Estimados lectores:
El Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), con el ánimo de consolidar su actividad de divulgación del Derecho Ambiental ha organizado por segundo año consecutivo la presentación del “Observatorio de Políticas Ambientales 2014” en la ciudad de Soria. Se trata de un proyecto con más de ocho años de andadura en el que participan 47 profesores especializados en Derecho Ambiental pertenecientes a 30 diferentes centros universitarios y cuya misión fundamental es efectuar análisis críticos de las políticas ambientales aplicadas en España, dentro del marco internacional, comunitario, nacional y autonómico. Para su organización cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Ecología y Desarrollo y el propio CIEDA.
El desarrollo de este evento consistirá en la presentación formal del Observatorio en la que intervendrán, entre otras personalidades, su coordinador, D. Fernando López Ramón, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza; seguida de debate y participación del público.
Nos complace invitarles a este acto, que se celebrará en Soria el próximo martes 28 de octubre, a las 12.00 h, en el Salón Gerardo diego del Círculo Amistad Numancia (C/ Collado, n. 23).
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 23 de julio de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ana María Victoria Martínez Olalla)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3170/2014
Temas Clave: Fiscalidad ambiental; Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por Determinados Aprovechamientos del Agua Embalsada, por los Parques Eólicos y por las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión
Resumen:
En este recurso contencioso-administrativo se impugna por parte de la entidad mercantil BRULLÉS EÓLICA S.L.U.,la Orden HAC/112/2012, de 7 de marzo, de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León por la que se aprueba el Modelo de Autoliquidación y las Normas de Gestión del Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por Determinados Aprovechamientos del Agua Embalsada, por los Parques Eólicos y por las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión. La parte actora pretende que se declare la nulidad de esa Orden y se le reintegren los importes abonados. Asimismo, interesa que se plantee cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de Castilla y León 1/2012, de 28
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala segunda), de 11 de septiembre de 2014, asunto C-525/12, por la que se desestima el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra Alemania relativo a la Directiva “marco” de aguas y la recuperación de costes por servicios relacionados con el agua
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: http://curia.europa.eu
Temas clave: Directiva “marco” de aguas, recuperación de costes, concepto de “servicios relacionados con el agua”
Resumen:
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/60/CE “marco” de aguas y, en particular, de los artículos 2.38, y 9 de dicha Directiva al excluir determinados servicios (en particular, el embalse para la producción hidroeléctrica, la navegación y la protección contra las inundaciones, la extracción con fines de irrigación y con fines industriales, así como el autoconsumo) de la aplicación del concepto de «servicios relacionados con el agua».
El recurso se fundamenta en que la República Federal de Alemania limita los servicios relacionados con el agua al abastecimiento de agua y a la recogida, a
Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León. (BOCyL núm. 181, de 19 de septiembre de 2014)
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Temas Clave: Actividad industrial; Libertad de empresa; Competencia; Seguridad industrial; Autorización, declaración responsable y comunicación; Responsabilidad social empresarial
Resumen:
Esta norma consta de cincuenta artículos, cuatro disposiciones finales y una derogatoria. Trata de conjugar la debida atención de los intereses generales implicados en la actividad industrial, con el máximo respeto a la libertad de empresa y a las reglas de la competencia; por lo que se parte del convencimiento de que la intervención pública en la actividad económica no debe entorpecer la competencia. En esta línea, se continúa y profundiza en un proceso de liberalización de la actividad industrial, de eliminación o minimización de barreras regulatorias.
En el Título I se establecen las disposiciones generales relativas a su objeto, ámbito de aplicación, principios y fines. Destacamos que la norma tiene por objeto establecer el marco normativo regulador del ejercicio de la actividad industrial en Castilla y León y el fomento de la misma. A los efectos de la
El Congreso aprueba la Ley de Parques Nacionales
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: El País
Temas Clave: Parques Nacionales; Gestión; Usos; Caza
Resumen:
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 23 de septiembre la Ley de Parques Nacionales que, entre otras cosas, por primera vez permite usos turísticos en estos espacios protegidos, al autorizar, por ejemplo, la navegación en el de Monfragüe o el vuelo sin motor en Guadarrama. El texto se ha aprobado sin uno de los puntos más polémicos que contuvo en las primeras versiones: la posibilidad de urbanizar en estas 15 joyas de la naturaleza. El grupo popular introdujo una enmienda en junio pasado para rectificar el proyecto gubernamental. Esta ley medioambiental introduce también como novedad la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en caso de mala conservación por parte de las autonomías, catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro la riqueza natural de estos enclaves, algunos de ellos Patrimonio de la Humanidad. Se ha discutido y votado en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Todos los grupos de la oposición han votado en contra
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