Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital. (BOE núm. 79, de 2 abril de 2011)
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del CIEDA- CIEMAT
Temas clave: Dominio público; Espectro radioeléctrico; Concesiones administrativas; Cesión de Derechos; Telecomunicaciones; Telefonía móvil
Resumen:
El espectro radioeléctrico es un recurso fundamental para la prestación de servicios y cada vez tiene mayor importancia en nuestra economía, si bien resulta necesario poner a disposición de los operadores una mayor cantidad que garantice el uso de bandas de frecuencia de una forma más eficiente. De ahí que la Directiva 2009/114/CE habilite a los Estados miembros a modificar o reconsiderar los derechos de uso del espectro con la finalidad de evitar falseamientos de competencia en los mercados.
Con el objetivo de incorporar dicha Directiva a nuestro ordenamiento jurídico, se ha aprobado por el artículo 47 de la Ley de Economía Sostenible la utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz y de 1.800 MHz al tiempo de habilitar al Gobierno a determinar,
El personal de “Actualidad Jurídica Ambiental” quiere expresar sus condolencias a todos los afectados por el terremoto registrado el pasado 11 de mayo en la Región de Murcia, mostrando su más profundo sentimiento de solidaridad con los familiares de las víctimas y heridos.
Admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 40/2010 de almacenamiento geológico de CO2
Autor: José Martínez Sánchez. Personal Investigador en Formación, CIEDA-CIEMAT
Fuente: Boletín Oficial del Estado de 20 de Abril
Temas clave: Almacenamiento geológico; Cambio Climático
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón en contra de varios artículos de la Ley 40/2010 de almacenamiento geológico de CO2, de 29 de diciembre. Concretamente, ha sido admitido a trámite el recurso a algunos de los apartados de los artículos 1, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 26, 27, además del recurso a las disposiciones transitoria primera y final undécima de esta Ley.
La presentación de dicho recurso de inconstitucionalidad fue acordada el pasado 8 de febrero de 2011 por el Consejo de Gobierno aragonés por entender que vulneraba competencias autonómicas en materia de energías y minas y en materia de medio ambiente, si bien el Gobierno aragonés ya había trasladado anteriormente esta cuestión competencial a los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Medio ambiente y Medio rural y marino durante la tramitación del
MONOGRAFÍAS:
Agricultura:
AMAT LLOMBART, Pablo. “Derecho agrario, agroalimentario y del desarrollo rural”. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. 428 p.
Aguas:
AGUDO GONZÁLEZ, Jorge. “El derecho de aguas en clave europea”. Madrid: La Ley, 2011. 450 p.
PERIS RIERA, Jaime Miguel; CUESTA PASTOR, Pablo. “La tutela penal del agua”. Madrid: Dykinson, 2011. 358 p.
SERENO ROSADO, Amparo. “Ríos que nos separan, aguas que nos unen: Análisis jurídico de los Convenios Hispano- Lusos sobre aguas internacionales”. Valladolid: Lex Nova, 2011. 408 p.
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mª Pilar Teso Gamella)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1758/2011
Temas Clave: Evaluación de impacto ambiental; Derecho Estatal básico; Legislación de desarrollo; Técnicas autonómicas; Multiplicidad de títulos autorizatorios
Resumen:
Se plantea en la Sentencia de referencia la casación de la STSJ Canarias (sede las Palmas de Gran Canaria) de 29 de mayo de 2006, desestimatoria del recurso interpuesto por la Empresa responsable de la explotación de una cantera industrial (en el término municipal de La Oliva) contra la Resolución del Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, de 24 de mayo de 2001, que dispuso la paralización de las actividades de explotación de dicha cantera, al no contar con la previa Declaración de Impacto Ecológico, y contra la Resolución de 31 de julio de 2001 de la Consejería de la Presidencia e Innovación Tecnológica que declara la caducidad de la autorización del aprovechamiento de recursos de la Sección A) en la misma.
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