\u201cQue se alegan irregularidades respecto a la licencia de obra para una nave sin uso y la existencia de otro proyecto que fue visado\u201d.<\/p>\r\n
\u201cSentadas as\u00ed las distintas posturas procesales de las partes, se hace necesario examinar en primer lugar la falta de legitimaci\u00f3n activa invocada por la parte demandada (\u2026)\u201d.<\/p>\r\n
\u201c(\u2026) Ya que en materia medioambiental como precisa la sentencia del TSJ Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1\u00aa, de 25-1-2010 , dictada en el recurso 796\/2006, de la que ha sido Ponente Don Ricardo Est\u00e9vez Goytre, se precisa que:<\/p>\r\n
\"A id\u00e9ntico resultado se llegar\u00eda en aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia sobre el ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica en materia de medio ambiente. As\u00ed, en sentencias como la de 18 de abril de 2005, esta Sala y Secci\u00f3n ha declarado que \"No podemos admitir la falta de legitimaci\u00f3n pretendida, ya que jurisprudencialmente ha sido admitida la legitimaci\u00f3n activa, por la posibilidad de ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica respecto de la licencia urban\u00edstica que comporta el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP) aprobado por Decreto de treinta de noviembre de 1961. En efecto, el art\u00edculo 30 <\/em>de dicha norma contempla razones urban\u00edsticas como una de las causas de denegaci\u00f3n de las licencias de actividad (\u2026), y la Jurisprudencia ha venido declarando igualmente (...) que cuando la tem\u00e1tica esencial de impugnaci\u00f3n de una actividad clasificada como molesta, insalubre nociva o peligrosa radica precisamente en el emplazamiento de dicha actividad que, como es sabido, se supedita a lo dispuesto en los planes de ordenaci\u00f3n urbana (art\u00edculo 30.1 del RAMINP <\/em>), cabe admitir el ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica establecida como legitimaci\u00f3n en el art\u00edculo 235 de Texto Refundido de la Ley del Suelo de nueve de abril de 1976 o en el art\u00edculo 304 del Texto Refundido de la Ley sobre R\u00e9gimen del Suelo y Ordenaci\u00f3n Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1\/992, de 26 de junio <\/em>, no afectado por la STC 61\/1997\". Como tambi\u00e9n ha dicho esta misma Sala y Secci\u00f3n en su reciente sentencia de 6 de octubre de 2009 , \"Es p\u00fablica la acci\u00f3n para exigir la observancia de la legislaci\u00f3n urban\u00edstica (art\u00edculo 304 de la Ley del Suelo <\/em>antedicha), y una licencia de actividad, cual la impugnada en este proceso, es tambi\u00e9n una licencia urban\u00edstica en cuanto que mediante ella se controla la legalidad del uso pretendido en una concreta finca, es decir, en cuanto es al propio tiempo una licencia referida al uso del suelo. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de treinta de septiembre de 1998 \".<\/p>\r\n
\u201c M\u00e1s concretamente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de junio de 2008 , ha venido a reconocer, argumentando que las mismas no est\u00e9n ejerciendo exclusivamente una defensa de la legalidad vigente sino que est\u00e1n actuando en defensa de unos intereses colectivos que quedan afectados por el car\u00e1cter positivo o negativo de la decisi\u00f3n administrativa que se impugna, la legitimaci\u00f3n de las asociaciones ecologistas para impugnar un estudio de impacto ambiental.\"<\/p>\r\n
