Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha de 27 de julio 2021 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: María Desamparados Iruela Jiménez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ CV 4171/2021 – ECLI:ES:TSJCV:2021:4171
Palabras clave: Caza. Silvestrismo. Silencio administrativo.
Resumen:
En esta sentencia, interviene como recurrente la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana y Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española, contra la desestimación por silencio administrativo por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, de la Generalitat Valenciana, de la apelación anterior contra otra resolución de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental.
Esa resolución inicial concluyó “no conceder durante el año 2018 autorizaciones excepcionales para las capturas anuales de aves fringílidas en la Comunidad Valenciana, repartidas entre las asociaciones silvestristas”. Con esta resolución se trataba de anticipar el final del periodo transitorio establecido provisionalmente en la Orden 20/2016 por la cual de forma excepcional se autorizaba la captura, tenencia y cría de aves fringílidas
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 15 de junio de 2021 (Sala de lo Contencioso, Sección 1, Ponente: Edilberto José Narbón Laine)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 2973/2021 – ECLI:ES:TSJCV:2021:2973
Palabras clave: Espacio natural protegido. Red Natura 2000. Plan Actuación Urbanística. Ordenación territorio. Evaluación ambiental estratégica.
Resumen:
Esta sentencia trata sobre el proceso interpuesto por las mercantiles COLINAS GOLF RESIDENCIAL S.L., COLINAS GREEN GOLF S.L., GMP NUEVA RESIDENCIAL S.A. por el cual recurrieron el “Decreto del Gobierno Valenciano núm. 190/2018, de 19 de octubre, por el que se declara paisaje protegido la Sierra Escalona y su entorno.
Los argumentos empleados se resumen en los siguientes:
Por un lado, se infringe la normativa ambiental sobre espacios protegidos pues refieren que las partes de la finca incluidas en el paisaje protegido no reúnen los valores ambientales requeridos.
En segundo lugar, manifiestan que la delimitación del paisaje protegido “vulnera el principio de interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos”. Un
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de once de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Desamparados Iruela Jimenez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ. STSJ CV 36/2021 – ECLI:ES:TSJCV:2021:36
Palabras clave: Plan Acción Territorial Infraestructura Verde. Litoral. Playas.
Resumen:
Sentencia de gran trascendencia para el futuro del escaso litoral que queda en la Comunidad Valenciana, en esta ocasión, la recurrente, Torreviñas S.L.U., interpuso recurso contencioso-administrativo frente al Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8293, de 11 de mayo de 2018).
Este plan, denominado PATIVEL, tiene como objetivo: “definir y ordenar la infraestructura verde supramunicipal del litoral, protegiendo sus valores ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de protección frente a riesgos naturales e inducidos y del cambio climático; garantizar la conectividad ecológica y funcional entre los
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 16 de septiembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Rafael Pérez Nieto)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ STSJ CV 5266/2020 – ECLI:ES:TSJCV:2020:5266
Temas clave: Responsabilidad Administración. Plan General Ordenación Urbana. Red Natura 2000. Indemnización.
Resumen:
En este asunto, el objeto de la impugnación que establece el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas es la resolución de 18-10-2018 de la Consellería d`Habitage, Obres Públiques y Vertebració del Territori, Generalitat Valenciana, que denegó la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados de la declaración judicial de nulidad del plan general de ordenación urbana (en adelante, PGOU) mediante STSJCV de 13-11-2013 confirmada por STS de 27-11-2015. En concreto, el Ayuntamiento alega haber padecido daños y perjuicios a consecuencia de la anulación del PGOU, tales como los gastos invertidos en su elaboración (244.236,88 euros) o con la devolución de las tasas por la tramitación del PAI (programa de actuación integrada) (209.419,68 euros).
En su demanda, el Ayuntamiento manifiesta que en este caso se
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de tres de diciembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Antonio López Tomas)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 7609/2020 – ECLI: ES:TSJCV:2020:7609
Palabras clave: Evaluación impacto ambiental. Licencia ambiental. Suelo no urbanizable. Plan general ordenación urbana.
Resumen:
En esta sentencia, la parte actora es la ASSOCIACIÓ ECOLOGISTA FENOLLAR
D’AFECTATS PER LA INATAL.LACIÓ DE GRANJA. Esta entidad recurrió la Resolución de por la que se concede licencia de apertura a una empresa avícola para el inicio de funcionamiento de actividad de granja de gallinas ponedoras en una partida de Alicante. Son demandados tanto el Ayuntamiento de Alicante como la empresa avícola.
Entre los argumentos empleados, están los que siguen:
Ausencia de motivación de la Sentencia. Ausencia de lectura del expediente administrativo. Violación del derecho de los administrados personados en el expediente administrativo a los recursos. Considera que la resolución recurrida vulnera el Decreto 201/2015, de 29 de octubre,
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