Autora de la nota: Eva Blasco Hedo, Investigadora y Responsable del Centro de Formación CIEDA – CIEMAT
Resumen:
La presente Ley viene a cumplir el mandato estatutario previsto en su Título VIII, dedicado íntegramente a la administración local, estableciendo su artículo 64.1 la obligación de aprobar una Ley de Régimen Local de la Comunitat, que se traduce en esta norma en un amplio margen de actuación de la potestad de autoorganización de los entes locales, a través de los principios de subsidiariedad, diferenciación, descentralización administrativa y suficiencia financiera.
Se trata de una Ley cuyo objeto prioritario es completar el modelo de régimen local establecido en la legislación básica estatal adaptándolo a la realidad y a las características propias del régimen local valenciano. Considera al municipio como entidad de primer nivel y a las restantes entidades locales, como de segundo. La regulación del municipio que lleva a cabo el texto legal desarrolla las competencias autonómicas asumidas por el Estatut y las previsiones que en este sentido realiza la legislación básica estatal. Destaca la figura del régimen de gestión compartida, dispensando a los pequeños municipios acogidos al mismo de la prestación de determinados servicios públicos configurando un modelo simplificado de organización y funcionamiento, otorgando un especial protagonismo en estos casos a la provincia. Se reconoce a las entidades locales menores su categoría de entidad local con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; se regulan sus competencias y las que puede asumir por delegación del municipio.
Uno de los aspectos fundamentales de esta norma es el fomento de las figuras asociativas municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, potenciando la figura de las mancomunidades de municipios para mejorar la prestación de servicios y la realización de obras públicas de carácter supramunicipal y como factores de desarrollo en determinadas zonas, de reactivación económica y demográfica.
En atención al principio esencial de la participación ciudadana, esta Ley regula un catálogo de derechos de los vecinos ante las administraciones locales y considera clave la aplicación de las nuevas tecnologías en este ámbito. Se regulan una serie de instituciones que tienen por finalidad mejorar la colaboración y la coordinación en el funcionamiento de las administraciones públicas, como la Comisión Mixta de cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y la Comisión Interdepartamental de Coordinación de Políticas Locales.
La relación de colaboración y coordinación entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales a través de la delegación de competencias, encomienda de gestión de actividades y servicios está prevista en los artículos 144 y ss.
En materia de bienes de las entidades locales se establece una regulación complementaria de la normativa básica estatal, clarificándose aspectos procedimentales, como el de la autorización por parte de la Generalitat de las enajenaciones de bienes de los entes locales, fijándose el plazo para dictar resolución expresa, se determina el sentido del silencio administrativo y se regula la cesión de uso de bienes patrimoniales. En cuanto al régimen de aprovechamiento, se prevé la modificación de la calificación jurídica de los bienes mediante alteración expresa o automática, la desafectación de bienes comunales, el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público en régimen de concurrencia por un plazo máximo de 75 años, la utilización de los bienes patrimoniales de acuerdo con criterios de rentabilidad así como la cesión de uso de bienes patrimoniales y su enajenación a título oneroso.
La Ley también regula el régimen de actividades y servicios de los entes locales a través de diversos instrumentos que deben asegurar el acceso de los vecinos a bienes y servicios de primera necesidad. Finalmente, se crea el Fondo de Cooperación Municipal, con cuya dotación se pretende potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad destinado a todos los municipios de la Comunitat.
Entrada en vigor:
14 de julio de 2010
Normas afectadas:
Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
El Decreto 129/1985, de 23 de agosto, por el que se establecen las directrices de coordinación de las funciones propias declaradas de interés comunitario. El Decreto 99/1986, de 30 de julio, del Consell, por el que se crea y regula provisionalmente el Consejo Valenciano de Administración Local. El artículo 102 de la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. La Ley 2/2001 de 11 de mayo de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunitat Valenciana, excepto en lo previsto en sus disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y disposición derogatoria.
