Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 3 de diciembre de 2020, asunto C-320/19, por la que se resuelve una cuestión prejudicial relacionada con la interpretación de la Directiva 2003/87/CE, sobre el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: http://curia.europa.eu
Palabras clave: Cambio climático. Asignación gratuita de derechos de emisión. Instalaciones entrantes. Coeficiente de utilización de la capacidad.
Resumen:
a. Breve referencia al supuesto de hecho.
La sentencia resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Contencioso-administrativo de Berlín, en el seno de un litigio entre una industria alemana (Ingredion GmbH) y la Agencia ambiental alemana, relativo a la determinación del factor de utilización de la capacidad pertinente a efectos de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a un nuevo entrante que dispone de una subinstalación con referencia de combustible.
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 18, apartado 2, párrafo segundo, de la Decisión 2011/278/UE de
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 340, de 30 de diciembre de 2020
Palabras clave: Sector eléctrico. Derechos de acceso y conexión. Tramitación. Productores. Consumidores. Redes de transporte y distribución. Instalaciones. Procedimiento único. Autoconsumo. Garantías económicas. Energías renovables. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Resumen:
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por derecho de acceso se entenderá el derecho de uso de la red en unas condiciones legal o reglamentariamente determinadas y por derecho de conexión a un punto de la red, el derecho de un sujeto a acoplarse eléctricamente a un punto concreto de la red en unas condiciones determinadas.
El problema radica en que el desarrollo reglamentario del precepto, hasta este momento, todavía no se había producido. El Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BON núm. 296, de 22 de diciembre de 2020
Palabras clave: Prevención. Actividades públicas y privadas. Reducción de la contaminación. Intervención administrativa. Autorizaciones ambientales. Coordinación. Simplificación administrativa. Participación. Autorización ambiental integrada. Autorización ambiental unificada. Licencia de actividad clasificada. Inspección. Restauración de la legalidad ambiental. Calidad del aire. Entidades locales
Resumen:
Con la finalidad de proteger la naturaleza y salvaguardar la salud y la calidad de vida de las personas, la Unión Europea ha aprobado una copiosa normativa en la que se establecen los mecanismos de intervención de los poderes públicos sobre las instalaciones y actividades con incidencia ambiental, así como sobre los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
La Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, ha regulado de manera integrada los procedimientos de intervención de las Administraciones Públicas de las Comunidad Foral de Navarra
Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 328, de 17 de diciembre de 2020
Palabras clave: Contaminación atmosférica. Derechos de emisión. Autorizaciones. Industria. Entidades de certificación. Navegación aérea. Energía. Subastas. Registros administrativos. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Información. Procedimiento sancionador.
Resumen:
La Directiva (UE) 2018/410 constituye el marco legislativo de la Unión Europea para el periodo de comercio 2021-2030 (fase IV) del RCDE UE y se configura como uno de los instrumentos principales de la Unión Europea para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones a 2030. El Reglamento delegado (UE) 2019/331 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 establece las normas sobre cómo debe efectuarse la asignación transitoria gratuita de derechos de emisión entre 2021 y
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 7 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Olga González – Lamuño Romay)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ AS 1778/2020 – ECLI:ES:TSJAS:2020: 1778
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Biodiversidad. Instrumentos de planificación. Parques naturales.
Resumen:
El presente pronunciamiento versa sobre la extinción del Convenio Marco de Colaboración celebrado, en el año 2004, entre una entidad para la protección de los animales salvajes y el Principado de Asturias. Durante su vigencia ocurrieron distintos episodios que la Administración interpretó como faltas de colaboración y cooperación por parte de la entidad para la realización de los objetivos de dicho convenio. De modo que, a 10 de enero de 2018, el Director General de Biodiversidad emitió un informe proponiendo su denuncia. A 5 de marzo 2018, el Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente solicitó al Consejo de Gobierno autorización para su extinción. A 2 de mayo del mismo año se emitió la resolución
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