Actividades marítimas:
ARIZA COLMENAREJO, María Jesús. “Cláusulas de jurisdicción y arbitraje en la Ley de Navegación Marítima de 2014”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 117-131
ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. “El contrato de crucero marítimo”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 23-68
COSTA GOMES, Manuel Januário da. “La piratería marítima en el derecho”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 69-90
LÓPEZ RUEDA, Francisco Carlos. “El transporte multimodal en la Ley de Navegación Marítima”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 91-115
MESTRE, Anna. “Limitación de responsabilidad de las embarcaciones de recreo: un debate abierto (comentario y revisión de la Sentencia del Tribunal Supremo 241/2015, de 6 de mayo de 2015)”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 287-293
PEJOVÉS MACEDO, José Antonio. “Cuatrocientos años de fundación del Tribunal del Consulado de Lima (Consulado de la Universidad de los Mercaderes de esta Ciudad de los Reyes, Reynos y Provincias del Perú, Tierra Firme y Chile)”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 223-249
RODRÍGUEZ DELGADO, Juan Pablo. “El Derecho Marítimo se hace mayor: la avanzada autonomía del Derecho Marítimo tras la aprobación de la Ley de Navegación Marítima”. Anuario de derecho marítimo, n.
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 141/2016, de 21 de julio de 2016 (Ponente: Andrés Ollero Tassara)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 196, de 15 de agosto de 2016
Temas Clave: EMAS; Entidades de acreditación; Verificadores medioambientales; Entidad Nacional de Acreditación
Resumen:
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña promueve un conflicto positivo de competencias a través del cual impugna los arts. 9.1 y 2, 11.1 y 2, 12.1 y 4, y 13.2, la disposición transitoria primera y la disposición final tercera del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
La cuestión se centra en la aplicación en nuestro ordenamiento del sistema EMAS y, en particular, en la designación de las entidades de acreditación de los verificadores medioambientales.
El Gobierno de la Generalitat entiende que se han vulnerado las competencias en materia de medio ambiente reconocidas en
Decreto Ley 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: DOCV núm. 7805, de 14 de junio de 2016
Temas clave: Ayuntamientos; Competencias; Residuos; Valorización; Vertederos
Resumen:
El Decreto Ley 4/2016 responde a la necesidad de articular medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dimanadas de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Más en concreto, y como se indica en el propio Preámbulo de la norma comentada, «la situación actual en extensas zonas de la Comunitat Valenciana se caracteriza por un conjunto grave de incumplimientos de los principios básicos de la gestión de residuos en los términos establecidos por la Directiva 2008/98/CE. Así, se están ignorando, de forma generalizada, los principios de autosuficiencia en la gestión, proximidad en el tratamiento, subsidiariedad, responsabilidad compartida, prevención y limitación de residuos en origen, y de cautela o precaución».
Todo ello, continúa el Preámbulo, ha «conducido a situaciones de extrema gravedad que por
Actividades marítimas:
ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. “La Ley de Navegación Marítima: consideraciones generales”. Anuario de derecho marítimo, n. 31, 2014, pp. 23-35
COSTA GOMES, M. Januário. “Derecho de control y transferencia de derechos en las Reglas de Rotterdam”. Anuario de derecho marítimo, n. 31, 2014, pp. 127-149
DOMÍNGUEZ CABRERA, María del Pino. “La protección medioambiental del espacio marítimo interinsular canario”. Anuario de derecho marítimo, n. 31, 2014, pp. 195-215
RUEDA MARTÍNEZ, José Alejo. “Acerca del Memorandum of Agreement Norwegian Saleform 2012”. Anuario de derecho marítimo, n. 31, 2014, pp. 37-96
Agricultura:
ABREU BARROSO, Lucas. “Por una nueva función de la propiedad en el derecho agrario contemporáneo”. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 19, marzo 2016, pp. 1-9, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.ijeditores.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=7905a4c48f6c5df83c96af9eaf5f7976 [Fecha de último acceso 28 de junio de 2016].
BENELLI, Massimiliano; CIANFONI, Luca. “La politica di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione europea”. Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, vol. 36, n. especial 2015, pp. 125-143, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Supplemento%20_2015/Benelli.pdf [Fecha de último acceso 28 de junio de 2016].
CANTÓ LÓPEZ, María Teresa. “La política agrícola común en el horizonte de 2020 y el reto de la adaptación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 17 de marzo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Carlos Zapata Híjar)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AR 207/2016 – ECLI:ES:TSJAR:2016:207
Temas Clave: Aguas residuales; Autorización ambiental integrada; Competencias; Confederación Hidrográfica; Dominio público hidráulico; Vertidos
Resumen:
En la sentencia comentada, la Sala analiza el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca, a través de la cual se inadmitía el recurso interpuesto por una entidad cooperativa. Esta sentencia de instancia confirmaba una resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Gobierno de Aragón (INAGA) de 2010, la cual, a su vez, modificaba otra resolución anterior de 2007 que otorgaba una Autorización Ambiental Integrada (AAI) a una fábrica de piensos en Barbastro (Huesca).
En concreto, la modificación de la AAI que resulta recurrida, exigía la construcción de una depuradora para el tratamiento de agua procedente de los aseos de los trabajadores de la fábrica, extremo este sobre el que, en último término, gira el objeto del recurso. Y es que, a pesar de que el vertido objeto de
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