Sentencia del Tribunal General, de 14 de marzo de 2018, que estima el recurso de anulación interpuesto por la asociación “TestBioTech” contra la denegación de la solicitud de revisión de las autorizaciones de comercialización de determinadas variedades de soja modificadas genéticamente por la Comisión, fundamentada en que las alegaciones planteadas no constituyen “derecho medioambiental”
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal General de la Unión Europea (Sala Quinta), Asunto T‑33/16, ECLI:EU:T:2018:135
Temas Clave: Organismos genéticamente modificados; autorización de comercialización; revisión; concepto de “derecho medioambiental”; salud pública; análisis de riesgos
Resumen:
La asociación sin ánimo de lucro en el ámbito de la biotecnología “TestBioTech”, registrada en Alemania, interpuso recurso de anulación ante el Tribunal General contra la desestimación por el Comisario de salud y seguridad alimentaria de la solicitud de revisión de las autorizaciones de comercialización de las variedades de soja genéticamente modificadas MON 87769, MON 87705 y 305423.
La solicitud de revisión de las autorizaciones se presentó de conformidad con el art. 10 del Reglamento (CE) 1367/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, del Convenio de Aarhus sobre el acceso
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Espín Templado)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 764/2018- ECLI: ES: TS: 2018:764
Temas Clave: Evaluación de impacto ambiental; declaración; impugnación
Resumen:
La Sentencia seleccionada resuelve el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado y por la Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A., contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2015, por la que estima el recurso contencioso-administrativo número 390/2013, presentado por la Asociación Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla. La Asociación es parte demandada en el recurso de casación.
El recurso contencioso-administrativo se había planteado contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 4 de mayo de 2012, por la que se otorga a Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A. autorización administrativa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el término municipal de Granadilla (Tenerife), así como contra la desestimación
Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 2018 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (art. 4, apartados 2 y 3)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia, inmaculada.revuelta@uv.es
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), Asunto C-117/17, ECLI:EU:C:2018:129
Temas Clave: evaluación de impacto ambiental; omisión; proyectos del anexo II; regularización; biogás
Resumen:
El Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Las Marcas (Italia) solicitó al TJUE pronunciamiento en el litigio entre el Ayuntamiento de Castelbellino y la Región de Las Marcas por la autorización del incremento de potencia de una instalación de producción de electricidad con biogás, concedida de conformidad con la normativa regional sin haber analizado previamente si procedía someter dicho proyecto a evaluación de impacto ambiental. El Tribunal dudaba, en concreto, de la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de la posterior convalidación de la citada autorización en aplicación de la nueva normativa estatal aprobada tras haber declarado el Tribunal Constitucional la normativa regional contraria al Derecho de la Unión.
El Tribunal de Justicia, siguiendo la doctrina
Decreto 32/2018, de 20 de marzo, por el que se regula el fondo de mejoras en montes catalogados de utilidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el régimen de subvenciones directas para los montes de utilidad pública no autonómicos
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOE núm. 60, de 26 de marzo de 2018
Temas Clave: Montes de utilidad pública; Fondo de mejoras; Subvenciones
Resumen:
El Fondo de Mejoras tiene una gran tradición en el derecho forestal español por cuanto se destina a asegurar la reversión a los montes catalogados de utilidad pública de parte de los ingresos por ellos generados; lo que coadyuva a su propia subsistencia y al desempeño de sus múltiples funciones.
Ello no obstante, la regulación autonómica de esta institución (Decreto 44/2011, de 15 de abril, por el que se regula el Fondo de Mejoras en montes catalogados de utilidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura), no ha recogido la trascendencia que representa en la normativa básica estatal (artículo 38 de la Ley de Montes), debido a que es anterior a la reforma operada en
Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOCM núm. 60, de 26 de marzo de 2018
Temas Clave: Caza; Conservación; Planificación; Red Natura 2000; Aprovechamientos cinegéticos; Cotos sociales; Veneno; Pesca
Resumen:
El objeto de esta norma es modificar la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, la Ley 9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza y la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha.
La caza es una de las actividades más extendida en el ámbito rural de Castilla-La Mancha y su ejercicio tiene una notable incidencia en el medio rural, natural y social. A través de esta modificación, se pretende adecuar el contenido de su norma rectora, a los principios básicos de su fomento y desarrollo de forma compatible con la
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