Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de mayo 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5, Ponente: Octavio Juan Herrero Pina)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STS 1660/2021 – ECLI:ES:TS:2021:1660
Palabras clave: Pesca. Cuotas. Buques. Criterios de reparto. Caladeros.
Resumen:
La Sala examina el recurso de casación interpuesto por la mercantil “ARMADORA PARLEROS, S.L.”, contra la sentencia de 16 de noviembre de 2018, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que conoció del recurso formulado contra la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece el Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste. Han sido partes recurridas el Abogado del Estado y la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Marín, la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca del Litoral Español y Sur de Portugal (ARPOSUR) y las mercantiles Pesquerías Riveirenses, S.L., Unión Marina, S.L. y Pesqueras Santander, S.L.
La pretensión principal de la recurrente es que los criterios de
Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de abril de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Ángeles Huet de Sande)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STS 1676/2021 – ECLI: ES:TS:2021:1676
Palabras clave: Dominio público hidráulico. Infracciones. Sanciones. Prescripción. Caducidad.
Resumen:
El Alto Tribunal se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por una Comunidad de Bienes contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, con fecha 6 de noviembre de 2019, desestimatoria del recurso interpuesto por aquella contra la resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 19 de julio de 2017 -confirmada en reposición por la de 29 de noviembre de 2017-, por la que se impone a la recurrente la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico por importe de 235.569,84 euros al amparo de los artículos 118 TRLA y 323 y 327 RDPH.
La cuestión sobre la que existe interés casacional
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2021 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 739/2021- ECLI: ES: TS: 2021:739
Palabras clave: Informe preceptivo. Ley de Aguas. Aumento de población. Demanda de recursos.
Resumen:
La Sentencia seleccionada resuelve el recurso de casación número 8388/2019 interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, y por la mercantil «Residencial Maravillas Sociedad Cooperativa Madrid», contra la sentencia núm. 527/19, de 17 de septiembre, estimatoria parcial del procedimiento ordinario núm. 278/16 interpuesto por la representación procesal de «Ecologistas en Acción Madrid-Aedenat» contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 27 de noviembre de 2015, que aprueba definitivamente el Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 07.09 «TPA Raimundo Fernández Villaverde», siendo parte recurrida «Ecologistas en Acción Madrid-Aedenat». La Sala de instancia había estimado parcialmente el recurso, declarando la nulidad de pleno derecho del instrumento urbanístico.
Los recurrentes consideran que el recurso de casación trae causa de numerosos incumplimientos del Real Decreto Legislativo
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2021 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Calvo Roja)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 790/2021- ECLI: ES: TS: 2021:790
Palabras clave: EIA. Prórroga concesión. Nueva evaluación.
Resumen:
La presente Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo núm. 65/2019 interpuesto por Asociación Alianza Mar Blava, contra el Real Decreto 1519/2018, de 28 de diciembre, por el que se otorga la segunda prórroga a la concesión de explotación de hidrocarburos «Casablanca», siendo parte demandada la Administración del Estado, y codemandadas las entidades Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., Cepsa E.P España, S.L.U., Cnwl Oil España, S.L., y Petroleum Oil & Gas España, S.A. Debe señalarse que la explotación de hidrocarburos citada se encuentra situada frente a las costas de Tarragona, y que fue otorgada por el Real Decreto 3046/1978, de 3 de noviembre, por un período de 30 años, a favor de un grupo de sociedades, que, a día de hoy, está integrado por las codemendadas. La primera prórroga se otorgó por diez años, y fue acordada por Real Decreto
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2021 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: José Díaz Delgado)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 692/2021- ECLI: ES: TS: 2021:692
Temas Clave: Impuestos. Actividad ambiental. Energías.
Resumen:
La Sentencia seleccionada en esta ocasión resuelve el recurso de casación núm. 4459/2019, interpuesto por Iberdrola Generación, S.A.U contra la sentencia dictada el 3 de abril de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que desestimó el recurso número 515/2016, contra la resolución del Subdirector General de Tributos de 18 de mayo de 2015 denegatoria de la solicitud de rectificación de la autoliquidación correspondiente al cuarto trimestre de pagos fraccionados del ejercicio 2013 del impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente (IAMA), en su modalidad de producción de energía eléctrica, creado por Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, y todo ello con imposición de las costas a la parte demandante, en la cuantía máxima de 2.500 € por todos los conceptos.
En este sentido, el Tribunal considera que la cuestión
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