Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 4 de junio de 2013 (Ponente: Encarnación Roca Trías)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 157, de 2 de julio de 2013
Temas Clave: Leyes singulares; Proyectos regionales; Ordenación del territorio y urbanismo; Control judicial constitucional o contencioso-administrativo; Derecho a la tutela judicial efectiva
Resumen:
Este recurso de inconstitucionalidad se interpone por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, contra la Ley 9/2002, de 10 de julio, de Castilla y León, sobre declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés, concretamente contra los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 de su artículo único; su disposición adicional -que declara proyectos regionales de infraestructuras de residuos la planta de transferencia, de tratamiento físico-químico y depósito de seguridad, ubicada en el término municipal de Santovenia del Pisuerga (Valladolid)- y la disposición transitoria.
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: María del Pilar Teso Gamella)
Autora: Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ STS 3455/2013
Temas Clave: Aguas; Dominio Público Hidráulico; Infracciones y Sanciones; Valoración de Daños; Derivación y extracción de aguas
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado por un particular contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en su reunión de 17 de junio de 2011, que estima en parte el recurso potestativo de reposición interpuesto por la ahora recurrente, contra el Acuerdo anterior de fecha 14 de septiembre de 2007, al cambiar la calificación de la infracción, que pasa de muy grave a grave y rebajar la sanción impuesta de 300.506,06 euros a 109.889,39 euros, manteniéndose la resolución en todo lo demás (se mantiene la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico en 54.857,16 euros). Los hechos por los que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 6 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: María Alicia Millán Herrandiz)
Autora: Mar Lázaro Gálvez, Alumna en prácticas del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 223/2013
Temas clave: Ruido; Responsabilidad patrimonial; Indemnización
Resumen:
El objeto de la presente Sentencia se ciñe al recurso de apelación interpuesto por parte del Ayuntamiento de Silla frente a la resolución judicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Valencia, que estimó parcialmente el recurso interpuesto por varios particulares contra la desestimación presunta de la reclamación sobre responsabilidad patrimonial formulada contra el Ayuntamiento de Silla, condenando a este a pagar una indemnización a favor de los cuatro miembros de la familia recurrente así como a la clausura y cierre del casal fallero, por carecer de licencia municipal de apertura y actividad.
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. (BOE núm. 164, de 10 de julio de 2013)
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Temas Clave: Agricultura; Abonos; Suelo; Envases; Etiquetas; Comercialización; Registros administrativos
Resumen:
Para resumir esta norma es necesario partir de la idea básica de que el suelo agrícola es un recurso inestimable y limitado cuya degradación debe evitarse, de tal manera que la utilización de nuevos productos como fertilizantes precisa de una regulación, a través de la cual no se provoquen efectos nocivos sobre el agua, el suelo, la flora, la fauna y el ser humano.
Con este real decreto se pretende concretar algunas de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 2003/2003, respecto de las que dicha norma establece que deben ser desarrolladas y completadas por los Estados miembros, y refundir y actualizar la normativa nacional existente relativa al resto de los abonos y a todo tipo de enmiendas, si bien el real decreto 824/2005, de 8 de julio, que se deroga, permanece prácticamente invariable.
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (BOE núm. 161, de 6 de julio de 2013)
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Temas Clave: Derecho comunitario; Procedimiento sancionador; Deuda pública
Resumen:
Hemos seleccionado esta norma por la repercusión que pudiera ocasionar el incumplimiento de la normativa medioambiental proveniente de la Unión Europea. De hecho, este real decreto tiene por objeto desarrollar lo previsto en la DA2ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según la cual, cuando las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público incumplieran obligaciones derivadas de normas del Derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que se devenguen.
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