Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 14 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Matías Alonso Millán)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 2797/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:2797
Temas Clave: Cambio de uso forestal; Montes
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en virtud de la cual se estimó parcialmente el formulado por el Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal de Salinillas de Bureba frente a una Resolución de la Administración autonómica que denegó el cambio de uso forestal de determinadas parcelas propiedad de la entidad local. La sentencia de instancia anuló la citada resolución respecto de las fincas cuya modificación de uso había sido denegada, salvo en lo referente a dos de las parcelas, que confirmó la denegación.
Se adelanta que la Sala estima parcialmente el recurso de apelación en el único sentido de añadir la denegación de roturación en una parte situada en el sur de las dos partes
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José María Arrojo Martínez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ GAL 5397/2017 – ECLI:ES:TSJGAL:2017:5397
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y licencias; Procedimiento administrativo
Resumen:
A través de la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia de 22 de julio de 2015, se declaró de oficio la nulidad de pleno derecho de la Resolución de 16 de mayo de 2013 por la que se renovaba la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada a una mercantil conservera para una planta de elaboración de harinas y aceites de pescado situada en Redondela (Pontevedra).
Pocos meses después, además, se adoptó como medida cautelar por la misma Consejería la parada inmediata de la instalación, precisamente por carecer de AAI.
Contra ambas resoluciones se alza la empresa afectada mediante la interposición de su recurso contencioso-administrativo.
Según se desprende de la propia sentencia analizada, la causa que motivó la declaración de oficio de nulidad de pleno derecho, se basaba en la anulación mediante sentencia judicial de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Mariano Miguel Ferrando Marzal)
Autora: Aitana De la Varga Pastor, Profesora Agregada de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ STSJ CV 3250/2017 – ECLI: ES:TSJBAL:2017:3250
Temas Clave: residuos; plan integral de residuos; plan zonal; proyecto de gestión; compensación económica
Resumen:
Esta Sentencia resuelve apelación al recurso contencioso interpuesto por el Ayuntamiento de Jijona contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud que, con fecha 21 de diciembre de 2009, dirigió al Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona XIV sobre reconocimiento de la obligación en su favor y en concepto de compensación económica por la ubicación en su término municipal del centro de valoración y eliminación de residuos en los ejercicios de 2006, 2007 y 2008 de la suma de 1.107.136,56 euros, recurso que fue desestimado por sentencia.
La pretensión de la actora es que se condenase al Consorcio al pago, como titular del derecho de la cantidad reclamada, en concepto de
Jornada “Agua y cambio climático” y Presentación del “Observatorio de Políticas Ambientales 2017″, CIEDA y EIFAB, Soria, 24 de octubre de 2017
Hoy nos encontramos en el Salón de Grados del Campus Universitario Duques de Soria, organizando la Jornada “Agua y cambio climático” y presentando el “Observatorio de Políticas Ambientales 2017″.
Están invitados a asistir en línea a través del canal: https://www.youtube.com/channel/UCdOJQ6eT1YPVJCUe4dXJJEg/live
Programa:
11,00 h. Jornada “Agua y cambio climático”
Modera: Eva Blasco Hedo. CIEDA
-Agua y cambio climático en España. Vulnerabilidad y retos”. José María Cuadrat Prats, Catedrático de Análisis Geográfico y Regional, Universidad de Zaragoza
-“El Plan Hidrológico del Duero en el marco del tercer ciclo de planificación: Retos en la evaluación del estado de las masas de agua y efectos del cambio climático”, Ignacio Rodríguez Muñoz, Miembro de la Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Duero
-Delitos en materia de aguas”. Sara Martín Escudero, Fiscal, Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria
16: 00 h. Presentación del Observatorio de Políticas Ambientales 2017
Modera: Fernando López Ramón, Coordinador del OPAM, Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza
Ponencias invitadas:
-“Cambio climático y política hidráulica”, Isabel Caro-Patón Carmona, Menéndez y Asociados Abogados
-“Cambio climático y cambios en los
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Autor: Dr. Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: BON núm. 168, de 31 de agosto de 2017
Temas clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Urbanismo; Ordenación del territorio
Resumen:
La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de sus casi 15 años de vigencia. Fundamentalmente con ocasión de la aprobación de la nueva legislación de suelo estatal (Ley 8/2007, de 28 de mayo de suelo) que constituyó un profundo cambio en el derecho urbanístico, en cuestiones como las valoraciones del suelo, la gestión urbanística o la introducción del principio de desarrollo urbano sostenible, entre otras muchas. O la más reciente Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. A todo ello se une, la crisis inmobiliaria general en España que, desde 2007, puso en entredicho grandes desarrollos urbanísticos, también en Navarra, que justificaron determinados cambios legislativos que pretendían dotar de viabilidad a actuaciones que ya no lo
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