Éstos son los títulos donde se ha encontrado algún capítulo jurídico ambiental:
CHIRINOS ARAQUE, Yamarú; RAMÍREZ GARCÍA, Adán; GODÍNEZ LÓPEZ, Roberto (Coords.); et al. Tendencias en la investigación universitaria: una visión desde Latinoamérica. Colombia: Universidad Continente Americano; Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero”; Alianza de Investigadores Internacionales (ALININ), 2020. BAS SOTELO, Miguel Ángel de; GARCÍA-MONTEAVARO MARTÍN, María (Coords). Buenas prácticas en la innovación pública. Madrid: El Consultor – La Ley, 2021. SOTO CARRASCO, David; PALACIOS MORENO, Mario A. (Coords). El reto de la Agenda 2030: desafíos éticos y experiencias ambientalistas en Iberoamérica. Ecuador: UPACIFICO, 2020. Disponible en: http://www.upacifico.edu.ec/revistacaracter/libros/LIBRO-3-Colecci%C3%B3n-Pac%C3%ADfico-2020.pdf (Fecha de último acceso 10-03-2021). LAPIEDRA, Rafael; RODRÍGUEZ, Rosa María (eds). Turismo: Nuevo Paradigma Tras la Covid-19. XXIII Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
Ayuntamientos:
Capítulo 43. Impulso de la Responsabilidad Social Corporativa en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. En: BAS SOTELO, Miguel Ángel de; GARCÍA-MONTEAVARO MARTÍN, María (Coords). Buenas prácticas en la innovación pública. Madrid: El Consultorr – La Ley, 2021.
Biodiversidad:
MUÑIZ PÉREZ, Julio César. El nuevo convenio ONU para la protección de la biodiversidad: axiología, objetivos y realidad. En. SOTO CARRASCO, David;
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 16 de septiembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Rafael Pérez Nieto)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ STSJ CV 5266/2020 – ECLI:ES:TSJCV:2020:5266
Temas clave: Responsabilidad Administración. Plan General Ordenación Urbana. Red Natura 2000. Indemnización.
Resumen:
En este asunto, el objeto de la impugnación que establece el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas es la resolución de 18-10-2018 de la Consellería d`Habitage, Obres Públiques y Vertebració del Territori, Generalitat Valenciana, que denegó la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados de la declaración judicial de nulidad del plan general de ordenación urbana (en adelante, PGOU) mediante STSJCV de 13-11-2013 confirmada por STS de 27-11-2015. En concreto, el Ayuntamiento alega haber padecido daños y perjuicios a consecuencia de la anulación del PGOU, tales como los gastos invertidos en su elaboración (244.236,88 euros) o con la devolución de las tasas por la tramitación del PAI (programa de actuación integrada) (209.419,68 euros).
En su demanda, el Ayuntamiento manifiesta que en este caso se
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 25 de noviembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Adriana Cid Perrino)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3950/2020 – ECLI: ES:TSJCL:2020:3950
Palabras clave: Minería. Montes. Tala de árboles. Ayuntamiento. Competencias. Licencia urbanística. Autorización de uso excepcional en suelo rústico. Declaración de impacto ambiental. “Plataforma Stop Uranio”.
Resumen:
La Sala conoce del recurso de apelación formulado por la “Plataforma Stop Uranio” frente a la sentencia dictada en fecha 26 de noviembre de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Salamanca, que a su vez desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Asociación contra la Resolución de 21 de abril de 2017, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Retortillo. En esta última, el ayuntamiento se declaró incompetente para pronunciarse sobre la solicitud de 6 de abril de 2017 cursada por la Asociación en orden a la paralización de la tala, corte o desmonte de encinas, así como la incoación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Daniel Sanz Heredero)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 8150/2020 – ECLI: ES:TSJM:2020:8150
Palabras clave: Movilidad sostenible. Ayuntamiento de Madrid. Memoria económica. Zonas de bajas emisiones. Áreas de Acceso Restringido. “Madrid Central”. Gasto público. Potestad sancionadora.
Resumen:
La Sala examina en este caso concreto el recurso contencioso-administrativo formulado por la Mercantil “DVUELTA ASISTENCIA LEGAL, S.L.” frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 5 de octubre de 2018, por el que se aprueba la Ordenanza de Movilidad Sostenible (en adelante, OMS), instándose la declaración de su nulidad o, de forma subsidiaria, la declaración de nulidad de los artículos 35.1, 46.3, 239.3.a), 235 y 230.3.c).
Se debe puntualizar que el objeto social principal de la recurrente es la defensa jurídica y la intermediación en la gestión de multas, con una intensa actividad en el ámbito de la jurisdicción contenciosa recurriendo la imposición
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 23 de junio de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Ramón Chaves García)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ:STSJ AS 1363/2020 – ECLI:ES:TSJAS:2020: 1363
Palabras clave: Ayuntamientos. Clasificación de suelos. Instrumentos de planificación. Suelos. Urbanismo.
Resumen:
En el supuesto de autos, se presenta un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Gijón, de 30 de enero de 2019, de aprobación del Plan General de Ordenación (PGOU) de Gijón y el Estudio Ambiental Estratégico, en relación con la calificación de una parcela sita en Carcedo.
La demanda relata que la parcela litigiosa nació de la parcelación acometida en 1995 y ulteriormente fue dotada de todos los servicios exigibles para su uso residencial. Fue calificada como Asentamiento Rural, salvo el ramal de acceso, conceptuado como Núcleo Rural (NR). Dicha calificación se mantuvo en el PGOU de 2011, hasta su exclusión del NR en el plan vigente.
La actora considera que el
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