Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan las instrucciones necesarias para el abandono del proyecto para albergar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) y se insta a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, S.M.E., a llevar a cabo las actuaciones que procedan para la terminación ordenada de los procedimientos iniciados para su puesta en funcionamiento
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: (BOE n. 14, de 16 de enero de 2024)
Palabras clave: Residuos radiactivos. Almacenes temporales descentralizados.
Resumen:
El Séptimo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 27 de diciembre de 2023, ante la falta del consenso social, político e institucional necesario para designar el emplazamiento del ATC en el municipio de Villar de Cañas, optó por establecer almacenes temporales descentralizados en cada uno de los siete emplazamientos de las centrales de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Santa María
Orden 2126/2023, de 29 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, por la que se aprueba la Estrategia de Energía, Clima y Aire de la Comunidad de Madrid 2023-2030
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 15 de enero de 2024, núm. 12.
Palabras clave: Contaminación. Aire. Clima. Descarbonización. Plan estratégico. Plan energético.
Resumen:
Algunos de los desafíos relacionados con la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la energía pasan por la reducción de las emisiones a la atmósfera, la gestión de la calidad del aire. Este compromiso de mejora se ha visto materializado en los diferentes instrumentos de planificación adoptados hasta la fecha, en los que se han fijado objetivos ambiciosos a alcanzar a través de medidas concretas que han sido diseñadas para los diferentes sectores de actividad y las fuentes de emisión más representativas a nivel regional.
Algunos instrumentos anteriores han sido por ejemplo, el Plan Energético de la Comunidad de Madrid Horizonte 2020 se dirigió a la satisfacción de la demanda energética con altos niveles de
Ley 18/2023, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial del País Vasco, de 4 de enero de 2024, núm. 3
Palabras clave: Suelo. Urbanismo. Territorio. Ordenación territorial. Licencias. Autorizaciones.
Resumen:
Se propone la modificación propuesta del artículo 85 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (LSU), con el fin de clarificar el cómputo de los plazos de la suspensión de licencias, aprobaciones y autorizaciones urbanísticas para ámbitos o usos determinados de manera clara y realista, a los efectos de la elaboración o, en su caso, modificación o revisión de los planes urbanísticos.
De forma concreta, se trata de establecer dos plazos de vigencia de la suspensión, según la suspensión se produzca (i) facultativamente antes del acuerdo de la aprobación inicial o bien (ii) de manera automática y obligatoria, por ser un efecto intrínseco del acuerdo de la aprobación inicial.
Por consiguiente, pretende que la suspensión, en lo que se refiere a planes generales, pueda alcanzar un máximo de tres
Reglamento (UE) 2024/223 del Consejo de 22 de diciembre de 2023 que modifica el Reglamento (UE) 2022/2577 por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables (DOUE L de 10 de enero de 2024)
Autora: Sara García García, Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid.
Palabras clave: Renovables. Plazos. Autorización.
Resumen:
La Unión Europea modifica este mes de enero un polémico Reglamento, el 2022/2577; una norma que, bajo la apariencia de avanzar en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, anteponía con pasmosa nitidez el interés económico al medioambiental. Es cierto que este Reglamento se aprueba en un momento en el que la seguridad energética de la Unión está en jaque, pero esto no parecía justificación suficiente para fomentar un despliegue de energías renovables descontrolado, desprovisto de garantía alguna que ofreciese seguridad ambiental en el presente, pero lo que es peor, en el futuro.
El Reglamento de 2022 ha sido analizado en dos ocasiones en esta revista. Lo hizo quien escribe, así como Carlos Javier Durá Alemañ quien, desde un punto de vista acertadamente crítico, analizaba el impacto evidentemente negativo que suponía una norma como esta, especialmente para el
Ley de Cantabria 3/2023, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOC n. 87, de 29 de diciembre de 2023
Palabras clave: Aguas. Saneamiento. Abastecimiento. Ordenación del territorio. Urbanismo.
Resumen:
Nos detendremos exclusivamente en aquellos aspectos que directa o indirectamente puedan relacionarse con la materia jurídico-ambiental.
-Con posterioridad a la aprobación del Plan General de Saneamiento y Abastecimiento de Cantabria (en adelante, PGAS) en el año 2015, han surgido necesidades nuevas y circunstancias sobrevenidas, en ocasiones derivadas de cambios normativos, como la aprobación del nuevo Plan Hidrológico de cuenca (Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental 2022-2027), donde se prioriza la ejecución de ciertas actuaciones en materia de saneamiento y abastecimiento en Cantabria, como alcanzar el buen estado de las masas de agua y lograr una adecuada garantía de suministro. Algunas de estas actuaciones no se encuentran identificadas en ninguno de los Programas del PGAS. Otras sí lo están, pero cuentan con un orden de prioridad que no se corresponde con su relevancia actual.
Al efecto, con independencia de que actualmente se esté procediendo
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