Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 24 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Querol Carceller)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AS 2518/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:2518
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de Aarhus); Incumplimiento del derecho comunitario; Participación
Resumen:
Una organización recurre la Resolución de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias de 16 de julio de 2015, a través de la cual se acuerda modificar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada a una central térmica de carbón ubicada en Soto de Ribera en el Principado de Asturias.
La parte nuclear del pleito se encuentra en la alegación de que en esta renovación de la AAI no se ha efectuado proceso de participación pública, prescindiendo, en opinión de los recurrentes, del procedimiento legalmente establecido por el Convenio de Aarhus de 1998 (artículo 6.10). Subsidiariamente, se solicita la anulación o que se dejen sin efecto determinados condicionantes de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 14 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Matías Alonso Millán)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 2797/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:2797
Temas Clave: Cambio de uso forestal; Montes
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en virtud de la cual se estimó parcialmente el formulado por el Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal de Salinillas de Bureba frente a una Resolución de la Administración autonómica que denegó el cambio de uso forestal de determinadas parcelas propiedad de la entidad local. La sentencia de instancia anuló la citada resolución respecto de las fincas cuya modificación de uso había sido denegada, salvo en lo referente a dos de las parcelas, que confirmó la denegación.
Se adelanta que la Sala estima parcialmente el recurso de apelación en el único sentido de añadir la denegación de roturación en una parte situada en el sur de las dos partes
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José María Arrojo Martínez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ GAL 5397/2017 – ECLI:ES:TSJGAL:2017:5397
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y licencias; Procedimiento administrativo
Resumen:
A través de la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia de 22 de julio de 2015, se declaró de oficio la nulidad de pleno derecho de la Resolución de 16 de mayo de 2013 por la que se renovaba la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada a una mercantil conservera para una planta de elaboración de harinas y aceites de pescado situada en Redondela (Pontevedra).
Pocos meses después, además, se adoptó como medida cautelar por la misma Consejería la parada inmediata de la instalación, precisamente por carecer de AAI.
Contra ambas resoluciones se alza la empresa afectada mediante la interposición de su recurso contencioso-administrativo.
Según se desprende de la propia sentencia analizada, la causa que motivó la declaración de oficio de nulidad de pleno derecho, se basaba en la anulación mediante sentencia judicial de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Mariano Miguel Ferrando Marzal)
Autora: Aitana De la Varga Pastor, Profesora Agregada de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ STSJ CV 3250/2017 – ECLI: ES:TSJBAL:2017:3250
Temas Clave: residuos; plan integral de residuos; plan zonal; proyecto de gestión; compensación económica
Resumen:
Esta Sentencia resuelve apelación al recurso contencioso interpuesto por el Ayuntamiento de Jijona contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud que, con fecha 21 de diciembre de 2009, dirigió al Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona XIV sobre reconocimiento de la obligación en su favor y en concepto de compensación económica por la ubicación en su término municipal del centro de valoración y eliminación de residuos en los ejercicios de 2006, 2007 y 2008 de la suma de 1.107.136,56 euros, recurso que fue desestimado por sentencia.
La pretensión de la actora es que se condenase al Consorcio al pago, como titular del derecho de la cantidad reclamada, en concepto de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Francisco López de Hontanar Sánchez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 7512/2017 – ECLI:ES:TSJM:2017:7512
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Ayuntamientos; Derecho ambiental comunitario; Taxis
Resumen:
Mediante el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre de 2012 se aprobó la Ordenanza Reguladora del Taxi. Normativa exhaustiva en cuanto a la regulación de este servicio, y que incluye algunos puntos que en su día levantaron cierta polémica, tales como la obligatoriedad de los titulares de la licencia de estar domiciliados en la Comunidad de Madrid, o la exigencia de carecer de antecedentes.
En cualquier caso, dicha Ordenanza fue recurrida por la Asociación de Empresarios Madrileños del Taxi ante la jurisdicción contencioso-administrativa, impugnando varios de sus artículos.
En lo que a nuestros efectos importa, la materia jurídico ambiental, debemos detenernos exclusivamente en la solicitud de anulación del artículo 16 de la Ordenanza, a través del cual se determina que «1. Los vehículos no podrán superar la antigüedad de 10 años contados desde su primera
|
