Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2019 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Octavio Juan Herrero Pina)
Autora: Dra. Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 211/2019- ECLI: ES: TS: 2019:211
Temas Clave: Red Natura; planes de gestión; naturaleza; reglamento; publicidad
Resumen:
La Sentencia que comentamos en esta ocasión resuelve el recurso de casación núm. 2007/2017, interpuesto por la Letrada de la Junta de Andalucía, contra la sentencia de 12 de enero de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) en el recurso ordinario 477/2015, en el que se impugna la Orden de 11 de mayo de 2015 por la que se aprueban los planes de gestión de diversas Zonas de Especial Conservación (ZEC). Es parte demandada la Sociedad ANPE, S.A.
La Sentencia de instancia estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Orden citada de 11 de mayo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de las ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005), Guadalmellato (ES6130006) y Guadiato-Bembézar (ES6130007), procediendo a la anulación del Anexo V de la Orden.
Sentencia del Audiencia Nacional, de 2 de noviembre de 2018 (Sala de lo Contencioso, Sección 2, Ponente: Fernando de Mateo Menéndez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ, Investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: SAN 4422/2018 – ECLI: ES:AN:2018:4422
Temas Clave: Instrumentos de planificación; Dominio Público; Servidumbre costa; Planeamiento urbanístico
Resumen:
Se interpone por la mercantil PORTO SA. COLONI S.L recurso contencioso-administrativo contra resolución de 22 de junio de 2016 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dictada por delegación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se aprueba la modificación de la ribera del mar y la modificación del límite de la zona de servidumbre de protección, en el tramo comprendido entre los vértices 116 y 130 del deslinde aprobado por O.M. de 23 de mayo de 1995, en la Colonia Sant Pere, en el término municipal de Artá, isla de Mallorca. La pretensión de la demandante PORTO SA. COLONI S.L. es la de reducir la anchura de la servidumbre de protección de costas únicamente hasta los 20 metros para su aprovechamiento particular. Los argumentos legales que se aducen por la entidad recurrente, son
Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014 de 25 de julio de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGV núm. 8481, de 7 de febrero de 2019
Temas clave: Clasificación de suelos; Ordenación del territorio; Planeamiento urbanístico; Paisaje; vida silvestre; Suelo rural; Urbanismo
Resumen:
Se ha aprobado en la Comunidad Valenciana una importante modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana. El espíritu de dicha reforma legal es llevar a cabo cambios fundamentales que tienen como objetivo atender a la propia realidad del urbanismo de la Comunitat Valenciana, en ese sentido trata de potenciar la sostenibilidad urbanística y mejorar la calidad de vida de sus habitantes y atender igualmente a frenar el urbanismo descontrolado que durante años ha sido una constante en esta Comunidad.
Antes de entrar a examinar los cambios planteados en el articulado de la norma, se reitera en la exposición de motivos que los principios generales que plantea la nueva Ley son, entre otros, la
Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025)
Autor: Fernando Vicente Davila. Doctor en Derecho Ambiental, Universidad de Vigo
Fuente: BOE núm 30, de 4 de febrero de 2019
Temas clave: Contratación Pública Ecológica (CPE); impacto ambiental; claúsulas ambientales; plan de contratación; administraciones públicas
Resumen:
El pasado 31 de enero el Consejo de Ministros a través de la Orden PCI/86/2019 aprobó el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado (2018-2025) como un instrumento de impulso y facilitación del crecimiento económico, desde el planteamiento de una economía circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora.
El Plan es de aplicación a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social en la contratación pública de los bienes, obras y servicios que la UE considera prioritarios según su punto primero.
En esta orden se define en el punto segundo como contratación pública
Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y Del Consejo de 11 de diciembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética
Autora: Sara García García, Doctoranda en Derecho de la Universidad de Valladolid
Fuente: DOUE L328/210, de 21 de diciembre de 2018
Temas clave: eficiencia energética; política energética; energía limpia
Resumen:
Tal y como ya hemos tenido oportunidad de anunciar, la Unión Europea ha actualizado por completo su política energética con un nuevo Reglamento, sobre gobernanza de la Unión de la Energía y Acción por el Clima (Reglamento 2018/1999) y dos nuevas Directivas, sobre energía procedente de fuentes renovables y eficiencia energética (Directiva 2018/2001 y 2018/2002 respectivamente), dentro del paquete de Energía Limpia para Todos los Europeos que puso en marcha la Comisión en 2016 con el objetivo de preservar la competitividad del territorio en la materia y garantizar su transición hacia una energía limpia.
Es momento ahora de realizar un análisis panorámico de la Directiva 2018/2002 relativa a la eficiencia energética, pues representa una de las cinco dimensiones propuestas por la Comisión Europea en su Estrategia de la Unión de la Energía de 2015, cuyo objetivo es impulsar la seguridad energética, la
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