Sentencia de la Corte Suprema, de 6 de julio de 2017
Autores: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Centro de Derecho Ambiental y Javiera Chacón, Ayudante del Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile[1]
Fuente: CS Rol N° 45.807-2016, Sentencia de 6 de julio de 2017
Temas clave: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; Participación Ciudadana; Solicitud de invalidación; Sistema especial de recursos en contra de la Resolución de Calificación Ambiental
Resumen:
Don Fernando Maturana Crino interpuso solicitud de invalidación fundada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado[2], contra la Resolución Exenta N° 725/2013 que calificó favorablemente el proyecto “Piscicultura Río Calcurrupe”. Tal solicitud fue declarada inadmisible por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante Resolución Exenta N° 1307/2015.
Esta autoridad ambiental negó lugar a la solicitud de invalidación, sosteniendo que, conforme al artículo 53, el plazo con que cuenta la autoridad administrativa para ejercer la potestad invalidatoria es de 2 años desde la notificación del acto. En el caso concreto, la presentación de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Nación Argentina, causa: Custet Llambí, María Rita –Defensora General- s/amparo
Autora: Noemí Pino Miklavec, Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y Docente de la Universidad Nacional del Comahue Argentina
Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
Temas Clave: Contaminación Ambiental; contaminación con plomo y otros metales de la actividad minera; derecho a la salud y medio ambiente sano de los niñas, niños y adolescentes; medidas preventivas; tratamiento sanitario de los niños con actos niveles de plomo en la sangre
Resumen:
Se trata de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (en adelante, CSJN) en la que se decide sobre la queja por denegatoria del recurso extraordinario federal, interpuesto por contra una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (en adelante, STJ) de la Provincia de Río Negro, en pleno, que declaró mal concedido el recurso de revocatoria, oportunamente deducido por la Defensora General de la Provincia de Río Negro (actora en esos autos caratulados: “Custet Llambí, María Rita –Defensora General- s/amparo”) contra la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo colectivo iniciada, porque la norma procesal aplicable (el artículo 20 de la
Estimados lectores:
Por cuarto año consecutivo, tenemos el placer de ofrecerles la Memoria 2016 que gustosamente nos ha facilitado en primicia el Excmo. Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, que detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado a lo largo del año 2016, siguiendo la misma línea fijada en las memorias precedentes.
Se analizan los temas relativos a las relaciones internacionales de la Fiscalía, sus propuestas normativas, actividades docentes y de formación, tramitación de procedimientos y sus expedientes gubernativos. Una vez más, la intensa actuación en materia de incendios forestales. Se ofrecen los datos estadísticos sobre intervenciones sobre medio ambiente, tales como delitos en procedimientos judiciales incoados, escritos de acusación, sentencias condenatorias o absolutorias, o demoliciones.
En un detallado capítulo se examinan las aportaciones más reseñables en la materia realizadas por las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías de España.
En definitiva, se mencionan las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Fiscalía a lo largo de 2016, sus relaciones institucionales nacionales e internacionales, y su participación en propuestas legislativas e intervención en la tramitación de procedimientos de naturaleza jurídico ambiental, tales como urbanismo
Se aprueba la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 193, de 14 de agosto de 2017
Temas Clave: Costas; Cambio climático; Planificación; Gestión; Adaptación; Participación, Coordinación
Resumen:
España es un país eminentemente costero, que goza de un litoral de gran extensión y riqueza, con numerosos ecosistemas y espectaculares paisajes. Además, la economía española depende en gran medida de la costa y sus mares, ya que en ellos se llevan a cabo numerosas actividades.
Sin embargo, el calentamiento global y la presión ejercida por el hombre están alterando y creando cambios y desequilibrios en la costa que todos conocemos. Entender estos cambios y planificar para afrontarlos son cuestiones de gran importancia y urgencia para España, su sociedad y sus valores naturales costeros.
En España, el instrumento jurídico más importante para abordar el problema del cambio climático en las zonas costeras es La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. Dicha Ley se acompaña del Reglamento
Concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCAN núm. 140, de 21 de julio de 2017
Temas Clave: Áreas de influencia socioeconómica; Subvenciones; Desarrollo sostenible; Población
Resumen:
En la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentran declarados cuatro parques nacionales: Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (isla de La Palma), Parque Nacional de Garajonay (isla de La Gomera), Parque Nacional del Teide (isla de Tenerife) y Parque Nacional de Timanfaya (isla de Lanzarote).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, las leyes declarativas contemplarán el establecimiento de la correspondiente área de influencia socioeconómica en la que las administraciones públicas llevarán a cabo políticas activas para su desarrollo.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actividades en estas áreas de influencia socioeconómica, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a
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