Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 7738/2021, Ponente: Ángeles Huet de Sande)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo (acreditada como Catedrática) de la Universitat Rovira i Virgili e Investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) y del Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica (IU-RESCAT).
Fuente: STS 3236/2023 – ECLI:ES:TS:2023:3236
Palabras clave: Principio de no regresión ambiental. Planeamiento urbanístico. Suelo no urbanizable protegido. Desarrollo sostenible.
Resumen:
Esta Sentencia resuelve los recursos de casación interpuestos por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y la entidad Soluciones Extremeñas de Recuperación, SL, contra la Sentencia 406/2021, de 20 de septiembre de 2021 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esta Sentencia había estimado el recurso interpuesto por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y de los Recursos de Extremadura (ADENEX) contra la Resolución de 30 de abril de 2019, de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por la que se aprobaba
Decreto 205/2023, de 29 de agosto, por el que se regula la pesca marítima recreativa en las aguas interiores de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: (BOJA n. 69, de 4 de septiembre de 2023)
Palabras clave: Pesca marítima recreativa. Economía azul. Turismo. Especies. Licencia. Capturas. Sostenibilidad.
Resumen:
En los últimos años, la pesca marítima recreativa ha aumentado en la mayoría de los países europeos y la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha sido una excepción a esa tendencia. En esta Comunidad, la pesca marítima recreativa es una actividad que genera riqueza y empleo en las comunidades costeras, contribuyendo significativamente al desarrollo de la economía azul de las mismas, especialmente en el sector turístico. Al mismo tiempo, constituye una actividad con numerosos beneficios sociales y en materia de salud pública, ya que aumenta la calidad de vida de las personas que la practican, fomenta la interacción entre la juventud y educa a las personas en lo referente al medio ambiente y a la importancia de su sostenibilidad.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 20 de junio de 2023 (Sala de lo Contencioso, Sección 1, Ponente: Luis Miguel Blanco Domínguez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3292/2023 – ECLI:ES: TSJCL: 2023:3292
Palabras clave: Plan de mejora de la calidad del aire. Zonificación. Ozono. Decreto. Acuerdo. Valores objetivos.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo formulado por la Federación de Ecologistas en Acción contra el Acuerdo 138/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico en Castilla y León (PMCAOT).
La parte actora pretende que se anule el Acuerdo impugnado y como reconocimiento de situación jurídica individualizada que se condene a la Administración demandada a que elabore un nuevo Plan conforme a derecho.
Alega en su favor los siguientes motivos:
-La Administración ha elaborado un Plan para toda la Comunidad de Castilla y León, sin tener
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de junio de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Capilla Hermosilla Donaire)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ CAT 6392/2023 – ECLI:ES:TSJCAT:2023:6392
Palabras clave: Principio “Quien contamina paga”. Residuos. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Resumen:
Se recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Barcelona de 25 de abril de 2022, por parte de la abogacía del Estado, la Generalitat de Cataluña y la Fundación ECOTIC. Esta sentencia juzgaba la legalidad de la autorización otorgada a esta Fundación ECOTIC, constituida como sistema colectivo de responsabilidad ampliada de los productores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -en adelante, RAEE-, de conformidad con las obligaciones recogidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados -hoy derogada- y el vigente Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Entre otras cuestiones que soslayo por carecer de interés a los efectos de este análisis, la sentencia de
Título: “Los desplazamientos poblacionales inducidos por Cambio Climático: desafíos y propuestas jurídico-políticas para su regulación”
Title: “Climate Change-induced migration: legal-political challenges and proposals for its regulation”
Autor: Santiago Salvador Gimeno, Investigador Posdoctoral de la Universidade de Vigo, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, miembro del Grupo Ephyslab e investigador colaborador del Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. ssalvador@uvigo.es ORCID: 0000-0002-0451-1372
Doi: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00341
Fecha de recepción: 14/08/2023
Fecha de aceptación: 26/09/2023
Fecha de modificación: 03/10/2023
Resumen:
Los efectos derivados del cambio climático (inundaciones, elevación del nivel del mar, sequías, fenómenos extremos), así como sus consecuentes impactos económicos, sociales y sobre la salud y la vida de las poblaciones (pérdida de cultivos, de medios de vida y de agua potable, enfermedades) están forzando a numerosas personas a abandonar sus hogares. Así, diversos ciudadanos de Kiribati y Tuvalu, huyendo de los efectos negativos del cambio climático, han tratado de encontrar protección y asilo en otros países, como en Nueva Zelanda y Australia, buscando amparo en la Convención sobre el estatuto de los refugiados (también conocida como
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