Últimos Dictámenes medioambientales del Comité Económico y Social Europeo
Autora: Sara García García, Doctoranda en Derecho de la Universidad de Valladolid
Fuente: DOUE C 47 de 11 de febrero de 2020
Temas clave: Transición ecológica; Cumplimiento normativo; Legislación; Bosques; Servicios ambientales
Resumen:
El Comité Económico y Social Europeo (en los sucesivo CESE) ha tenido un mes especialmente prolífico en cuanto a sus Dictámenes. De todos ellos destacan tres, en concreto, relevantes por contener mayor grado de novedad a efectos medioambientales.
El primero de ellos pretende «No dejar a nadie atrás al aplicar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030». En este primer Dictamen el CESE analiza la situación generada con la transición a una economía sostenible, neutra en emisiones y eficiente en el uso de los recursos en la que, considera, no se ha tenido en cuenta de forma suficiente la dimensión social de la cuestión, en favor de la ambiental y la económica.
Son muchos los ciudadanos, recoge el CESE, así como empresas, sectores, regiones o minorías que se sienten abandonados y olvidados con el nuevo modelo económico-ambiental planteado y que necesitan de una mejor labor por parte de las autoridades que facilite su transición hacia el sistema del futuro.
Ante esta situación, el CESE considera necesario abordar la cuestión social de la sostenibilidad, pues los cambios iniciados conllevarán oportunidades para muchos, pero también riesgos para otros. No dejar a nadie atrás, afirma, «significa que todos los miembros de la sociedad y especialmente los más rezagados tienen una posibilidad real de aprovechar las oportunidades y están bien preparados para afrontar los riesgos. Esto exige una política activa. En este contexto, los grupos más vulnerables de la sociedad y las regiones y territorios más desfavorecidos necesitan una consideración especial». Para cumplir este nuevo objetivo, el CESE propone a la Comisión Europea, al Parlamento, al Consejo y a los Estados miembros nuevas medidas dirigidas especialmente a garantizar una transición justa; una actuación que no deberá centrarse en las ciudades, sino también en las comunidades rurales y que consistirá, entre otras cosas, en nuevas medidas de fiscalidad adaptada, de protección social, del fomento de cooperativas e inversiones sostenibles, en las que se aplicará especial énfasis en el apoyo económico para pymes.
Precisamente ha sido en esta materia, esa transición ecológica, el tema central sobre el que ha tenido que trabajar el Comité Europeo de las Regiones (en adelante CDR) este mes de febrero.
Resulta evidente que la preocupación que apreciaba el CESE a nivel social ante esta transición, ha sido recogida por el CDR, (puede verse con claridad en el Dictamen titulado «Una Europa sostenible de aquí a 2030: seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la transición ecológica, así como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático»).
Del trabajo del CDR se aprecia que la inquietud social se produce a todos los niveles: desde la propia ciudad (puede verse el Dictamen del CDR sobre «Ciudades inteligentes: nuevos desafíos para una transición justa hacia la neutralidad climática. ¿Cómo cumplir los ODS en la vida real?»), a nivel local y regional en general (Dictamen CDR sobre cómo «Aplicar el Acuerdo de París mediante una transición energética innovadora y sostenible a escala local y regional»). Todas las recomendaciones elaboradas por el CDR están, en conjunto con el pensar del CESE, dirigidas a incluir el aspecto social en la sostenibilidad en general, reforzando la atención sobre la población dentro de las políticas iniciadas en materia de transición energética y ecológica, apoyando medidas como la creación de un nuevo fondo de transición justa para ayudar a las regiones carboníferas a avanzar hacia una energía limpia, con el que ofrecer un apoyo a la sociedad que no se ve directamente favorecida por la transición, al tiempo que se refuerza la competitividad europea.
En segundo lugar, el CESE propone «Un papel más constructivo para la sociedad civil en la aplicación de la legislación medioambiental».
El informe parte de una premisa muy clara: el fracaso en el cumplimiento adecuado de la legislación medioambiental; y la culpa no procede tanto de la sociedad civil, sino de una falta de voluntad política en todos los niveles institucionales, «que simplemente, – dice el CESE,- estos no se han preocupado lo suficiente».
De poco sirve, por tanto, el esfuerzo de muchos por construir un Derecho ambiental eficaz si después no se aplica o no se cumple adecuadamente desde ningún ángulo del sistema.
