La ley de Costas, la impugnación de Andalucía y la sentencia del Tribunal Constitucional 6/2016, de 21 de enero”. Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública, n. 93, septiembre-diciembre 2015, pp. 497-502, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112049 [Fecha de último acceso 12 de julio de 2016].
Derecho ambiental:
BOUAZZA ARIÑO, Omar. “Crónica Jurídica”. Ciudad y territorio: estudios territoriales, n. 192, verano 2017, pp. 371-375
EMBID TELLO, Antonio Eduardo et al. “Medio ambiente”. Revista española de derecho administrativo (Civitas), n. 183, febrero 2017, pp. 287-310
PICAZO RUIZ, Francisca. “Normativa estatal y autonómica”. Ciudad y territorio: estudios territoriales, n. 192, verano 2017, pp. 376-380
Energía eléctrica:
GRACIA RETORTILLO, Ricard et al. “Derecho administrativo económico”. Revista española de derecho administrativo (Civitas), n. 183, febrero 2017, pp. 311-320
Energías renovables:
GUICHOT REINA, Emilio. “Responsabilidad administrativa”. Revista española de derecho administrativo (Civitas), n. 183, febrero 2017, pp. 199-212
HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael. “El Tratado sobre la Carta de la Energía y el arbitraje internacional de inversiones en fuentes de energías renovables. Caso Charanne B.
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2017 (Sala Tercera, Sección 3, Ponente: Eduardo Espin Templado)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 1800/2017-ECLI:ES:TS:2017:1800
Temas Clave: Declaración de impacto ambiental; Evaluación de impacto ambiental (EIA)
Resumen:
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014, se declaró excluido del procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto “Protección del frente litoral de San Andrés”, consistente en la construcción de un espigón exento para la defensa de la costa ubicado en aguas que forman parte de la zona de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Tal exclusión lo era en uso de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en cuya virtud «el Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias, podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2017 (Sala Tercera, Sección 5, Ponente: César Tolosa Tribiño)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 1610/2017-ECLI:ES:TS:2017:1610
Temas Clave: Costas; Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los recursos naturales
Resumen:
Con fecha de 15 de septiembre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó sentencia en la cual se estimaba el recurso interpuesto por una mercantil contra la disposición del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pollença que declaraba la servidumbre de acceso al mar de través de un camino propiedad de la recurrente. Pronunciamiento judicial que ya fue analizado en esta REVISTA.
De este modo, la Sala del TSJ de Islas Baleares, anulaba la previsión del PGOU que habilitaba el paso a cualquier persona a una playa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. La razón de la anulación residía en que, después de la aprobación del PGOU, se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra de la Tramuntana, que calificaba como zona de
Aguas:
MARTÍNEZ MOSCOSO, Andrés; VERDUGO SILVA, Julio Teodoro. “La participación ciudadana en los Consejos de Administración: el caso ecuatoriano en las Empresas de agua potable”. Cadernos de Dereito Actual: Universidade de Santiago de Compostela, n. 6, 2017, pp. 153-183, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/192 [Fecha de último acceso 23 de mayo de 2016].
Aguas subterráneas:
FLORES GARCÍA, Ana Isabel; MOLINA GARCÍA, María José. “Tratamiento legal de las aguas subterráneas en España: ¿se garantiza un uso sostenible de este recurso natural?”. Diario La Ley, n. 8971, 2017
FLORES GARCÍA, Ana Isabel; MOLINA GARCÍA, María José. “Tratamiento legal de las aguas subterráneas en España: ¿Se garantiza un uso sostenible de este recurso natural?”. Ecoiuris: la página del medio ambiente, 5 mayo 2017, pp. 1-4
Alimentación:
GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis; VIVES-REGO, Josep. “Entre el Derecho y el sentido común: soluciones técnico-jurídicas para la lucha contra el despilfarro alimentario”. Ecoiuris: la página del medio ambiente, 5 mayo 2017, pp. 1-5
Bienestar animal:
GORDILHO, Heron José de Santana; SANTANA GORDILHO, Jacqueline Cardoso Lopes. “Brazilian Animal Testing Crimes And Alternartives”. Argumentum (Universidade da Marília), n. 17, enero-diciembre 2016, pp. 387-412, [en línea]. Disponible en Internet: http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/view/307 [Fecha de último acceso 31 de mayo de 2016].
PÉREZ
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 10 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José María Pérez-Crespo Paya)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ MU 511/2017 – ECLI:ES:TSJMU:2017:511
Temas Clave: Agricultura; Costas; Zona de servidumbre de protección
Resumen:
A través de la Resolución de 23 de agosto de 2011 de la Dirección General de Transportes y Puertos de la administración regional de Murcia, se autorizó a una mercantil a la realización de obras en parcelas afectadas por la zona de servidumbre de protección de costas, a fin de instalar unos invernaderos. Según consta en la sentencia, la autorización incluía la implantación de un cultivo agrícola de hortícolas, en una extensión de 11,9 hectáreas, en el término municipal de Mazarrón. La ejecución de las obras, incluía taludes con más de 3 metros de altura.
La Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, recurrió tal resolución, previo el requerimiento potestativo previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, basando sus pretensiones anulatorias en que las obras autorizadas no se encontraban entre los usos permitidos en el artículo 25.2 de la Ley
Page 27 of 57First«...1020...2526272829...4050...»Last
|
