Sentencia de la Audiencia provincial de Islas Baleares, de 23 de mayo de 2008 (ponente: Juan Pedro Yllanes Suárez)
Temas clave: Delito de prevaricación; Delito contra la ordenación del territorio; construcción no autorizada en lugar con valor paisajístico.
Resumen:
El Tribunal condena a varios imputados por delito de prevaricación administrativa, al informar favorablemente la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, y por delito contra la ordenación del territorio, en la modalidad de llevar a cabo una construcción no autorizada en un lugar con valor paisajístico reconocido administrativamente, previstos y penados, respectivamente, en los artículos 320, en relación con el 404 y 319.1 del Código Penal.
Orden ARM/1671/2009, de 16 de junio, por la que se modifican los anexos I, II, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la comunidad europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros (BOE de 24 de junio de 2009)
El Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, incorporó al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. Esta última Directiva fue modificada por laDirectiva 2009/7/CE de la
Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de biodigestión de purines (BOE de 23 de junio de 2009)
El Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012, aprobado por Real Decreto 1370/2006, persigue que las emisiones globales de GEI en España no superen en más de un 37 por cien las del año base en promedio anual en el período 2008-2012, alcanzándose esta cifra a través de la suma del objetivo Kyoto (15 por cien), la cantidad absorbida por los sumideros (2 por cien) y el equivalente adquirido en créditos de carbono procedentes de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto (20 por cien).
En esta línea, el 20 de julio de 2007 el Gobierno informó favorablemente la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-2020), la cual define el marco de actuación que deben abordar las administraciones públicas en España para asegurar el cumplimiento por nuestro país de sus obligaciones en el Protocolo de Kyoto, e incluye un Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia de
Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia energética de edificios en la omunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 18 de junio de 2009).
El Decreto 136/2009, en vigor desde el pasado 19 de junio, pretende completar a nivel autónomico el marco necesario para la aplicación de la Directiva 2002/91/CE relativa a los la eficiencia energética de los edificios, que determinó que los usuarios que desearan adquirir un inmueble deben disponer de un certificado de calificación energética del edificio terminado.
Título: “El régimen represivo francés en materia de vertidos accidentales e intencionados provocados por buques: tipos de infracciones, sanciones y sujetos responsables “
Autor: José Pernas García, profesor contratado doctor de Derecho administrativo de la Facultad de Derecho de Coruña
Fecha de recepción: 5 de junio de 2009
Fecha de aceptacion: 21 de junio de 2009
Resumen:
El artículo expone el contenido del Código de Medio Ambiente francés con relación a la represión de los vertidos intencionados y accidentales de buques. Expone la importante reacción del ordenamiento jurídico francés que en los últimos años ha reforzado el régimen represivo contra la contaminación del medio marino derivada de los buques. Así se destaca, entre otras cuestiones, la posible exigencia de responsabilidades a prácticamente todos los sujetos del tráfico marítimo internacional, dentro de los que se incluyen las personas jurídicas, o la eventual determinación de responsabilidad civil para el propietario o explotador del buque que se plasma en la exigencia de parte de la sanción económica impuesta al capitán o responsable de a bordo, cuando aquel haya generado las circunstancias o condiciones de trabajo que hayan incidido en la
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