\u201c (\u2026) En el orden contencioso-administrativo la legitimaci\u00f3n activa se defiere, (\u2026), en consideraci\u00f3n a la titularidad de un derecho o inter\u00e9s leg\u00edtimo que suponga una relaci\u00f3n material entre el sujeto y el objeto de la pretensi\u00f3n, de suerte que, de estimarse \u00e9sta, se produzca un efecto positivo o beneficio o la eliminaci\u00f3n de un efecto negativo o perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva. El criterio de delimitaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n fundado en la existencia de un derecho o inter\u00e9s leg\u00edtimo (art. 19.1 <\/em>. a), como superador del inicial inter\u00e9s directo (art. 28 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n ContenciosoAdministrativa de 1956 <\/em>), en el orden contencioso-administrativo ha sido reiteradamente declarado por el Tribunal Constitucional (\u2026), el cual insiste en que la normas procesales deben ser interpretadas en sentido amplio (\u2026) m\u00e1xime tras haber procedido a entender sustituido el inter\u00e9s directo por el m\u00e1s amplio de inter\u00e9s leg\u00edtimo identificable con cualquier ventaja o utilidad jur\u00eddica derivada de la reparaci\u00f3n pretendida (\u2026).\"<\/p>\r\n
\u201cFinalmente la sentencia del TSJ de Andaluc\u00eda, con Sede en Granada de diecisiete de julio de dos mil nueve , de la que ha sido Ponente Do\u00f1a Mar\u00eda R. Torres Donaire, concluye que: \"La acci\u00f3n publica anteriormente descrita s\u00f3lo est\u00e1 prevista en materia urban\u00edstica, por lo que s\u00f3lo ser\u00eda ejercitable frente a licencia de obra concedida con infracci\u00f3n de los Planes y Programas Urban\u00edsticos. No es aplicable en cambio, ni a la licencia de instalaci\u00f3n ni a la de funcionamiento, que no forman parte de la legislaci\u00f3n urban\u00edstica, estando en \u00e9ste caso solamente legitimados para la impugnaci\u00f3n, quienes ostentan la conceptualizaci\u00f3n de interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.1.a) en relaci\u00f3n con<\/em> el apartado h) de la Ley 29\/98 de 13 de julio <\/em>, no estando prevista la acci\u00f3n popular en materia de instalaciones para el ejercicio de una actividad\"<\/p>\r\n
\u201cPor lo que es evidente que dado el objeto del recurso, la consideraci\u00f3n de los recurrentes, los cuales no se personaron en el expediente administrativo, ni formularon alegaciones y que la ampliaci\u00f3n del concepto de legitimaci\u00f3n activa en materia medioambiental viene referida a las personas jur\u00eddicas sin \u00e1nimo de lucro, como refiere expresamente la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3 Pleno\u00aa, de 1-12-2009, rec. 55\/2007 , de la que ha sido Ponente Don Eduardo Esp\u00edn Templado: \" Es cierto que debe mantenerse un criterio interpretativo de los requisitos de admisibilidad del recurso contencioso-administrativo acorde al principio \"pro actione\", de manera no formalista y de forma favorable a la producci\u00f3n del efecto perseguido por el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de derechos e intereses leg\u00edtimos a que responde el art. 24.1 de la Constituci\u00f3n, pero tambi\u00e9n hay que considerar la<\/em> reiterada jurisprudencia constitucional <\/em>que se\u00f1ala como el derecho prestacional de la tutela ha de sujetarse al plano de la estricta legalidad, pues s\u00f3lo inciden en la vulneraci\u00f3n del contenido constitucional del art\u00edculo 24.1 de la CE <\/em>aquellas resoluciones que generan interpretaciones arbitrarias e irracionales, lo que no <\/em>sucede en este caso. <\/em>Una cosa es que una Fundaci\u00f3n constituida para la defensa de cualesquiera intereses o para el logro <\/em>de cualesquiera finalidades resulte legitimada plenamente para impugnar actos administrativos, cuando esos intereses resulten afectados o, a juicio del propio ente, deban ser defendidos, tal y como se infiere, con toda claridad, del art. 19.1.aps. a) y b) de la Ley <\/em>de esta Jurisdicci\u00f3n y otra bien diferente es que tal legitimaci\u00f3n se reconozca indiferenciadamente sobre la base de perseguir fines gen\u00e9ricos, incluso de contenido moral, respecto de la actuaci\u00f3n de las Administraciones p\u00fablicas o la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, cuando, en este caso, el Acuerdo impugnado s\u00f3lo incid\u00eda directamente en los participantes en la convocatoria, cuyo inter\u00e9s profesional s\u00ed estaba afectado.\u201d<\/p>\r\n
