Fuente: Rapidpress. Última Consulta: 18 / 11 / 2009
La Comisión ha acogido con satisfacción las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores celebrado los días 16 y 17 de noviembre, en que se reconoce el progreso logrado en el ámbito de la política marítima integrada (PMI) a lo largo de los dos últimos años y se respalda el enfoque integrado de las cuestiones marítimas. En dichas conclusiones, el Consejo se ha referido tanto al informe de situación sobre la PMI presentado el pasado mes por la Comisión, como a la reciente Comunicación sobre la integración de la vigilancia marítima.
El Comisario Borg ha afirmado que el reiterado apoyo del Consejo a la adopción de un enfoque integrado con respecto a los asuntos marítimos es una forma muy apropiada de clausurar la primera etapa de la política marítima integrada y ha subrayado que es el momento de que esta ambiciosa política emprenda una nueva fase. De igual manera, se ha mostrado receptivo a las demandas del Consejo, mostrándose dispuesto a hacer todavía más abierta esta política, dando cabida en ella a los desafíos a los que a medio
Sentencia del Tribunal del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2009, asunto C-115/08 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Landesgericht Linz (Austria), mediante resolución de 5 de marzo de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 2008, en el procedimiento entre Land Oberösterreich y ČEZ as, (empresa estatal checa titular de la central nuclear ubicada en territorio checo).
Autor de la nota: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, profesor titular de Derecho administrativo de la Universidad de Navarra.
Palabras clave: Tratado CEEA; Convención sobre Seguridad Nuclear; Directiva 96/62/EURATOM; Centrales Nucleares; Efectos transfronterizos de los riesgos y de la contaminación; aplicación de la normativa comunitaria; autorización de explotación; radiaciones ionizantes; Igualdad de trato; Principio de no discriminación por razón de la nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA.
Resumen:
La cuestión prejudicial sobre la que se pronuncia el TJCE se presenta en el marco de un litigio entre el Land Oberösterreich y ČEZ as en relación con las perturbaciones o los riesgos de perturbaciones ligados a las radiaciones ionizantes que afectan
Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica y se adaptan sus anexos (DOGC nº 5506, de 16 de noviembre de 2009)
Autora de la nota: Lucía Casado Casado, Profesora agregada de Derecho Administrativo, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili.
Resumen:
El Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, tiene como finalidad principal el desarrollo de la Ley catalana 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y la adaptación de sus anexos, al tiempo que procede a clarificar el marco jurídico normativo vigente en Cataluña en materia de contaminación acústica.
Con el Decreto 176/2009 se procede a adecuar la legislación catalana en materia de ruido a los preceptos de carácter básico de la legislación estatal en este ámbito, adoptada con posterioridad a la Ley catalana 16/2002 (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido; Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que la desarrolla en relación con la evaluación y gestión del ruido ambiental; y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla por
Ha sido publicado el Boletín informativo nº7 (Octubre de 2009) del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).
Consúltese en el siguiente enlace: Boletín CEDAT Nº 7, Noviembre de 2009.
Título: “La Legislación ambiental y su incidencia en la delincuencia urbanística en Galicia”
Autor: Antonio Román Valdés, Fiscal especial de Patrimonio y Delitos Urbanísticos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Fecha de recepción: 02 de noviembre de 2009
Fecha de aceptación: 09 de noviembre de 2009
Resumen:
El autor analiza las repercursiones de la legislación en materia ambiental en el ordenamiento jurídico-penal español, atendiendo especialmente a la incidencia de la legislación ambiental en materia de protección de espacios en la aplicación de los delitos urbanísticos.
Palabras Clave:
Directiva 92/43/CEE; Red Natura 2000; Directiva 79/409/CEE, ZEPAS; Delitos contra la Ordenación del territorio.
Doi: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00025
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