Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016 (Sala Tercera, Sección 5, Ponente: Francisco José Navarro Sanchís)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 1274/2016-ECLI:ES:TS:2016:1274
Temas Clave: Biodiversidad; Caza; Especies invasoras; Fauna; Pesca
Resumen:
La Sala Tercera del Tribunal Supremo analiza en la sentencia objeto de comentario el recurso contencioso-administrativo interpuesto por asociaciones ecologistas contra el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. En concreto, se impugna la exclusión, en contra de criterios científicos a juicio de los recurrentes, de determinadas especies de flora y fauna del Catálogo, así como las disposiciones adicionales quinta y sexta y la transitoria segunda.
En la redacción del Real Decreto impugnado, se dejaba fuera especies exóticas invasoras tales como la trucha arco iris, la carpa común o el alga wakame. Así mismo, en las disposiciones objeto también de recurso, se amparaba la comercialización del cangrejo rojo (disposición adicional quinta), la posibilidad de pesca de algunas especies consideradas invasoras (disposición transitoria segunda) y de las explotaciones de cría del visón americano (disposición adicional sexta). Tales cuestiones reguladas motivaban el recurso de
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Eduardo Calvo Rojas)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 1748/2016 – ECLI:ES:TS:2016:1748
Temas Clave: Hidrocarburos; Permiso de investigación; Medidas de protección medioambiental; Evaluación ambiental; “Proyectos” singulares de actividad industrial
Resumen:
Conoce la Sala del recurso contencioso administrativo formulado por la Asociación “Ecologistas en Acción de Guadalajara” contra el Real Decreto 317/2013, de 26 de abril, por el que se otorga a “Frontera Energy Corporation, S.L.”, el permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Cronos», por un periodo de seis años en una zona de 96.961 hectáreas que abarca el territorio de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Con carácter previo, expone algunas de las notas esenciales del Real Decreto relacionadas con el contenido de la autorización otorgada: trabajos mínimos, posibilidad de renuncia al permiso, inversión y constitución de seguro de responsabilidad civil. Asimismo, se detiene en las medidas de protección medioambiental requeridas por la norma y en los requerimientos para la obtención de otras autorizaciones subsiguientes al permiso de investigación.
En primer
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 2059/2016- ECLI:ES:TS: 2006:2059
Temas Clave: Retribución especial; clasificación de instalaciones; certeza
Resumen:
La Sentencia seleccionada resuelve el recurso contencioso-administrativo número 1/833/2014 interpuesto por la representación procesal de las mercantiles Hedensted pv VI, S.L. y Hedensted pv VII, S.L., contra la Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, siendo parte demandada la Administración del Estado.
Fundamentalmente, las recurrentes solicitan la nulidad de la Orden citada por entender que la misma es manifiestamente contraria al Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, a la Ley del Sector Eléctrico 24/2013, de 26 de diciembre, y al Real Decreto 413/2014, de 6 de julio, por el que se regula la actividad de producción
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Espín Templado)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 2110/2016- ECLI:ES:TS: 2006:2110
Temas Clave: Acceso a la justicia; Evaluación de impacto; espacios naturales; Red Natura 2000
Resumen:
La Sentencia que nos ocupa resuelve el recurso de casación núm. 530/2013, interpuesto por el Gobierno de Cantabria contra la Sentencia de 31 de octubre de 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso 582/2010, en la que se estimaba parcialmente el recurso promovido por Ecologistas en Acción contra la Resolución del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria de 17 de octubre de 2008, que aprobaba el proyecto de “mejora de plataforma de la carretera de la Ría del Capitán a San Vicente de la Barquera p.k. 6,600; tramo: playa de Oyambre-Puente de la Maza”, contra la Resolución del Director General de Medio Ambiente de 15 de abril de 2008 que contenía la Declaración de Impacto Ambiental de dicho proyecto y contra modificaciones posteriores del tramo.
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Luis María Díez-Picazo Giménez)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1987/2016- ECLI: ES:TS: 2006:1987
Temas Clave: Subvenciones; competencias; Estado; Comunidades Autónomas
Resumen:
En esta ocasión, la Sala del TS resuelve el recurso contencioso-administrativo 215/2014 interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente. La recurrente solicita la nulidad de los arts. 2, 3.d), 6, 7, 9 y 17, y la previsión “así como las de investigación científica, en relación con el medio ambiente”, contenida en el art. 1, párrafo 2, y la Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el marco del aludido Real Decreto.
A juicio de la Generalidad, la norma impugnada contraviene la jurisprudencia del TC, en cuya virtud el Estado puede destinar los fondos a
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