Aguas:
ÁLVAREZ ARCÁ, Ignacio. “El Convenio de Albufeira: un análisis con motivo del vigésimo aniversario de su adopción”. Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 10, n. 2, 2019 [en línea]. Disponible en Internet: https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/2538 [Fecha de último acceso 18 de febrero de 2020].
APREZA SALGADO, Socorro. “Los recursos hídricos de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa en México”. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 22, diciembre 2016 [en línea]. Disponible en Internet: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=908b3996cf402c7426e14f20d6acd481[Fecha de último acceso 19 de febrero de 2020].
GALLEGO CÓRCOLES, Isabel. “Breve nota sobre la nueva regulación de la contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales”. Diario La Ley (Estudios doctrinales), n. 9574, 2020
LÓPEZ BARRIGA, Ricardo. “Internalización de un costo para el agua”. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 20, junio 2016 [en línea]. Disponible en Internet: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=e9da756cf1b86295c6afe416e031fb00 [Fecha de último acceso 19 de febrero de 2020].
PERDIGÓ SOLÁ, Joan. “La municipalización del servicio de abastecimiento de agua en la actualidad”. La Administración al día (INAP), 24 enero 2020, pp. 1-7, [en línea]. Disponible en Internet: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1510307 [Fecha de último acceso 28 de febrero de 2020].
Aguas internacionales:
FRENKEL,
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Octavio Juan Herrero Pina)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 462/2020- ECLI: ES: TS: 2020:462
Temas Clave: Daños ambientales; Obligación de reparar; Dominio público hidráulico
Resumen:
En esta Sentencia, el Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación núm. 1544/2018, interpuesto por particular contra la sentencia de 30 de noviembre de 2017 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso núm. 4191/2015, que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de 15 de abril de 2015, en cuya virtud se declaró la prescripción de la infracción administrativa imputada en el correspondiente expediente y ordenó retirar la obra de defensa construida (esto es, el encauzamiento de las aguas de un manantial mediante conducciones de 600 mm de diámetro a lo largo de 650 m., en Rego do Galo, Valboa, término municipal de Trabada), a fin de volver el curso de las aguas superficial a su situación
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2020
Temas Clave: Contratación pública; Unidad de mercado; Libre competencia; Agua; Energía; Transportes; PYMES; Objetivos medioambientales
Resumen:
Nos centraremos únicamente en el tema de la contratación. Con este Real decreto-ley se completa la transposición del paquete de Directivas comunitarias que en materia de contratación pública aprobó la Unión Europea en 2014 en un nuevo contexto marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020». Dentro de esta Estrategia, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor
Decreto 174/2019, de 19 de diciembre, por el que se regula la artesanía alimentaria
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOG Núm. 27 Lunes, 10 de febrero de 2020
Temas Clave: Calidad alimentaria; Agricultura; Ganadería; Medio rural; Producción ecológica; Ecoetiquetado; Seguridad alimentaria
Resumen:
Con la regulación de la artesanía alimentaria se pretende reconocer y fomentar los valores económicos, culturales, ambientales y sociales que esta representa; preservar y conservar las empresas artesanales alimentarias que elaboran productos alimentarios de manera tradicional y respetuosa con el medio ambiente, así como estimular su establecimiento, según el artículo 22 de la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega.
Galicia, al igual que otros territorios de la Unión Europea, cuenta con una gran tradición en la elaboración de productos alimentarios artesanales, que forman parte de su cultura popular y que gozan de un alto aprecio entre las personas consumidoras. La elaboración de estos productos ha contribuido no solo a engrandecer la riqueza cultural de las regiones europeas
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 10 de octubre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ángel Ruiz Ruiz)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ PV 2770/2019 – ECLI:ES:TSJPV:2019:2770
Temas Clave: Actividades clasificadas; Ayuntamientos; Libertad de establecimiento; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Resumen:
Se interpone recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Bilbao de 26 de julio de 2018, a través de la cual se desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 31 de enero de 2018 del Concejal Delegado del Área de planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao, por la cual se ordenaba la clausura de un taller de automoción.
Tanto el recurso contencioso-administrativo como el de apelación, fueron interpuestos por el particular propietario del taller clausurado. Lo que este particular pretendía era la anulación de la orden de clausura, dejándole continuar con la actividad desarrollada. Según se desprende de la sentencia examinada, tal actividad había sido desarrollada durante décadas sin contar con la licencia municipal de actividad preceptiva. De hecho, uno
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