Para resolver esto, el CESE pide a la Comisión que elabore un mejor marco de cumplimiento a escala de la Unión. «Esto debería llevarse a cabo mediante una tramitación más transparente y eficaz de las reclamaciones y las infracciones, pero también añadiendo mayores recursos humanos y financieros (por ejemplo, dentro del marco financiero plurianual). El objetivo es explicar qué es la legislación medioambiental de la UE, controlar si se aplica correctamente, evaluarla y ayudar a los tribunales a ejercer su jurisdicción, cuando sea necesario».
Otro paso importante a destacar se daría con la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil (en adelante OSC) en los futuros controles de adecuación de la legislación medioambiental de toda la Unión y en los procesos de revisión de la aplicación de la normativa ambiental a escala nacional y europea; en este sentido, el CESE propone crear un órgano tripartito (compuesto por la Comisión, los Estados miembros y OSC) para resolver controversias o debatir sobre problemas planteados por las OSC antes de que se produzca cualquier posible daño al medio ambiente o se interponga cualquier recurso. Además, un órgano consultivo científico independiente de la UE debería, dice el CESE, poder dirigir recomendaciones a la Comisión cuando una OSC informe de un problema. La Comisión también debería presentar decisiones motivadas.
Estas OSC adquirirán también un papel relevante, junto a las pymes, en los procedimientos de educación y formación en la materia, creándose la educación obligatoria en materia de clima y medio ambiente, pasando a formar parte de los planes de estudios de todos los países.
A nivel político, el CESE «insta a todos los Estados miembros a que establezcan como mínimo un ministerio de protección del medio ambiente, lo que permitirá prestar una mayor atención a la legislación medioambiental y una mejor coordinación y aplicación de la misma». Desde donde se iniciarían iniciativas específicas tales como estrategias de contratación pública ecológica mejoradas que quedarían bajo la supervisión regular y directa de la Comisión Europea.
El tercer Dictamen interesante desde el punto de vista ambiental es el que versa sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Avances en la aplicación de la estrategia forestal de la UE “Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal”».
Se avanza así en el camino hacia la renovación, para después de 2020, de la estrategia forestal actualmente vigente, de 1998, como parte integrante del Pacto Verde Europeo. Un texto que fue clave en la aparición de conceptos hoy esenciales como el de multifuncionalidad de los bosques europeos, así como en el reconocimiento de los servicios ambientales.
La principal novedad, (más allá de actualizar y modernizar criterios y de reforzar la financiación y sistemas de información existentes), está en la incorporación de mecanismos de pagos por servicios ambientales específicos en la futura Estrategia Forestal y otros mecanismos de fomento específico de la protección de estos servicios.
En este sentido, resulta interesante la posibilidad que contempla el CESE de comercializar créditos de compensación de emisiones mediante mercados de carbono voluntarios dirigidos a mitigar el cambio climático. El objetivo es fomentar un mercado local para la comercialización de créditos de carbono de forma voluntaria, como manera de reforzar las políticas de la Unión de lucha contra el cambio climático, a través del cual se pretende mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero al fomentar la captura de carbono, generar ingresos para las zonas desfavorecidas al calcular el valor del servicio de captura de carbono prestado por el ecosistema forestal, fomentar que los entes locales adopten estrategias de compensación, y hacer que las pymes rindan cuentas, alentándolas así a mitigar su propio impacto ambiental. Sin embargo, advierto el CESE, «es importante velar por que el mecanismo de compensación no sea desproporcionado en modo alguno ni dificulte la movilización sostenible de la madera o la gestión sostenible de este recurso».
Enlaces web:
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «No dejar a nadie atrás al aplicar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030» (Dictamen de iniciativa)
- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Ciudades inteligentes: nuevos desafíos para una transición justa hacia la neutralidad climática. ¿Cómo cumplir los ODS en la vida real?
- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Aplicar el Acuerdo de París mediante una transición energética innovadora y sostenible a escala local y regional
- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — «Una Europa sostenible de aquí a 2030: seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la transición ecológica, así como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático»
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Un papel más constructivo para la sociedad civil en la aplicación de la legislación medioambiental» (Dictamen exploratorio)
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Avances en la aplicación de la estrategia forestal de la UE “Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal”»
