Galicia regula el mecanismo para solicitar arrendamientos de fincas rústicas asociadas al Banco de Tierras
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOG Núm. 183, 26 de septiembre de 2019
Temas Clave: Banco de tierras; Predio; Desarrollo rural; Explotaciones agroganaderas; Arrendamiento; Superficie agraria infrautilizada; Custodia del territorio; Custodia agraria; Participación
Resumen:
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) tiene atribuidas las funciones gestoras del Banco de Tierras de Galicia en base a la disposición transitoria segunda de la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
El objetivo del Banco de Tierras de Galicia, en funcionamiento desde el año 2007, trata de poner a disposición de las explotaciones agroganaderas la superficie agraria denominada “infrautilizada”. Según dicha Orden, se pretende alcanzar una doble finalidad, por un lado se amplía la base territorial de las explotaciones y, por otro lado, se lucha contra el avance del abandono del territorio rural gallego. Para conseguir este objetivo, el Banco de Tierras cuenta en la actualidad con más de 10.000 parcelas, que suponen más de 5.000 hectáreas y que son ofertadas para que todas aquellas personas que así lo deseen puedan solicitar
Energía:
GALBIATTI SILVEIRA, Paula. “Energia e mudanças climáticas: impactos socioambientais das hidrelétricas e diversificação da matriz energética brasileira”. Opinión Jurídica: Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, n. 33, enero-junio 2018, pp. 123-148
Energía solar fotovoltaica:
CALVO VÉRGEZ, Juan. “A vueltas con la regulación del autoconsumo eléctrico y con la aplicación del mal llamado “impuesto al sol”: algunas consideraciones”. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 42, enero-abril 2019, pp. 21-70
Energías renovables:
LEIVA LÓPEZ, Alejandro D. “Los conflictos de acceso de instalaciones de generación renovable a las redes de electricidad en el actual escenario regulatorio”. La Administración al día (INAP), 26 septiembre 2019, pp. 1-12. Disponible en Internet: fecha de último acceso 27 de septiembre de 2019.
REQUENA-CASANOVA, Millán. “Los arbitrajes de inversiones contra España por los recortes a las energías renovables: ¿cambio de tendencia en la saga de arbitrajes o fin de etapa tras la sentencia Achmea?”. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 42, enero-abril 2019, pp. 71-108
VÁSQUEZ CATOTA, María Cristina. “La aplicación del sistema de licitaciones en el mercado eléctrico en Chile y en Alemania”. Revista de Derecho Administrativo Económico, n. 25, julio-diciembre 2017, pp. 57-77. Disponible en Internet: fecha de
Autoconsumo:
LÓPEZ GARCÍA, Mabel. “Autoconsumo eléctrico y el “impuesto al sol”: comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2017”. Revista general de derecho de los sectores regulados, n. 1, abril 2018
Bienestar animal:
CARBAJO DOMINGO, Miguel Ángel; VEGA FELGUEROSO, Juan. “Otra ocasión perdida: Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2018 en materia de responsabilidad patrimonial por accidentes con animales”. El Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, n. 2, febrero 2019, pp. 124-134
Bosques:
MACHUCA, Luis. “Corta de bosques bajo tendidos eléctricos”. Revista de Derecho Administrativo Económico, n. 25, julio-diciembre 2017, pp. 135-143. Disponible en Internet: fecha de último acceso 27 de septiembre de 2019.
Contaminación acústica:
MORELLE HUNGRÍA, Esteban. “Ordenación y planificación marítima frente al ruido de actividades antrópicas”. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 42, enero-abril 2019, pp. 295-326
Delito ecológico:
ICUZA SÁNCHEZ, Ízaro. “V. Evolución jurisprudencial en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (Título XVI Capítulo ID del Código Penal): una crónica (SSTS2016/2017)”. IeZ: Ingurugiroa eta zuzenbidea: Urtekaria = Ambiente y derecho: Anuario, n. 15-16, 2017-2018, pp. 177-193
ICUZA SÁNCHEZ, Ízaro. “V. Evolución
Aplicación y cumplimiento de la legislación medioambiental de la UE en los Estados miembros – encuesta 2019
La Comisión Europea desea conocer mejor las necesidades y expectativas de los profesionales del medio ambiente, de las administraciones, empresas y organizaciones que aplican la legislación medioambiental, así como de los ciudadanos que tienen un interés en la aplicación y el cumplimiento de la legislación en su país, región o municipio. Ha elaborado un cuestionario con el objetico de garantizar la plena aplicación de la legislación de la UE.
Este cuestionario está disponible en castellano, escogiendo este idioma en la parte superior derecha, pudiéndose cumplimentar en escasos minutos.
Enlace web: Cuestionario 2019 de aplicación y cumplimiento de la legislación medioambiental de la UE en los Estados miembros
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de marzo de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Soledad Gamo Serrano)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 2311/2019 – ECLI: ES:TSJM:2019:2311
Temas Clave: Transporte; Ordenación del tráfico; Ayuntamiento de Madrid; Competencias; Interés general; Unidad de mercado
Resumen:
La Sala examina en este caso el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de aquella ciudad, que a su vez estimó el recurso contencioso-administrativo formulado por “UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, S.L.” contra el Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del mismo Ayuntamiento de fecha 24 de noviembre de 2016, por el que se establecieron medidas de restricción del tráfico en la calle Gran Vía desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 8 de enero de 2017.
Los pronunciamientos principales de la sentencia de instancia se basan en razones competenciales que afectan a los límites de la autonomía legislativa local. Se considera
|
