Fuente: Europa Press, 25 de junio de 2009
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo estudiará si España vulneró los derechos fundamentales del capitán del petrolero Prestige, Apostolos Mangouras, por mantenerle en prisión preventiva durante 83 días durante la instrucción de la causa que se sigue contra él por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y desobediencia. El capitán considera que los tribunales españoles vulneraron su derecho a la seguridad y a la libertad (regulados en los artículos 3 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), por los 83 días que permaneció en prisión preventiva tras ser detenido por el hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas.
El pasado 20 de marzo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Corcubión concluyó la fase de instrucción del denominado “caso Prestige”, cuya tramitación comenzó en noviembre de 2002. Los procesados en esta causa son el capitán del barco, Apostolos Mangouras; del jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos; y del
Proyecto de Ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en el reglamento (CE) número 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie A de 19 de junio de 2009)
El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) establece la nueva política europea sobre comercialización de sustancias químicas.
Garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente es uno de los objetivos fundamentales que se pretende a través del REACH. Por ello, dado que el incumplimiento de lo en él dispuesto podría resultar en graves perjuicios para ambos bienes, la norma obliga a los Estados miembros a definir un régimen sancionador.
El pasado 19 de junio fue publicado en el Boletin Oficial de las Cortes Generales, el Proyecto de Ley que vendría a definir este régimen. Destacamos a continuación los
Decreto 47/2009, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos desde Tierra al Litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOCA de 23 de junio de 2009).
El reglamento aprobado mediante Real Decreto 47/2009 regula el procedimiento para la solicitud, tramitación, otorgamiento, revisión, revocación y extinción de autorizaciones de vertido desde tierra al mar en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En la configuración de este nuevo régimen de vertidos se han querido plasmar los principios sobre los que se sustenta el marco jurídico de protección de las aguas a nivel comunitario y estatal. Consecuentamente, el nuevo procedimiento incorpora fórmulas que pretenden fomentar:
– El desarrollo sostenible del litoral, la coherencia entre el desarrollo de las actividades antrópicas y la necesaria protección de las aguas litorales, de sus hábitats, flora y fauna, así como de la salud humana.
Sentencia de la Audiencia provincial de Islas Baleares, de 23 de mayo de 2008 (ponente: Juan Pedro Yllanes Suárez)
Temas clave: Delito de prevaricación; Delito contra la ordenación del territorio; construcción no autorizada en lugar con valor paisajístico.
Resumen:
El Tribunal condena a varios imputados por delito de prevaricación administrativa, al informar favorablemente la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, y por delito contra la ordenación del territorio, en la modalidad de llevar a cabo una construcción no autorizada en un lugar con valor paisajístico reconocido administrativamente, previstos y penados, respectivamente, en los artículos 320, en relación con el 404 y 319.1 del Código Penal.
Orden ARM/1671/2009, de 16 de junio, por la que se modifican los anexos I, II, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la comunidad europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros (BOE de 24 de junio de 2009)
El Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, incorporó al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. Esta última Directiva fue modificada por laDirectiva 2009/7/CE de la
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