Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-administrativo. Sección 1. Ponente: María Nieves Buisan García)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: SAN 2210/2020 – ECLI: ES:AN:2020:2210
Palabras clave: Contaminación. Infracción. Dominio Público Hidráulico. Vertido. Principio proporcionalidad. Culpabilidad. Sanción. Área de Calidad de Aguas. Confederación Hidrográfica. Aguas residuales.
Resumen:
En esta sentencia, la parte actora, el Ayuntamiento de Porcuna (Jaén), interpone recurso contencioso administrativo frente a la Resolución del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por la que acuerda imponer a este Ayuntamiento la multa de 133.075 euros, más indemnizar por daños al dominio público hidráulico en la cuantía de 39.922,38 euros. Al mismo tiempo, se acuerda requerir al Ayuntamiento para que detenga de manera urgente el vertido denunciado, objeto de la Resolución, y para que en el plazo de un mes inste ante el Organismo de Cuenca (CHGq) su preceptiva legalización.
Los argumentos empleados por la actora consisten en los siguientes, por un lado, manifiesta la falta de recursos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 22 de septiembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Carmen Bravo Díaz)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ EXT 661/2020 – ECLI: ES:TSJEXT:2020:661
Palabras clave: Caza. Cotos. Planes técnicos. Cabra montés. Muflón. Introducción de especies. Granja cinegética.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo planteado por la mercantil “EMILKA, S.A.” contra la Resolución de 1 de abril de 2019 de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (Delegación de Mérida), por la que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 23 de mayo de 2018, del Director General de Medio Ambiente, aprobatoria del plan técnico de caza del coto “Casarente”, en lo que se refiere al aprovechamiento de la cabra montés y del muflón durante la temporada cinegética 2018/2019 que se prorroga a la de 2019/2020.
La parte actora alega que la Administración actúa contra sus propios actos y atenta contra el principio de buena fe. Se
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 17 de septiembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Miguel Pedro Pardo Castillo)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 10572/2020 – ECLI: ES:TSJAND:2020:10572
Palabras clave: Concesión administrativa. Dominio público marítimo-terrestre. Falta de cobertura legal. Concursos.
Resumen:
Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de fecha 19 de enero de 2017, que desestimó el recurso de reposición formulado frente al acto administrativo del mismo órgano, de fecha 22 de septiembre de 2016, que denegó la concesión administrativa de ocupación del dominio público marítimo terrestre para el chiringuito “La Gaviota”.
Con carácter previo, la Sala se pronuncia sobre la incidencia que la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de fecha 5 de julio de 2016 provoca en la pretensión ejercitada por la recurrente. Dicha resolución judicial anuló la disposición transitoria vigesimosexta
Comentario Dictamen N°E39766N20 de la Contraloría General de la República
Autor: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada, Katia Spoerer Rodrik, ayudante Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile[1].
Fuente: Dictamen N°E39766N20 de la Contraloría General de la República
Palabras clave: Medio ambiente. Área de preservación ecológica. Áreas bajo protección oficial. Proyectos. Evaluación de impacto ambiental. Permisos de edificación.
Resumen:
Con fecha 30 de septiembre de 2020, la Contraloría General de la República[2] emitió el Dictamen N°E39766, a raíz de una solicitud de pronunciamiento realizada por la Superintendencia de Medio Ambiente (“SMA”), en relación al rol que juegan las áreas de preservación ecológica establecidas en los planes reguladores para efectos de la aplicación del artículo 10 letra p) de la Ley 19.300, que establece que deben ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, la
“Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, humedales urbanos o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.
La solicitud
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 21 de septiembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Antonio Cecilio Videras Noguera)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 10596/2020 – ECLI: ES:TSJAND:2020:10596
Palabras clave: Lodos de depuradora. Suelos. Agricultura. Precaución. Prevención.
Resumen:
El objeto del presente procedimiento es la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada formulado por “TEC Servicios Técnicos Industriales Pegalajar, S. L.” contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 25 de noviembre de 2015, por la que se le autoriza para realizar la operación de gestión R-10 “Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos” al residuo denominado 190805 “Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas”, que deberá hacerse en las condiciones recogidas en la resolución.
La controversia se centra en los parámetros establecidos por la Junta para llevar a cabo la gestión de los lodos de depuradora y su destino
|
