Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de julio de 2019 (cuestión prejudicial de interpretación), sobre el Reglamento (CE) 1013/2006, de traslados de residuos (art. 2. 1, concepto de “traslado de residuos”); y, la Directiva 2008/98, relativa a los residuos (art. 3.1, concepto de “residuo”)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala segunda), asunto C‑624/17, ECLI:EU:C:2019: 564
Temas Clave: residuo; concepto; traslado de residuos; residuos electrónicos; productos defectuosos; productos sin embalaje
Resumen:
El Tribunal de Apelación de La Haya (Países Bajos) solicitó al Tribunal de Justicia aclaración sobre determinadas cuestiones relacionadas con la normativa europea de residuos antes de resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Tronex BV, mayorista de restos de existencias de artículos electrónicos, contra la Sentencia penal de primera instancia que le condenó por trasladar supuestamente un lote de residuos desde los Países Bajos hasta Tanzania incumpliendo el Reglamento 1013/2006, esto es, sin notificar ni obtener autorización previa del traslado. La partida controvertida estaba compuesta principalmente por planchas a vapor, ventiladores y hervidores eléctricos con su embalaje original, al haber sido retirados por el vendedor, aunque algunos productos
Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de junio de 2019 (Sala de lo Contencioso Madrid. Sección 1ª. Ponente: Felisa Atienza Rodríguez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ, Investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 2410/2019 – ECLI: ES:AN:2019:2410
Temas Clave: Agricultura; Ganadería; Investigación; Competencias; Gasto público; Subvenciones
Resumen:
Se impugna en el presente recurso por la Abogada de la Generalitat de Cataluña, la Orden AAA/1229/2015, de 19 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015, las subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en determinados sectores ganaderos.
La recurrente solicita que se declare la nulidad de la Orden y en defensa de su pretensión en base a lo siguiente: en primer lugar, solicita la nulidad de pleno derecho de la misma (art. 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ) por exceder de los límites materiales propios de la potestad reglamentaria, con infracción del principio de jerarquía normativa al vulnerar el marco de distribución competencial entre administraciones públicas ( artículo 51 de la Ley 30/1992 , en relación con los artículos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Valladolid), de 20 de mayo de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María de la encarnación Lucas Lucas)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 2143/2019 – ECLI: ES:TSJCL:2019:2143
Temas Clave: Espacios naturales; Plan de Ordenación de los Recursos Naturales; Competencias; Espacio aéreo
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo formulado por la Administración General del Estado contra el Decreto 7/2018, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Naturales “Covalagua y Las Tuerces” (Palencia y Burgos).
La Abogacía del Estado interesa la anulación de los artículos 31 letra a) y 97.3 al considerarlos contrarios al ordenamiento jurídico y, en particular, por la vulneración del orden de competencias establecido en el artículo 149.1.20 de la Constitución Española, que atribuye al Estado español, como competencia exclusiva, “…el control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo…”. En su opinión, la Comunidad Autónoma se arroga una competencia de la que carece por cuanto no puede prohibir el uso del espacio aéreo en
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 13 de mayo de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Purificación López Toledo)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CLM 1291/2019 – ECLI: ES: TSJ CLM: 2019: 1291
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Vertidos; Ordenación de los recursos naturales; Zona de especial protección para las aves ( ZEPA ); Lugar de interés comunitario (LIC)
Resumen:
Mediante Acuerdo de 31 de enero de 2013, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo denegó la calificación urbanística en relación con el proyecto de extracción de sales minerales de la Laguna Grande de Quero, promovida por una mercantil. La sociedad impugnó este acuerdo en alzada y la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha (JCCM) resolvió en sentido desestimatorio a 3 de marzo de 2014. La mercantil recurrió esta resolución ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que a 30 de mayo de 2017 dictó sentencia desestimatoria de sus pretensiones, confirmando las resoluciones impugnadas. Este último pronunciamiento fue recurrido en
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 28 de mayo de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ana Isabel Rodrigo Landazabal)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ PV 1647/2019 – ECLI:ES:TSJPV:2019:1647
Temas Clave: Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; Procedimiento administrativo; Suelos; Urbanismo
Resumen:
Por el Ayuntamiento de Iruña de Oca (Álava) se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Orden Foral número 162/2017, de 7 de junio, de la Diputación Foral de Álava, de denegación de la aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias (en adelante, NNSS) de este municipio.
Conviene señalar previamente que, según se desprende de la lectura de la sentencia analizada, el proceso de aprobación de las NNSS había tenido dos “fases”:
-Una primera concerniente a la casi totalidad de las NNSS, que habían sido aprobadas en 2013 (Orden Foral 357/2013).
-Una segunda, que afectaba a un único ámbito de las NNSS, cuya aprobación había sido condicionada al cumplimiento de unos requisitos. Dicho cumplimiento había sido aprobado por Orden Foral de 2016. Orden Foral que, para complicar más el asunto, había sido anulada por una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativa
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