Sentencia del Tribunal General, de 13 de enero de 2017, que desestima recurso contra decisión de la Agencia Europea de Sustancias Químicas por la que se divulga información “confidencial” presentada en procedimiento de autorización de sustancia química (Reglamento REACH)
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal General (Sala Cuarta), Asunto T-189/14 ECLI:EU:T:2017:4
Temas Clave: control de sustancias químicas; acceso a la información; secreto comercial
Resumen:
El Tribunal fiscaliza la legalidad de la decisión de la Agencia Europea de Sustancias Químicas de acceder a solicitud de acceso por terceros a documentos presentados con carácter confidencial en el procedimiento de autorización de la sustancia ftalato de di (2‑etilhexito) conforme al Reglamento REACH (informe sobre la seguridad química, análisis de sustancias sustitutivas, análisis socioeconómico).
A través de un exhaustivo análisis de las previsiones del REACH en este campo así como de las circunstancias del caso, la Sentencia va estableciendo los criterios que deben guiar estas decisiones públicas; en particular, cuando se puede incidir, como ocurría en el caso, en el secreto comercial.
La Sentencia considera que la ECHA actuó correctamente al difundir algunos documentos y rechaza todos los motivos de impugnación (infracción del REACH, del Acuerdo
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2017 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: José María del Riego Valledor)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 61/2017- ECLI: ES: TS: 2017:61
Temas Clave: Régimen Retributivo; Energías renovables; cogeneración; principios de la potestad reglamentaria
Resumen:
La Sentencia que comentamos resuelve el recurso contencioso-administrativo número 1/ 610/14, interpuesto por Sociedad mercantil contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y se establecen los parámetros retributivos de las instalaciones, a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, siendo parte recurrida la Administración General del Estado.
En particular, la demanda plantea la necesidad de tener en cuenta circunstancias específicas como las que se dan en la mercantil respecto de la cogeneración industrial, en la medida en que la industria a la que se vincula la actividad de cogeneración es gestionada por una misma sociedad, creándose una unidad de explotación que impide “vender energía térmica entre dos ramas de actividad de una misma persona jurídica”, y se cuestiona
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de Portugal, de 30 de marzo de 2016 (Ponente: Lino Rodrigues Ribeiro)
Autora: Amparo Sereno. Profesora de Derecho Ambiental de la Universidad Autónoma de Lisboa (UAL), Portugal
Fuente: “Diário da República, 2.ª série — N.º 62 — 30 de março de 2016”
Temas Clave: Dominio público marítimo, ordenación y gestión del espacio marítimo, Estatuto de los Azores
Resumen: Mediante esta Sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) portugués declara la constitucionalidad y legalidad de los siguientes preceptos del “Decreto-Lei” n.º 38/2015, de 12 de marzo: 5.°, n.º 3, 12.º, 15.º, n.º 2, 18.º, 22.º, 24.º, n.º 5, 26.º, 35.º, 97.º, 98.º e 107.º, y, en consecuencia, de todas las demás disposiciones de la referida norma relacionadas con los mismos. Este “Decreto-lei” desarrolla la Ley de Bases sobre la política de ordenación y gestión del espacio marítimo nacional (Ley 17/2014, de 10 de abril, también conocida como LBPOEMN), realizando la transposición para el ordenamiento jurídico portugués de la Directiva 2014/89/UE, de 23 de julio de 2014.
Hay que tener en cuenta que Portugal es un país de estructura unitaria, por lo que, en regla general, no existen instituciones homólogas a las Comunidades Autónomas españolas. No obstante,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 25 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Matías Alonso Millán)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 4546/2016 – ECLI: ES:TSJCL:2016:4546
Temas Clave: Urbanismo; Suelo urbanizable; Nuevas construcciones; Valores naturales y culturales; Paisaje; Turismo
Resumen:
El objeto de este recurso formulado por un particular se ciñe al Acuerdo de 21 de mayo de 2015, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Burgos, por el que se aprueba definitivamente el Texto Refundido de las Normas Urbanísticas Municipales de Valle de Sedano (Burgos).
La parte actora basa esencialmente su impugnación en la clasificación de suelo como “urbanizable” para uso residencial en toda la falda de la ladera conocida como “El Castro” donde se ubican la Iglesia de Santa María y la necrópolis de la Concepción. Dicha clasificación se plasma en tres sectores con una superficie de cinco hectáreas en un valle cerrado, peculiar, de gran valor paisajístico, justamente al borde del Parque Natural de las Hoces del alto Ebro y del Rudrón. La
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, Ponente: Eva Isabel Gallardo Martín de Blas)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 12292/2016 – ECLI:ES:TSJM:2016:12292
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Combustibles; Permisos de investigación de hidrocarburos
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo promovido por el Cabildo de Lanzarote contra la inactividad del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al no contestar el requerimiento formulado por el recurrente para declarar la extinción por incumplimiento de las autorizaciones concedidas a la mercantil Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. en 2014 por la Dirección General de Política Energética y Minas que amparaban la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos “Canarias 1” a “Canarias 9”.
Tales permisos de investigación fueron otorgados por el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, convalidado por el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo. Cabe recordar que estos permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Canarias 1» a «Canarias 9», lo eran para espacios situados en el océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, imponiendo a
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