Decreto 48/2020, de 31 de marzo, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOPV número 78 de 24 de abril de 2020
Palabras clave: Energía. Autorización administrativa. Instalaciones distribución. Energía eléctrica.
Resumen:
El marco normativo para otorgar la autorización administrativa para construir, modificar o cerrar instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica lo establece la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
El otorgamiento de las autorizaciones de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento no afecte a otras Comunidades o cuando el transporte o la distribución no salga de su ámbito territorial corresponde, de conformidad con el artículo 3.13 del citado texto legal, a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivos Estatutos, así como el ejercicio de las competencias de inspección y sanción que afecten a dichas instalaciones.
Por ello, si bien la Disposición Final Segunda del citado texto consagra el
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGC número 8124 de 30 de abril de 2020
Palabras clave: Medio Ambiente. Impuestos. Instalaciones. Fiscalidad. Deterioro ambiental.
Resumen:
La presente ley tiene por objeto establecer el conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público necesarias para completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio de 2020; también tiene por objeto la creación y regulación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.
La parte dispositiva de la ley se organiza en cinco partes, en función del ámbito material: la parte primera, relativa a las medidas fiscales; la parte segunda, relativa a las medidas financieras; la parte tercera, relativa a las medidas en el ámbito del sector público; la parte cuarta, relativa a las medidas administrativas, y la parte final, que contiene
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Enrique Gabaldón Codesido)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ M 180/2020 – ECLI: ES:TSJM:2020:180
Palabras clave: Residuos. Gestión. Vertidos. Residuos comerciales y domésticos. Competencias. Infracciones y sanciones.
Resumen:
La Sala conoce del recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de Daganzo de Arriba (Madrid) frente a la sentencia de 17 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº6 de Madrid, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Deportiva Cultural Daganzo contra el Decreto nº 2017/58, de 9 de mayo de 2017, de la Alcaldía del ayuntamiento, que le impuso una multa de 80.000 euros, por cuatro infracciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
El Ayuntamiento basa su defensa en que ostenta competencias medioambientales, incluyendo la potestad sancionadora, extremos que niega la Asociación.
En su condición de propietaria y administradora de un camping
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 11 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María José Margareto García)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ:STSJ AS 115/2020 – ECLI:ES:TSJAS:2020:115
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Urbanismo. Edificación. Espacios Protegidos.
Resumen:
Un particular impugnó el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (C.U.O.T.A), de 26 de enero de 2017, mediante el que fue denegada la autorización para la legalización de un edificio denominado “cobertizo y cuerpo adosado acristalado en el lateral de la planta baja del edificio de 2 plantas (…)”. Frente a este Acuerdo se interpuso un recurso de reposición, desestimado mediante Acuerdo de la C.U.O.T.A, de 31 de octubre de 2018, asimismo impugnado mediante un recurso contencioso-administrativo, dando lugar el pronunciamiento que ahora analizamos. La autorización solicitada es el trámite previo a la concesión de la licencia urbanística para la realización de las obras descritas en el Proyecto Técnico presentado por un experto arquitecto.
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Title: “Corporate environmental criminal liability in Spain and the participation of the environmental non-governmental organizations (ENGOS)”
Título: “Responsabilidad penal medio ambiental empresarial en España y la participación de organizaciones no gubernamentales medio ambientales (ONGMA)”
Autor: Miriam Ruiz Arias, Docente ocasional, Tecnólogico de Antioquía, Institución Universitaria, Colombia
Fecha de recepción: 03/02/2020
Fecha de aceptación: 08/04/2020
Abstract:
This paper has the aim of pointing out the environmental enterprises’ criminal liability in Spain. Considering this, it proposes an environmental criminal policy based in two main ideas: the participation of the Environmental Non-Governmental Organizations in the elaboration of criminal compliance programmes in a framework where the self-enforcement is common and the access to environmental justice of this organizations.
Resumen:
Este documento pretende analizar la responsabilidad penal medio ambiental de las empresas en España. A su vez, propone una política criminal medio ambiental fundamentada en dos ideas principales: por un lado, la participación de Organizaciones No Gubernamentales Medio Ambientales en la elaboración de programas de cumplimiento penal en un contexto donde la autorregulación es comúnmente aceptada y, por otro lado, el acceso a la justicia de estas
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