\u201cOtro de los ejes sobre los que se ha producido la expansi\u00f3n del concepto de la legitimaci\u00f3n activa ha sido la acentuaci\u00f3n de la idea de los intereses colectivos o de grupo, (\u2026). Pero tambi\u00e9n, en este aspecto, la ampliaci\u00f3n experimentada tiene sus l\u00edmites y as\u00ed resulta en cuanto a los intereses colectivos cuya diferencia con los intereses difusos (\u2026)<\/p>\r\n
se encuentra en que se residencia en tales entes, asociaciones o corporaciones representativas espec\u00edficos y determinados intereses colectivos. A diferencia de \u00e9stos, los intereses difusos no tienen depositarios concretos y son intereses generales que, en principio, afectan a todos los ciudadanos y que, por su inter\u00e9s prevalente, han obtenido reconocimiento p\u00fablico, plasmado en alg\u00fan instrumento, incluso en normas constitucionales, y que no deben confundirse con la legitimaci\u00f3n que nace, excepcionalmente, de la acci\u00f3n popular, que corresponde a cualquier ciudadano y que debe ser reconocida expresamente por la Ley o de una acci\u00f3n de alcance general como reconoce la STEDH 4\/81 de 22 de octubre (asunto Dudgeon contra Reino Unido) \".<\/p>\r\n
\u201c(\u2026) Sentencia de la Sala 3\u00aa, sec. 6\u00aa, de 5-7-2006, rec. 4423\/2003 . Pte: Robles Fern\u00e1ndez, Margarita que repite lo que consta en la sentencia que acabamos de ver del Pleno.<\/p>\r\n
La primera de estas dos \u00faltimas sentencias(\u2026). Deja claro que una cosa es la legitimaci\u00f3n procedente de los intereses directos y otra la que dimana de intereses colectivos o de intereses difusos, pero siempre ajena a la que procede de la acci\u00f3n popular no admitida, para casos como el que aqu\u00ed nos ocupa.\u201d<\/p>\r\n
\u201cEn definitiva, para que la entidad actora ostente legitimaci\u00f3n en el caso que nos ocupa, se requiere que o bien resulte beneficiada o perjudicada de manera cierta con la resoluci\u00f3n que impugna (lo que no sucede, como se ha dicho); o bien que est\u00e9 legalmente habilitada para la defensa de intereses colectivos (lo que no concurre por una declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica ni porque as\u00ed lo digan sus Estatutos). Es decir, que la actora no puede ostentar legitimaci\u00f3n activa por la letra a) ni por la b) del art.19.1 de la LJCA <\/em>; ni tampoco por la h), al no encontrarnos en el presente caso con la posibilidad de acci\u00f3n popular.\u201d<\/p>\r\n
\u201c Lo expuesto, obliga a declarar la inadmisi\u00f3n del recurso ante la falta de legitimaci\u00f3n de la asociaci\u00f3n actora, al carecer \u00e9sta de inter\u00e9s real por cuanto la resoluci\u00f3n impugnada -autorizaci\u00f3n para el establecimiento de centrales el\u00e9ctricasno afecta ni perjudica el derecho subjetivo de la entidad demandante; y ello sin perjuicio de un inter\u00e9s por la legalidad ordinaria que, insistimos, no le corresponde defender en esta sede, por cuanto la ley no le atribuye expresamente la defensa de intereses colectivos como los que nos ocupan.\"<\/p>\r\n
\u201c(\u2026) Sobre la legitimaci\u00f3n de la entidad actora (\u2026) En el motivo \u00fanico en que se apoya el recurso de casaci\u00f3n, la entidad actora argumenta en primer lugar que la protecci\u00f3n del medio ambiente, bien jur\u00eddico cuyo disfrute corresponde a toda la sociedad, es un inter\u00e9s difuso general y global de la ciudadan\u00eda, siendo el inter\u00e9s procesal de una asociaci\u00f3n ecologista para la defensa jur\u00eddica del medio ambiente una plasmaci\u00f3n de dicho inter\u00e9s difuso. El medio ambiente, afirma, tendr\u00eda entre sus defensores primordiales a las organizaciones ecologistas.\u201d<\/p>\r\n
