Orden de 30 de julio de 2009 por la que se desarrolla el Reglamento del impuesto sobre la contaminación atmosférica (DOGA nº 159, de 14 de agosto de 2009)
En una clara apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías a los procedimientos de gestión de los tributos, la Orden de 30 de julio, en vigor desde el 15 de agosto de 2009, aprueba los modelos en formato papel y en formato electrónico de declaración de alta/modificación en el Registro de Focos Emisores de Sustancias Contaminantes, de autoliquidación mensual y de declaración resumen anual del impuesto sobre la contaminación atmosférica en Galicia, desarrollando además los procedimientos de aplicación de este tributoregulado por la Ley 12/1995, de 29 de diciembre, sobre lcontaminación atmosférica.
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos (DOGC de 28 de julio de 2009)
Con el propósito de armonizar y aportar claridad el régimen jurídico de los residuos en Cataluña, el Decreto Legislativo 1/2009 , vigente desde el pasado 29 de julio, refunde en un único texto la Ley 6/1993 de 15 de julio, reguladora de los residuos, la Ley 11/2000, de 13 de noviembre, reguladora de la incineración de residuos; la Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993 y la Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993.
Desde el año de su publicación, la Ley 6/1993 reguladora de los residuos en Cataluña ha sido sometida a varias modificaciones parciales con la finalidad de adecuarla a la legilación Europea, estatal y autonómica. Este hecho ha determinado una falta de uniformidad en la terminología empleada por la norma, que ha aconsejado la revisión de la redacción de algunas de sus disposiciones.
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero (BOE de 1 de agosto de 2009)
El Real Decreto 1304/2009 viene a corregir las deficiencias puestas de manifiesto por la Comisión Europea en relación con la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.
Para ello, la norma de 2009 modifica el Real Decreto 1481/2001 , de 27 de diciembre, introduciendo un nuevo párrafo f) en el artículo 9.1 , que establece como requisito para la concesión de la autorización para un nuevo vertedero, o para la ampliación o modificación de uno existente, una comprobación previa que llevarán a cabo las autoridades competentes con la finalidad de constatar que el proyecto de vertedero cumple con todos los requisitos y obligaciones establecidas en el Real Decreto 1481/2001 , de 27 de diciembre, incluidos sus anexos.
Orden de 14 de julio de 2009 por la que se regula la aplicación de la condicionalidad y se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE, nº 138, de 20 de julio de 2009).
Mediante esta norma se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la política agrícola común, los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del viñedo.
Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo (BOE Nº 173, de 18 de julio de 2009).
A lo largo de los últimos años, la mejora de la calidad de las normas se ha constituido en una prioridad para el conjunto de los países de nuestro entorno, debido entre otros factores, al papel que los ordenamientos jurídicos juegan como motor del desarrollo sostenible, la competitividad y la creación de empleo.
En la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, “Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea”, la Comisión recomendaba que todos los Estados miembros articularan estrategias para legislar mejor, en particular, la implantación de sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de una norma, así como las estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias nacionales.
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