\u201cPor otra parte, aduce en su favor la Ley 27\/2006, de 18 de julio <\/em>, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, de participaci\u00f3n p\u00fablica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la cual incorpora a nuestro derecho interno las Directivas 2003\/4\/ CE y 2003\/35 <\/em>\/CE. Esta Ley que, seg\u00fan indica su exposici\u00f3n de motivos, incorpora la previsi\u00f3n del art\u00edculo 9.3 del Convenio <\/em>de Aarhus (ratificado por Espa\u00f1a en diciembre de 2004), introduce una especie de acci\u00f3n popular a favor de las personas jur\u00eddicas sin \u00e1nimo de lucro dedicadas a la protecci\u00f3n del medio ambiente. Y, el objeto del proceso es la impugnaci\u00f3n de resoluciones administrativas que autorizan la instalaci\u00f3n de una central t\u00e9rmica cuya repercusi\u00f3n en el medio ambiente es innegable. En suma, entiende que no es posible sostener que una asociaci\u00f3n ecologista no tenga un inter\u00e9s directo y leg\u00edtimo en el presente asunto.\"<\/p>\r\n
\u201cPero en el presente caso y habida cuenta que no se ha impugnado la autorizaci\u00f3n ambiental y declaraci\u00f3n de impacto ambiental por motivos urban\u00edsticos, por cuanto no es objeto de este recurso la licencia de obra, y tampoco estamos ante el supuesto previsto en el art\u00edculo 88 relativo a la Acci\u00f3n p\u00fablica<\/em> de la Ley 11\/2003, de 8 de abril, de Prevenci\u00f3n Ambiental de Castilla <\/em>y Le\u00f3n, en cuanto establece que ser\u00e1 publica la acci\u00f3n para denunciar las infracciones administrativas previstas en esta Ley, pero no se ha<\/em> denunciado ninguna de las infracciones previstas en concreto en su art\u00edculo 73 <\/em>y dado que estamos ante un particular y una empresa mercantil que no han justificado el inter\u00e9s leg\u00edtimo o beneficio en particular que les reportar\u00eda dicho ejercicio de la acci\u00f3n y no siendo p\u00fablica respecto a ellos, la acci\u00f3n en materia medioambiental, no procede otra cosa que declarar la falta de legitimaci\u00f3n de los recurrentes, estimando as\u00ed inadmisibilidad del recurso opuesta por la parte demandada.\u201d<\/p>","post_title":"Jurisprudencia al d\u00eda. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n. Acci\u00f3n p\u00fablica","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"3975","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2012-02-10 18:08:10","post_modified_gmt":"2012-02-10 16:08:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"http:\/\/www.observatoriodellitoral.es\/actualidad_juridica_ambiental\/?p=3975","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"};-->
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, núm 448/2010 de 18 de junio de 2010. Sala de lo Contencioso. Sede de Burgos. Sección Primera. Ponente Doña Mª Begoña González García.
Autor de la Nota: Ana Mª Barrena Medina. Becaria de Investigación, CIEDA-Ciemat
Id. Cendoj: 09059330012010100366
Temas clave: Autorización ambiental; Declaración de Impacto Ambiental; Legitimación ambiental.
Resumen:
Ante las resoluciones dictadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 11 de diciembre y 22 de noviembre del año 2007, por las que se hace pública la autorización ambiental y la declaración de impacto ambiental sobre un proyecto de instalación de tratamiento y revestimiento de piezas metálicas por galvanizado en caliente en el término municipal de Miranda de Ebro, son interpuestos dos recursos, uno por parte de D. Carlos Ramón y otro por la Entidad Mercantil Rejillas Caba, S.L,. Recursos que pasan a ser acumulados al contener el mismo petitum y semejantes pretensiones; solicitud de que dichas resoluciones sean declaradas nulas de pleno derecho. Sin embargo, el Tribunal no encuentra falta de legitimación ambiental, para poder recurrir dichas resoluciones.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, núm 00518/2010, de 22 de junio de 2010. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sede de Cáceres. Sección primera. Ponente Don Reaimundo Prado Bernabeu
Autor de la Nota: Ana Mª Barrena Medina. Becaria de Investigación, CIEDA-Ciemat
Fuente: Id. Cendoj: 10037330012010100736.
Temas Clave: Aguas; Acuífero sobreexplotado; Procedimiento sancionador
Resumen:
Examinamos la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Extremadura, ante el recurso interpuesto por la particular a quién se le condenó por procedimiento sancionador al pago de una cantidad dineraria. Una Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de fecha de 29 de septiembre de 2008, impuesta a causa de un exceso de uso de caudal de agua en un pozo sito en una zona que se halla dentro de un acuífero declarado sobreexplotado. Una resolución que será declarada nula en esta sentencia por el Tribunal extremeño, en base a que se considera vulnerado el principio de presunción de inocencia.
Destacamos los siguientes extractos:
“Los hechos imputados se determinan en las actuaciones contenidas en el expediente y en concreto, el riego mediante la detracción de agua de un
Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción (PROGROC) y se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción (DOGC nº 5664, de 6 de julio de 2010)
Autora de la nota: Lucía Casado Casado. Profesora titular de Derecho administrativo de la Universidad Rovira i Virgili
Resumen:
Este Decreto, que se aplica a la producción y gestión de los residuos de la construcción en el ámbito territorial de Cataluña, tiene por objeto la aprobación del Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña, que planifica la gestión de estos residuos estableciendo objetivos cuantitativos a alcanzar en 2012 (recogida y gestión controlada de residuos de la construcción y demolición: 100%, reducción de la generación de residuos de la construcción y demolición: 10%, reciclado de residuos de la construcción y demolición: 50%, valorización de residuos de envases de materiales de construcción: 70% y recogida selectiva y correcta gestión de residuos peligrosos: 100%); la regulación del régimen de la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición,
Decreto 88/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos industriales de Cataluña (PROGRIC) y se modifica el Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos (DOGC nº 5664, de 6 de julio de 2010)
Autora de la nota: Lucía Casado Casado, Profesora titular de Derecho administrativo de la Universidad Rovira i Virgili
Resumen:
El Decreto 88/2010, de 29 de junio, aprueba el Programa de gestión de residuos industriales de Cataluña, que determina con carácter programático la planificación del Gobierno de la Generalitat para la gestión de los residuos industriales en el ámbito territorial de Cataluña. Este Programa establece para el año 2012 el objetivo de valorización del 82% de los residuos generados en el sector productivo de las actividades. El seguimiento y evaluación de las actuaciones establecidas en el Programa, que deben realizarse bienalmente, corresponden a la Agencia de Residuos de Cataluña Asimismo, el Programa debe ser revisado, como máximo en seis años, correspondiendo la realización de esta revisión y modificación a la Agencia de Residuos por lo que respecta a su elaboración y propuesta y al Gobierno de
Decreto 320/2010, de 29 de junio, por el que se regulan los órganos competentes y los procedimientos administrativos en materia de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente. (BOJA núm. 139, 16 de julio de 2010)
Autor de la Nota: Ana Mª Barrena Medina. Becaria de Investigación, CIEDA-Ciemat
Temas clave: Organismos modificados genéticamente; Bioseguridad.
Resumen:
Este Decreto responde a dos objetos principales. El primero de ellos se refiere a la oportuna actualización en la regulación de los órganos competentes de la Junta de Andalucía en materia de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente.
Los órganos designados son la Consejería competente en materia de agricultura y, muy especialmente, el Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente.
El segundo objeto de este Decreto es la el establecimiento del régimen de los procedimientos administrativos en esta materia. Esencialmente el procedimiento para la resolución de las solicitudes de autorización y comunicación que se formulen, en el ámbito autonómico, en relación con las citadas actividades. Solicitudes que se habrán de dirigir a la persona titular del Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente; y
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Always active
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
